Los municipios son la autoridad más cercana a los ciudadanos, pero también son el nivel de gobierno más próximo al crimen organizado. Desde 2008, 32 presidentes municipales han sido asesinados en nuestro país. En el México de hoy, tienes 14 veces más probabilidades de morir asesinado, si eres presidente municipal que si eres un ciudadano común. Después de los policías y los militares, los alcaldes son los servidores públicos que corren mayores riesgos a su integridad física.
La frecuencia de estos crímenes empieza a generar una lúgubre rutina. Se asesina a una figura política local. El homicidio ocupa las primeras planas de los periódicos. La radio y la televisión entrevistan a testigos y familiares de la víctima. Al sepelio acuden algunas figuras políticas, pero no el presidente de la República. El gobierno federal se compromete a participar en la investigación. Pasa un tiempo, hasta que el ciclo vuelve a comenzar con el atentado sobre otro alcalde. Durante los últimos cuatro años, en promedio, un presidente municipal es asesinado en México cada seis semanas y media. A este ritmo, Ricardo Guzmán Romero, edil de La Piedad, no será el último munícipe asesinado en 2011. No es una profecía funesta, ni un anhelo macabro, es simplemente la tendencia que nos marcan los números.
No podemos asegurar que todos estos homicidios estén vinculados con el crimen organizado, pero la frecuencia de estos crímenes es resultado del ecosistema de impunidad que prevalece en México. Sólo hay dos rutas para abatir el delito impune: 1) disminuir el número total de crímenes cometidos y 2) castigar los delitos que sí ocurren.
Los alcaldes asesinados son un recado para los funcionarios que siguen vivos. Un telegrama sangriento que busca convertir a los ayuntamientos en células útiles de la delincuencia organizada. Para abatir la impunidad es necesario responder al mensaje del crimen, no con declaraciones o acusaciones partidistas, sino con las acciones de los tres niveles de gobierno y los congresos estatales. La estrategia debería de consistir en un pacto que incluya los siguientes puntos, cuando ocurra el asesinato de un alcalde:
1) El Congreso del estado procederá a declarar la desaparición de poderes del ayuntamiento, en los términos del artículo 115 de la Constitución y las respectivas legislaciones locales. Los nuevos miembros del ayuntamiento designados por el Congreso se encargarán de cumplir el mandato hasta las próximas elecciones.
2) Pasar por control de confianza inmediato a todos los miembros de la policía municipal, incluidos el secretario de Seguridad Pública y demás mandos superiores.
3) Todos los efectivos policiales obtendrían su Cédula de Identidad Única con toma de datos biométricos y de DNA. Esta información alimentaría la base de datos de Plataforma México.
4) La Policía Federal o el Ejército establecerán retenes en todas las carreteras de acceso al municipio, en los tres meses posteriores al asesinato.
5) Todos los asesinatos de autoridades municipales serán considerados del fuero federal, pero con la plena corresponsabilidad de la policía estatal.
6) La PGR creará una unidad especial de investigación de crímenes hacia autoridades municipales. Esta unidad reportará semestralmente a la opinión pública los avances de las pesquisas.
7) Suspensión por un mes de las licencias de venta de alcohol, emitidas por la autoridad municipal.
8) Operativos federales de búsqueda de drogas y armas en todas las cárceles ubicadas en el territorio del estado, donde ocurrió el crimen. Cancelación de las visitas conyugales en esos mismos centros penitenciarios.
La implementación de estas estrategias implicaría un cambio radical de las reglas del juego y los equilibrios de poder en los municipios donde se asesina a un alcalde. Desde la perversa racionalidad delictiva, el costo de cometer el crimen sería mucho más elevado. Hemos buscado soluciones convencionales a este desafío y el resultado son 32 tragedias. Es hora de pensar diferente.
