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  • Riesgos de trabajo, riesgos de decisiones parciales

    Autor: Agustín Díaz

    Agustín Díaz

    Agustín Díaz | @Agustin_DiazP

    El pasado 21 de febrero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una iniciativa de reforma en materia laboral referente a la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes derivado de los riesgos de trabajo (Gaceta parlamentaria, 2017). La propuesta de ley sigue en proceso, ya que se turnó al Senado de la República para su discusión, revisión y probable aprobación. Para ello, el Senado cuenta con 30 días naturales de plazo para aprobar y votar este proyecto de ley contados a partir de la fecha en que se le entrego. Aunque también legalmente se le permite dentro del periodo de sesiones entre el 1 de febrero al 30 de abril.

    Algunos medios periodísticos nacionales y legisladores han hecho saber a la ciudadanía su descontento sobre lo que consideran es el verdadero propósito de la ley. El problema puntual que ven es que ante este posible cambio legal se podría reducir en un 50 % el salario o indemnizaciones de los trabajadores por causa de enfermedades laborales[1].

    Es decir, el dictamen aprobado permitiría disminuir el pago de prestaciones de los empleados originados por riesgos de trabajo. Sin embargo sólo es una primera lectura de ciertos diputados y medios de comunicación. El motivo de la iniciativa es facultar a una autoridad para actualizar las tablas de enfermedades. Esta labor conllevaría o implicaría a quien sea designado, quitar, modificar y agregar nuevas enfermedades, así como bajar el porcentaje que actualmente está fijado en la tabla de valuación de incapacidades permanentes o si no una actualización para modernizar estas tablas en beneficio de todos.

    ¿Qué son los riesgos de trabajo y cómo son calculados en nuestra Ley Laboral actual?

    De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo “son aquellos accidentes y enfermedades a que se exponen los empleados a causa de la prestación de un trabajo al capital” (Ley Federal del Trabajo, articulo 473). Si se presentan los riesgos pueden ocasionar consecuencias al trabajador como una incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total o, en el peor de los escenarios, la muerte del trabajador. Al producirse un riesgo en los centros de trabajo, el empleado o su beneficiario tiene derecho a solicitar, dependiendo de la gravedad del accidente o enfermedad, la hospitalización, asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, medicamentos, aparatos de prótesis, ortopedia e indemnización (prestación en dinero).

    Por ejemplo, si una persona pierde una extremidad o se enferma de la vista (incapacidades con diferente nivel de gravedad) como consecuencia del trabajo, el individuo tiene derecho a percibir una indemnización, ya que le va a impedir desempeñar su trabajo temporalmente, o bien, va a disminuir sus capacidades para laborar. En el peor de los casos le puede imposibilitar ejercer cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida, eso sin contar la consecuencia más grave, el fallecimiento de una persona, el cual evidentemente termina cualquier relación de trabajo y corresponde a sus beneficiarios recibir la indemnización que conforme a derecho les corresponda.

    Esas indemnizaciones no aplican ni se calculan por igual para los tres tipos de incapacidades, debido a que hay diferentes grados de peligrosidad. En caso de incapacidad temporal se le pagará al trabajador 100 % de su salario solo hasta tres meses y esta remuneración persistirá mediante un dictamen médico que así lo certifique o valide. En el caso de una incapacidad permanente parcial se calculará el pago de la indemnización tomando en cuenta el porcentaje fijado en la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el valor que correspondería reembolsarse si hubiese sido incapacidad permanente total. Por último, para una incapacidad permanente total se le debe reembolsar el equivalente al importe de mil 095 días de salario que correspondan al trabajador.

    ¿Qué implica esta nueva reforma?

    El actual texto de la Ley Laboral origina incertidumbre o duda respecto a quién le compete realizar la actualización de la tabla de enfermedades y de valuación de las incapacidades permanentes por riesgos de trabajo. Al día de hoy, así como está la ley, confunde si le corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o al Poder Legislativo actualizar esas tablas, por eso se originó una propuesta de reforma a la ley para facultar a una sola autoridad.

    Después del análisis y discusión en la Cámara de Diputados se determinó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la única con la facultad de actualizar las tablas de enfermedades y la valuación de las incapacidades permanentes, previo a la aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente fundado y motivado (integrado por representantes de organizaciones de trabajadores, patronales y del gobierno).

    ¿Qué riesgos conlleva la reforma?

    El mayor riesgo deriva en asegurar que las decisiones de la Comisión Consultiva cumplan con los principios de objetividad e imparcialidad y que todas las opiniones estén sustentadas en estudios e investigaciones en medicina del trabajo u otras disciplinas afines. Al final se trata de superar el reto de credibilidad que hoy enfrentan las instituciones de cara a la ciudadanía.

    ¿Hay solución para mitigar riesgos?

    Existen inquietudes legítimas ante una potencial reducción del salario o en el pago de prestaciones en dinero de los empleados por incapacidad, sin embargo, hay que considerar que esta reforma toca un tema importante. La última actualización de las tablas de enfermedades y valuación de incapacidades permanentes se dio en 1970[2]. Hoy, en un contexto de cambio en el paradigma de la justicia laboral mexicana que va a transitar del Poder Ejecutivo al Judicial, es indispensable que también se hagan todos los ajustes necesarios en beneficio de la justicia laboral y, mejor aún, que eviten riesgos de potenciales conflictos laborales.

    Para lo anterior será importante que, previo a la actualización final de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes, se apliquen mecanismos de control que aseguren objetividad e imparcialidad. Se deberá realizar una revisión debidamente justificada al Congreso de la Unión dentro de la comisión especializada que corresponda. Además, se debe incluir la opinión de una institución académica o de una organización de la sociedad civil imparcial y experta en la materia que valide la información. Estas medidas serían un contrapeso para la Secretaría del Trabajo y la Comisión Consultiva para brindar certeza a todos los involucrados en un esquema que cumpla con los criterios de transparencia y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.

    [1] La silla rota, publicada en Febrero 22, 2017, sitio web, consultado el 28 de febrero de 2017.

    [2] Ley Federal del Trabajo de 1970, sitio web, consultadlo el 21 de marzo de 2017.

    Publicado por Animal Político
    30-03-2017

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