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El pantano de la República

La Cámara de Diputados se ha convertido en un territorio anegado. Una zona fangosa donde las propuestas para transformar a México se pudren entre la humedad y el estancamiento. Es necesario marcar una distinción clara entre las dos asambleas que conforman el Poder Legislativo. Nuestros senadores podrán fallar a la hora de proyectar los costos de su edificio sede, pero en el último año sí han cumplido con su principal función constitucional: discutir y aprobar las leyes relevantes para la vida de México. La ausencia de un partido con mayoría en el Senado no ha sido impedimento para lograr consensos (el PAN tiene 39% de las posiciones senatoriales, el PRI 25% y el PRD 18%). El trabajo de los senadores demuestra que en una democracia sí se pueden tomar decisiones. La pluralidad no tiene por qué ser un sinónimo de parálisis.

Sin embargo, para bailar tango se necesitan dos. En un Congreso bicameral para aprobar una legislación se requiere de una sincronizada coreografía entre dos consensos. El Poder Legislativo se ha distinguido por la descoordinación de sus asambleas. Mientras en el Senado hay algo parecido a un sentido de urgencia, en San Lázaro el manejo de los tiempos no conoce la premura.

El 12 de octubre de 2010, los senadores aprobaron la iniciativa sobre la Ley de Asociaciones Público Privadas. Esta legislación daría un marco de certidumbre a la asociación del gobierno con actores privados, para fomentar la inversión en proyectos de infraestructura de largo plazo. Sin este marco jurídico, muchas de estas inversiones se pueden quedar en el pizarrón debido a las limitaciones presupuestales. De acuerdo a un estudio de la Universidad de San Diego, en los seis estados que tienen frontera con Estados Unidos hay un déficit de infraestructura superior a los 10 mil millones de dólares. En otros países, como Chile y Brasil, se ha logrado detonar un ciclo positivo de inversión y crecimiento económico gracias a esquemas jurídicos similares. Durante 11 meses, este proyecto de ley lleva acumulando moho en las ciénagas de San Lázaro.

En abril pasado, el Senado aprobó una reforma política de proporciones históricas. Un cambio de reglas que marcaría un antes y un después en la participación política de los ciudadanos. El monopolio más dañino de México es el que tienen los partidos políticos sobre el mecanismo de reclutamiento de candidatos y autoridades electas. Si fueras el director de una empresa privada, ¿pondrías a Gustavo Madero, Humberto Moreira o Jesús Zambrano como encargados del área de recursos humanos? Un grupo muy pequeño de individuos controla los mecanismos de promoción y castigo de nuestros líderes políticos y representantes populares. La reelección y las candidaturas ciudadanas generarían incentivos de mayor competencia en los procesos de contratación y despido de presidentes municipales, diputados y senadores. Sin embargo, priistas de San Lázaro decidieron archivar la iniciativa.

Esta semana se anunció un desempeño positivo de México en el Índice de Competitividad del World Economic Forum. A pesar de que la economía nacional avanzó ocho posiciones, para quedar en el lugar 58 dentro de un ranking de 142 países, nuestro país aún tiene rezagos muy importantes. En el tema del mercado laboral quedamos en el lugar 114. La actual legislación que regula las relaciones laborales es un poderoso incentivo para fomentar el desempleo, la informalidad y la migración. Nuestra anquilosada legislación laboral es uno de los estorbos más grandes que enfrenta México en el camino hacia el crecimiento económico. Una vez más, la cuasimayoría del PRI decidió frenar la propuesta. Los diputados del tricolor han confundido la tarea de legislar con el acto de sabotear.

En 2011, la Cámara de Diputados le costó a México 5 mil 444 millones de pesos. A pesar de ser una fortuna, los diputados nos salen carísimos no sólo por lo que cuestan sino por lo que dejan de hacer. El verdadero costo implica desperdiciar las oportunidades para sacar a México del pantano.