El impuesto a la nómina es en esencia un impuesto distorsionador que afecta las decisiones de los actores económicos: los empresarios, los trabajadores y los consumidores.

Se ha argumentado que la regulación laboral vigente incentiva contratar trabajadores informales, distorsionando las decisiones de inversión, reduciendo la productividad del capital y con ello la productividad de la economía mexicana [1]. En este contexto, el impuesto a la nómina es un factor que, aunado a la ya ineficiente regulación laboral, acrecienta las distorsiones económicas afectando la productividad.

Una de las particularidades del impuesto a la nómina es que tiene una naturaleza híbrida, ya que afecta tanto a la producción como al consumo. Si bien la incidencia del impuesto tiende a recaer con mayor peso sobre el patrón, éste a su vez suele reaccionar de tres formas:

1) Reemplazando trabajo por maquinaria y equipo
2) Reduciendo el sueldo que paga a sus empleados o la cantidad de horas contratadas
3) Aumentando el precio de sus productos o servicios.
Es decir, el impuesto a la nómina distorsiona las decisiones de inversión, la razón capital-trabajo de las empresas, los mercados laborales –al reducir sueldos– y los mercados de bienes y servicios vía mayores precios.
En suma, el impuesto a la nómina reduce el tamaño del pastel de la economía: los trabajadores ganan menos, consumen menos y por tanto las empresas venden menos y producen menos.
^[1] Levy, Santiago. Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality, and Economic Growth in Mexico. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2008.

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