Artículo

¿Recaudar o crecer?

Caro, inaccesible y lento. Estos son adjetivos indispensables para describir el servicio de internet de banda ancha en México. El trío de calificativos no es gratuito. De acuerdo con un reporte de la OECD (2010), entre 33 países, los mexicanos pagamos el precio más alto por servicios con velocidad superior a 2.5 mbits por segundo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones nos colocó en el lugar 72 de un total de 177 países, con ocho accesos de banda ancha por cada 100 habitantes (2009). Sobre la lentitud del servicio, cada lector tendrá sus anécdotas personales, pero la OECD tiene un dato: en Corea, los usuarios de banda ancha gozan de una velocidad 20 veces superior a la que tenemos en México. Hace unas semanas se anunció que para el año 2015, todos los estudiantes surcoreanos utilizarán tabletas digitales en lugar de libros de texto de papel. Si México tuviera el dinero para poder replicar la iniciativa coreana, el proyecto fracasaría por falta de infraestructura de banda ancha. Esta tecnología es un poderoso acicate de la competitividad y el crecimiento económico.

Hoy México tiene la posibilidad de revertir este rezago y dinamizar la inversión privada en banda ancha. Para lograrlo no se requiere de un amplio consenso en el Congreso, ni de una ardua negociación con los partidos políticos. Sólo basta una decisión del Ejecutivo federal o, para ser exactos, de la Secretaría de Hacienda.

La empresa MVS tiene en concesión la banda de 2.5 Mhz, la cual se utilizaba para dar servicios de TV restringida. Con los cambios tecnológicos esta frecuencia puede ocuparse para ofrecer Banda Ancha Móvil (BAM). El gobierno tiene la opción de renovar o no la concesión a MVS. Lo más importante para México es que la concesión de esta banda no se ofrezca en cachitos, sino con todos sus carriles para desarrollar una “súper carretera” de BAM, a la cual tendría acceso cualquier operador en condiciones de plena igualdad.

MVS u otro concesionario cobraría un peaje de tránsito, pero tendría que dar conectividad a docenas de empresas que quisieran ofrecer servicios vinculados con BAM. La clave de la iniciativa reside en que el concesionario no tendría facultades discrecionales para invitar o excluir a los usuarios de su autopista para transmitir voz, datos e imagen. De acuerdo con números de MVS y sus socios internacionales, el proyecto detonaría inversiones por 400 millones de dólares y podría beneficiar a 55 millones de consumidores.

El meollo del problema es que el gobierno no ha determinado qué hacer con la concesión y cuál es el precio para renovarla u ofrecerla a otros postores. Si el valor asignado es demasiado alto, se beneficiarían las arcas públicas, pero se pondría en riesgo el desarrollo de la BAM. Si los mexicanos aprendiéramos de nuestros errores del pasado cercano, sería fácil dilucidar una alternativa a este dilema.

Cuando se reprivatizó la banca mexicana, en el año de 1990, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari vendió los bancos con un objetivo concreto: recaudar la mayor cantidad de dinero con el fin de sanear las finanzas nacionales. En lugar de concebir un sistema bancario que funcionara como eficaz intermediario entre ahorradores y solicitantes de crédito, se prefirió vender los bancos a precios superiores a su valor en libros. El buen negocio para el erario, le salió muy caro al país. Como lo sostiene Luis Rubio en su libro Tres ensayos, este error le dejó la mesa puesta al Fobaproa.

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, no tiene una decisión fácil. Si la concesión se otorga a un precio razonable, que haga viable la inversión privada, no faltará quien lo acuse de malbaratar el patrimonio de la patria. Si posterga la decisión o vende cara la concesión, habrá menos ataques políticos y mediáticos, pero México se rezagará aún más en esta tecnología. La resolución definitiva será un buen termómetro para medir la entereza del carácter de un funcionario que aspira a ser presidente de la República.