La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) identificó obstáculos regulatorios en los 32 estados de la República, los cuales afectan el medio ambiente, la seguridad y la salud de la población, además de minar la competencia entre las empresas al dificultar que entren a los mercados y compitan en igualdad de condiciones.
Así lo dieron a conocer datos de su proyecto “Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia: análisis de la normativa estatal", el cual busca promover marcos jurídicos procompetitivos a nivel local al identificar “obstáculos regulatorios que podrían afectar la competencia en cinco rubros de gran relevancia para la actividad económica: agropecuario, contratación pública, transporte público, desarrollo urbano y ejercicio profesional.”
¿Cuáles son los principales hallazgos de este reporte?
- Es posible encontrar patrones en cuanto a las restricciones a la competencia aunque la regulación entre cada estado varía. Dichos obstáculos se pueden agrupar en las siguientes categorías:
- Restricciones que limitan la entrada.
- Requisitos o criterios que otorgan ventajas en favor de ciertos agentes y en detrimento de otros. Restricciones que limitan la capacidad de las empresas para competir y diferenciarse entre sí. Incentivos a los agentes económicos para reducir la rivalidad competitiva entre sí u obstaculizar el ingreso de competidores.
- Costos elevados de participación.
- Ausencia de mecanismos institucionales que favorezcan la competencia.
- Falta de certeza jurídica. - La regulación del sector agropecuario muchas veces recae en el ámbito federal o local para evitar riesgos a la salud. Para hacerlo más competitivo se deben eliminar restricciones regulatorias innecesarias o redundantes para generar mejores condiciones de oferta, precio, calidad y variedad.
- En cuanto a la contratación pública, la COFECE insiste en que “las regulaciones de las entidades federativas deben privilegiar medios competidos para la contratación con los particulares. Cuando las empresas compiten para proveer bienes o servicios, o bien, para desarrollar obras públicas, se esfuerzan por ofrecer buenas condiciones. Esto, al final, genera un uso más eficiente de los recursos públicos y permite al Estado ofrecer mejores servicios públicos en beneficio de la población.”
- El sector del transporte público es vital ya que al permitir la movilidad de personas y mercancías, se determinan las condiciones de bienestar social y desarrollo económico. Por ello, una regulación procompetencia garantiza las mejores condiciones tanto para el Estado como para los usuarios en cuanto a una buena prestación del servicio (calidad, rutas, horarios, capacidad y precios).
- Una buena regulación en el tema del desarrollo urbano incide directamente en la seguridad ciudadana, fomento económico, patrimonio cultural, medio ambiente, inclusión social, imagen urbana, transporte urbano, obras y servicios público, por lo que “las entidades deben legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población” pues estas regulaciones pueden “contribuir a los objetivos legítimos de desarrollo urbano, o bien estorbar su materialización”.
- La regulación procompetitiva no debe restringir que las personas calificadas presten sus servicios profesionales, sino que las normas deben “evitar obstáculos que pudieran restringir la concurrencia y competencia y, con ello, afectar las condiciones de oferta y precio de los servicios profesionales en perjuicio de la población.”
Consulta todo lo relacionado con este estudio aquí.
Revisa la Miscelánea de obstáculos regulatorios a la #competencia, análisis de la normatividad estatal de @cofecemx https://t.co/8NmNNVCQKV pic.twitter.com/iTwUG4IbKy
— IMCO (@imcomx) October 4, 2016
