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    Autor: IMCO Staff

    La principal tarea de los gobiernos es asegurar que dentro de sus territorios haya orden y seguridad. La razón de ser del Estado es civilizar.

    Por ello, contar con un estado de derecho eficaz es prioridad para establecer una sociedad próspera y moderna. Cuando la seguridad física de los habitantes está garantizada y se respetan los derechos de propiedad, hay incentivos para acumular riqueza e invertir para el futuro. Cuando no, una proporción alta de los excedentes se invierte en proteger los activos disponibles. Este tipo de inversiones generalmente aporta poco a la producción y crecimiento económico.
    Una de las razones por las que la economía del País está estancada es que las autoridades locales, estatales y federales son incapaces de garantizar la seguridad ciudadana.

    Este fin de semana hubo enfrentamientos violentos en varias zonas del País. En Acapulco, fueron asesinadas 30 personas en enfrentamientos entre las fuerzas de los cárteles que se disputan ese territorio. La mayoría eran personas al servicio de las mafias del crimen organizado, pero no todos eran criminales. Cinco eran policías y otro era un soldado. Cumplían funciones de seguridad que les habían sido encomendadas. Murieron protegiéndonos de las mafias; por ello, sus muertes fueron heroicas.

    Pero como frecuentemente sucede, algunas muertes pesan más en el estado de ánimo de la sociedad y en la economía. Este es el caso del asesinato de tres personas relacionadas con el Consulado General de Estados Unidos en Cd. Juárez.

    Estas muertes repercutirán en las estadísticas económicas del País y sobre todo en las del sector turístico internacional y negocios a lo largo de la frontera. Para las personas relacionadas con estos giros, las muertes de este fin de semana serán un hito que marcará sus vidas. Pero, la fragilidad del estado de derecho tiene muchas formas de expresarse, no todas son violentas.

    Recientemente he sabido de un negocio de bienes raíces que tiene toda la pinta de convertirse en un escándalo mayúsculo. Hace cuatro años, una empresa española, Grupo Mall, inició la construcción de un resort turístico en Champotón, Campeche. Se iban a construir un campo de golf, una marina para yates y veleros y más de tres mil apartamentos de lujo programados para ser entregados a partir de 2008.

    Hasta la fecha, el proyecto está inconcluso. Falta casi toda la infraestructura de acceso, así como las áreas comunes del resort. Hasta la fecha, solo se han terminado alrededor de 200 apartamentos de los 3000 programados, y estos sin accesos e infraestructura. En consecuencia, Grupo Mall y sus filiales enfrentan demandas de cientos de inversionistas europeos que adquirieron apartamentos. También hay incumplimientos con los proveedores de insumos y hasta con los propietarios originales de los terrenos a quienes se les iba a pagar con los ingresos que se obtuvieran de la venta de inmuebles.
    El escándalo ya trascendió. En Europa en círculos empresariales y de negocios se habla del gran fraude que se hizo en México a sus connacionales. El daño a la reputación del País es significativo y como las autoridades locales, federales (v.gr SECTUR, PROFECO y otras) y los tribunales aun no encuentran la forma de entrarle al asunto, los efectos negativos se siguen acumulando.

    Para que la economía crezca es indispensable asegurar que el sistema judicial funcione adecuadamente. Los ejemplos citados en esta columna son solo una pequeña muestra de los miles de casos que no se resuelven adecuadamente.

    En el sub-índice de Estado de Derecho de IMCO, el País sale mal calificado en las dos dimensiones tratadas en esta columna. El País no encuentra la manera de ofrecer las garantías mínimas de seguridad a sus habitantes; tampoco es capaz de evitar y resolver conflictos mercantiles como el de Champotón.
    La legitimidad del Estado mexicano (en todas sus partes), gradualmente se está erosionando. La mayoría de los mexicanos no tiene confianza en las instituciones ni en las perspectivas futuras del País. El futuro ya nos alcanzó; si seguimos por donde vamos, nos espera una tragedia.

    En muchas ocasiones he escuchado a funcionarios gubernamentales regodearse porque la gran mayoría de los muertos en la guerra al crimen organizado son criminales. Este comentario no solo es inmoral, también es estúpido: ignora que en el conflicto también han caído cientos de militares y policías y otras tantas víctimas inocentes que quedaron atrapadas entre dos fuegos.

    Tampoco es correcto razonar que los conflictos económicos como el de Champotón son temas secundarios que no urge resolver. Conflictos como este generan desconfianza entre los inversionistas y cancelan las opciones económicas que el País requiere.

    Roberto Newell G. es Economista y Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.. Las opiniones que aparecen en esta columna son personales

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