Algunas debilidades del Estado mexicano me producen un paradójico optimismo sobre el futuro del país. Con la descoordinación entre las fuerzas policiales de los distintos niveles de gobierno es perversamente reconfortante saber que el crimen y la violencia no estén todavía peor. En su informe de Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó una fiscalización al desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las conclusiones de la ASF sobre el tema han quedado muy bien resumidas en un documento realizado por la organización México Evalúa. Van algunos números para fundamentar mi incongruente esperanza:
El registro nacional de personal de seguridad pública tiene un avance de sólo 42%. Es decir, no hay información completa sobre el 58% de los policías que trabajan en México. El registro de información penitenciaria tiene un rezago del 59%. Hay estados donde el avance es de 0% y otros no han entregado información en los últimos dos años. En pocas palabras, no existe una base de datos que nos diga quiénes son nuestros policías y quiénes son las personas que se encuentran en situación de cárcel. En el México del 2011, todavía no tenemos un padrón completo con los maestros que trabajan en las escuelas públicas, ¿por qué deberíamos esperar la existencia de un padrón actualizado de uniformados y convictos? Con las altas tasas de reincidencia criminal, una base de datos nacional de población carcelaria debería ser una prioridad de la seguridad nacional.
Ante este hoyo negro en los sistemas de información gubernamental, parecería absurdo invocar al optimismo. La lectura positiva de este desastre es que quedan muchas cosas elementales por hacer, que permitirían fortalecer la capacidad de la autoridad para abatir la impunidad criminal. El proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública, Plataforma México, intenta resolver estas carencias en los sistemas de información e inteligencia. Sin embargo, la actualización de los datos depende de la voluntad política de gobernadores y presidentes municipales. El mejor acicate para incentivar la cooperación entre los tres niveles de gobierno sería la rendición de cuentas sobre el avance y rezago de cada una de las entidades. No hay una explicación coherente para entender por qué el gobierno federal solapa y encubre a los gobernadores que no hacen su parte para mantener al día esta base de datos fundamental para la inteligencia policial.
La cédula de identidad es una propuesta que puede ayudar a disminuir la desin- formación crónica del gobierno frente al fenómeno criminal. Sin embargo, por presiones del IFE, el gobierno federal decidió comenzar el proceso de expedición de la cédula exclusivamente con menores de edad. El primer mexicano en recibir su cédula de identidad no debió ser un niño de Tijuana, sino el presidente Felipe Calderón. En su papel de comandante supremo de la Fuerzas Armadas, Calderón hubiera legitimado la inscripción en el registro de la cédula de los miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno. Después se podría proceder a entregar su cédula a los individuos consignados y sentenciados que saturan las cárceles del país.
México tiene que construir instituciones sólidas para garantizar que el dolor y la violencia que hemos vivido en los últimos años no se convertirán en un rasgo permanente de la vida nacional. Un Estado desinformado es una autoridad que desdeña el arma más poderosa para pelear las batallas del presente y el futuro.
Fe de imprecisiones: la semana pasada afirmé en este espacio que Esther Duflo estuvo en México para atender un seminario internacional. Amerita una disculpa para los lectores el manejo impreciso de la información. La economista francesa hizo su presentación por medio de una videoconferencia sin pisar suelo mexicano.
