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  • La reforma laboral que sigue

    Autor: IMCO Staff

    Luis Mauricio Torres

    Luis Mauricio Torres Alcocer

    La Reforma Laboral de 2012 significó un cambio regulatorio relevante para mejorar la eficiencia en el mercado de trabajo en México. Por ejemplo, el tope impuesto a los salarios caídos permite reducir costos para empresas y trabajadores durante los litigios laborales. La reforma en sí misma no puede crear empleos, pero elimina rigideces del mercado para que las empresas puedan incorporar personal más fácilmente y con menores costos, aún en periodos de bajo crecimiento.

    La reforma ha dado los primeros pasos en la dirección correcta con la flexibilización del mercado laboral, sin embargo, todavía es posible hacer más para impulsar la creación de empleos y mejorar la competitividad del país. Uno de los instrumentos regulatorios que puede ser útil para cumplir con estos objetivos es la normatividad que rige los litigios de separaciones laborales a nivel local. Los procesos de separación laboral presentados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JCA) están sujetos a una normatividad que impone costos importantes para las empresas y que puede no ser justa para el trabajador.

    En general, los conflictos de separación laboral pueden resolverse mediante un acuerdo entre las partes involucradas o llevando el conflicto ante la JCA para iniciar un proceso legal que usualmente es costoso, largo e incierto. Dichos litigios son costosos para el trabajador ya que éste tiene que invertir dinero y tiempo en un proceso legal sin recibir una indemnización inmediata. Para la empresa, el proceso implica destinar recursos para resolver el conflicto y en caso de que el fallo no sea a su favor, debe pagar fuertes indemnizaciones a las que se suman salarios caídos. Para el gobierno también es costoso darle seguimiento a un proceso de separación que podría ser resuelto mediante conciliaciones preliminares al procedimiento legal.

    Uno de los motivos por los que los procesos de litigio se extienden por largos periodos es porque existen incentivos para que los actores prolonguen la resolución del conflicto y así obtengan rentas económicas. El trabajador busca una indemnización mayor y un alto pago de salarios caídos. La empresa busca que el trabajador desista de sus peticiones.

    Además de ser un camino poco eficiente para resolver disputas laborales, los procesos ante la JCA tienen deficiencias que limitan la correcta impartición de justicia y obstaculizan un mejor funcionamiento del mercado laboral.

    El caso de la reforma laboral de Chihuahua

    Chihuahua es un estado pionero en la implementación de nuevas estrategias en los litigios laborales de las JCA. En general, los resultados de la reforma a la justicia laboral en el estado muestran una menor duración promedio de los casos, una reducción en el monto de indemnización por caso y un tiempo promedio de resolución por caso menor.

    De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado de Chihuahua, el monto promedio de indemnización por caso antes de la reforma era de $56,073, mientras que en el periodo posterior a su implementación se redujo hasta $33,477. Antes de la reforma los casos duraban en promedio 429 días. La duración promedio de los procesos posteriores a la reforma fue de 123 días. Anteriormente, 25.6% de los casos duraban 2 años o más. La frecuencia de casos que duraban este tiempo bajó hasta 1%.

    Resultados de gestión pre-reforma y post-reforma Estado de Chihuahua

    Resultados de gestión pre-reforma y post-reforma Estado de Chihuahua.
    Fuente: IMCO con datos STPS Chihuahua.

    Probabilidades de duración en litigios laborales ponderadas por número de casos en salas

    Probabilidades de duración en litigios laborales ponderadas por número de casos en salas.
    Fuente: IMCO con datos STPS Chihuahua.

    Dos herramientas clave que permitieron a las JCA de Chihuahua lograr estos resultados fueron la implementación de principios de oralidad en los litigios y sanciones duras contra falsedad de declaraciones y fraude procesal. Adicionalmente, los castigos a malas prácticas con el fin de retrasar la solución de los conflictos han eliminado gran parte de los incentivos a alargar el proceso.

    ¿Cuáles son los beneficios de implementar reformas en los litigios de separación laboral a nivel local?

    a) Agilizar el proceso y su resolución. El proceso puede terminar mucho más rápido si se implementan principios de oralidad, si se generan expedientes electrónicos y si se castigan prácticas y vicios que buscan retrasar los procesos. De esta manera las indemnizaciones llegan al trabajador en un tiempo razonable, las empresas reducen gastos por salarios caídos y las JCA dedican menos recursos a cada caso.

    b) Reducir costos para las empresas y fomentar el empleo. Los procesos de separación que se llevan a litigio cuestan 50% más a las empresas, entre indeminizaciones y salarios caídos. Las empresas internalizan este costo lo cual puede traducirse en menores incentivos para contratar personal.

    c) Reducir la incertidumbre en el monto de indemnización. Para el trabajador es mejor recibir una compensación por la separación de su trabajo que permanecer incierto respecto del monto y tiempo en el que recibirá una indemnización.

    Los gobiernos locales tienen una importante área de oportunidad en implementar las mejores prácticas que buscan hacer más eficientes los procedimientos legales que resuelven conflictos laborales entre empresas y trabajadores. Los objetivos principales de dichas reformas deberán ser motivar la resolución de conflictos en etapas conciliatorias, incluir principios de oralidad en los litigios laborales y endurecer penas contra malas prácticas de los involucrados en los conflictos. Las reformas impulsadas en Chihuahua son un ejemplo de la manera en que la operación de las JCA locales puede mejorar el entorno del mercado laboral para trabajadores y empresas.

    Un punto importante para que las reformas locales a la justicia laboral tengan sentido es que las faltas tengan una alta probabilidad de castigo, no tanto una pena muy alta. La teoría económica (Becker, 1974; Kleinman, 2009) indica que es preferible prohibirle a un abogado corrupto el litigio durante 6 meses, que encarcelarlo 10 años.

    Por una mejor Justicia Laboral

    En este sentido, el IMCO publica la primera parte de un estudio en materia laboral llamado “Por una mejor Justicia Laboral”. Dicho análisis plantea propuestas de política pública para mejorar la impartición de justicia laboral en México y documenta la experiencia de la reforma implementada en Chihuahua. En las etapas siguientes del proyecto se medirá la calidad del proceso de litigio en diferentes JCAs del país.

    * Luis Mauricio Torres Alcocer es investigador del IMCO

    Consulta el estudio sobre Justicia Laboral aquí.

    Publicado por Animal Político

    31-03-2014

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