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    Autor: Roberto Newell

    Roberto Newell

    Roberto Newell G. | @RobertoNewell

    Cuando una institución regulatoria es reestructurada varias veces en pocos años, como les ha sucedido a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones), nunca consolida su modelo de operación y desde afuera es percibida como titubeante, inestable, ineficiente, impredecible y, en casos extremos, hasta contraproducente.

    Ninguno de estos calificativos es positivo. Las percepciones cuentan. La imagen que conviene a los entes reguladores es muy diferente. Para ser respetados y tomados en serio, les conviene ser reconocidos por su consistencia, prudencia, solidez técnica y seriedad. Cuando todo está cambiando: las estructuras, los procesos, las facultades, los comisionados, etc., se daña la credibilidad y autoridad moral de los entes en cuestión y se debilita el cumplimiento de sus funciones. Por ello, en condiciones normales, lo recomendable es procurar hacer las menos reformas posibles a los entes reguladores, con el fin de dotarlas de reglas claras y condiciones de operación estables. Respecto a los entes reguladores, la regla debe ser: si no está muy rota, no la compongan.

    De entre los muchos cambios recientes, el que más me preocupa es el cambio casi total de las personas que ocupan los roles de liderazgo y mando de las diversas comisiones reguladoras. Los cambios han sido tan frecuentes que todavía no acaba de consolidarse un equipo de comisionados cuando van para fuera todos y se hacen nuevos nombramientos. Aún suponiendo que en el País sobraran cuadros calificados para ocupar los puestos en cuestión, los cambios a rajatabla implican pérdidas de momento y continuidad operativa. La estrategia de borrón y cuenta nueva erosiona la memoria institucional, demora la toma de decisión y debilita la consistencia en la aplicación de principios.

    Es por ello que a nivel mundial la práctica recomendada es hacer nombramientos escalonados. En México seguimos esta norma en el papel, pero la abandonamos en la práctica: todos los Comisionados de Cofece son nuevos; la mayoría de los comisionados del Ifetel e INE también lo son, y como estos casos hay varios más. Independientemente de la calidad técnica de los candidatos recién nombrados, la renovación del equipo de mando tiene efectos disruptivos que las reformas legales no pueden compensar. A veces es preferible malo conocido que bueno por conocer.

    Pero lo peor del caso es que hay varios frentes regulatorios, como el energético, en los cuales lo que falta son cuadros con los conocimientos y la experiencia requerida para cumplir exitosamente las funciones que les encomienda la Constitución. Un caso destacable es el de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

    La reforma energética asigna a la CNH la tarea de maximizar el valor de los yacimientos petroleros vía la asignación de zonas de exploración y producción y por medio de la supervisión de las prácticas de producción que aplican los operadores. Para que estas decisiones sean óptimas se requiere una combinación de destrezas y conocimientos técnicos y económicos. En todo el mundo hay escasez de este tipo de expertos. Si se repite la práctica de despedir a los comisionados de la CNH actual, va a ser muy difícil encontrar repuestos calificados. Un error en este frente puede costar miles de millones de dólares al País.

    México tiene un caso agudo de reformitis. Para que lo diga yo, que llevo años insistiendo en que el País requiere reformas estructurales como las que ahora se están instrumentando, es porque percibo que el movimiento del péndulo ha sido exagerado. La capacidad del Estado para manejar tantos cambios profundos en tantos frentes simultáneamente es cuestionable.

    La última vez que el País pasó por un periodo de reformas similar fue en el sexenio del Presidente Salinas. Algunas de sus reformas fueron un éxito indiscutible (v.gr. el TLCAN y la decisión de otorgar autonomía a Banco de México). Pero otras reformas fueron menos exitosas de lo que hubiera sido deseable (v.gr. la privatización de los bancos) y contribuyeron a crear las condiciones que condujeron a la crisis política y económica de los noventa. Lo que el Presidente Salinas buscaba – extender la vida del régimen político del PRI- se malogró. Como salieron las cosas, las reformas de los noventa tuvieron efectos paradójicos que aceleraron la muerte del régimen priista y condujeron a la transición política del País.

    Dudo mucho que la ola actual de reformas vaya a culminar en una crisis como la de los noventa, pero si no se tiene cuidado, puede suceder. Durante los meses venideros, la regla debe ser cambiar sólo lo indispensable y consolidar avances antes de abrir nuevos frentes.

    Publicado por Periódico Reforma

    24-03-2014

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