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Guía de Implementación de Reformas a la Justicia Laboral: Herramientas para los gobiernos locales

  1. Proceso estándar vs. proceso propuesto
  2. Juntas de Conciliación y Arbitraje
  3. Oralidad
  4. Armonización con Código Penal
  5. Conciliar más
  6. Registro de abogados con malas prácticas
  7. Realizar audiencias públicas
  8. Expediente electrónico
  9. Replicar esquemas de eficiencia
  10. Seguro de desempleo
  11. Registro y asesoría a empresas

1. Proceso actual de separación laboral vs. proceso propuesto por IMCO

Proceso estándar de separación laboral

Proceso propuesto de separación laboral. Fuente: IMCO.

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2. Juntas de Conciliación y Arbitraje

Actualmente las juntas dependen de las Secretarías de Trabajo estatales y federales, sin embargo se ha resuelto que su función es la de tribunales laborales. Para mejorar su funcionamiento es necesario:

  1. Dotar de independencia de gestión a los funcionarios de las juntas.
  2. Profesionalizar y capacitar las juntas para la adopción de principios de oralidad.
  3. Contemplar las fuentes de financiamiento para el equipamiento físico que requieren los litigios orales.

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3. Oralidad

La adopción de principios orales y agilización de los procesos requiere la implementación de los siguientes puntos:

  1. Grabar las audiencias para agilizar los procedimientos.
  2. Diferir audiencias únicamente por causas justificadas y un número limitado de veces.
  3. Una vez presentado el escrito de demanda, se notificará en el mismo día la fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.
  4. Si se difieren audiencias por pláticas conciliatorias, fijar la fecha para audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los siguientes cinco días.
  5. Los testigos los debe presentar la parte que los ofrece, de no presentarse debe existir un impedimento justificado. Si la justificación es aceptada, la parte oferente debe proveer los medios para su localización. En caso de domicilio incorrecto, debe presentarlo quien lo ofreció.
  6. El método para asegurar que las personas concurran a las audiencias o cumplan con las resoluciones de la junta será el arresto por 36 horas máximo en caso de incumplimiento.
  7. Si un abogado proporciona un domicilio falso o inexistente deberá presentar directamente al testigo.
  8. Si una persona es citada para absolver posiciones y no asiste, se le tendrá por confesa de las posiciones que le fueron articuladas. (A excepción de lo señalado en el Art. 785 de la LFT).
  9. En la audiencia de ofrecimiento de pruebas se deben calificarlas y fijar fecha para el desahogo de todas.
  10. Respetar los plazos señalados en la LFT para el desahogo de pruebas.
  11. El presidente o presidente auxiliar de la junta (quien prepare el proyecto de laudo) debe estar presente durante la audiencia de desahogo de pruebas.
  12. No es necesario anotar las fechas para el desahogo de la inspección ocular, basta con la notificación del secretario al actuario.
  13. El proceso propuesto por el estado de Chihuahua presenta una duración de 88 días a partir de la presentación de la demanda hasta la votación y discusión del proyecto de laudo. (Ver Tabla 1 en Anexo, Secuencia en los litigios laborales).

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4. Armonización con Código Penal

Además de la agilización en los litigios laborales, es necesario incrementar las sanciones a prácticas que se alejen de las normas jurídicas con la finalidad de una justicia sana y desempeño transparente.

Podemos agrupar los delitos a sancionar más duramente en cuatro categorías. (Ver en anexo, Tabla 2 reformas al código del proceso laboral en Chihuahua).

Falsedad de Declaraciones ante autoridad: El acto de mentir a cualquier autoridad en interrogatorio, ocultar datos relevantes de manera intencionada, testigos o peritos aleccionados, negar hechos ya comprobados. (De 6 meses a 7 años de prisión, 100-300 días de multa, existen agravantes a las penas).

Fraude Procesal y Simulación de Pruebas: Simulación o falsificación de documentos oficiales, alteración de pruebas o actos jurídicos, cambiar el estado de las cosas para obtener una sentencia favorable. Falsedad de una actuación procesal para obtener un beneficio o causar un perjuicio indebido. (1-5 años de prisión, 100-300 días de multa).

Delito de abogados, patronos y litigantes: Simular actos jurídicos para atrasar el proceso, alegar hechos falsos, argumentar en base a leyes derogadas o inexistentes, participar como abogado de las dos partes(conflicto de intereses), abandonar a un cliente sin motivo, no presentar pruebas fundamentales para la defensa aún cuando exista la posibilidad. (6 meses-4 años, 50-300 días de multa, suspensión del ejercicio de la profesión).

Denegación o retardo de justicia y prevaricato: Conflicto de intereses por parte de los servidores públicos, otorgar ventajas indebidas, inducir a error al demandado, retardar o entorpecer la administración de justicia. (2-8 años de prisión, 100-400 días de multa, inhabilitación de un cargo público hasta por 10 años, existen agravantes a las penas).

Incrementar las sanciones no es suficiente para desincentivar las malas prácticas. Las JCA deben implementar mecanismos que aumenten la probabilidad de identificar estas prácticas. La eficacia en la impartición de justicia debe ir acompañada de eficacia en la detección de fraudes y corrupción durante el proceso de litigio laboral. Adicionalmente es necesario tener un registro de litigantes que incurran en malas prácticas y castigarlos mediante arrestos administrativos por 3 horas y la restricción del derecho al ejercicio de la profesión en la JCA durante 6 meses.

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5. Conciliar más

A lo largo del estudio se han citado los beneficios de la conciliación. Incentivar una mayor conciliación traería consigo beneficios para las tres partes involucradas en el proceso. Algunas de las propuestas basadas en la legislación de Reino Unido, España y Alemania son:

  1. Obligar a las partes a celebrar una o más audiencias de conciliación previas a presentar una demanda.
  2. Ofrecer una evaluación preliminar de los hechos del litigio para orientar el proceso de la negociación.
  3. Proponer a las empresas la posibilidad de firmar un acuerdo mayor a la indemnización a cambio de que el empleado renuncie al derecho de una posterior demanda.
  4. Profesionalización de los conciliadores con la finalidad de lograr un mayor porcentaje de éxito.
  5. Si la diferencia en montos y tiempo entre litigios y conciliaciones disminuye, ambas partes las perciben como soluciones parecidas por lo que el resultado será un mayor número de conciliaciones.

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6. Registro de abogados con malas prácticas

Se propone que las JCA realicen y hagan público un registro de aquellos abogados que han sido asociados con malas prácticas o bien hayan sido sujetos de procesos judiciales en su contra. El hacer públicos dichos registros obliga a los litigantes a actuar con apego a las normas, ya que de no hacerlo los costos futuros en términos reputacionales y sociales son altos. Adicionalmente, se podría generar un registro de testigos falsos identificables con indicadores biométricos.

El registro es un instrumento que permite no solo identificar a abogados, sino también para ejercer castigos de como puede ser el arresto por 36 horas y la suspensión de actividades en la JCA durante 6 meses.

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7. Realizar audiencias públicas

La actual legislación ya admite que los litigios laborales sean públicos (Art. 685). Los procesos públicos permiten la participación de todas las personas que tengan interés y transparencia en el proceso. La presencia ciudadana en las audiencias se traduce en una forma de control por parte de la sociedad civil a la administración de la justicia y vigilancia al actuar de los jueces. La asistencia a los litigios es un derecho político ciudadano.

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8. Expediente electrónico

Realizar un expediente electrónico para cada caso que derive en los siguientes beneficios (Cerillo, 2007):

a) Ahorro de tiempo y trabajo para los administradores de justicia laboral.
b) Incrementar la transparencia sobre el funcionamiento de las JCA.
c) Facilitar el acceso a la justicia y hacerla más eficaz y eficiente.
d) Mejorar el funcionamiento de las juntas, derivado de una mejor evaluación en base a datos duros. En concreto se podrían automatizar las siguientes estadísticas: tasa de resolución de conflictos, tasa de cumplimiento de laudos, tiempo de demora en los procedimientos, tiempo de retraso.
e) Mejorar la comunicación entre los órganos administradores de justicia.

La gestión y control de los expedientes sería una de las áreas más beneficiadas con la implementación de las TIC, en contrato la implementación de expedientes electrónicos. Los expedientes judiciales representan un gran volumen de documentos generados a lo largo de todo el proceso. El expediente electrónico permitiría mediante la digitalización un mejor y eficiente manejo (mayor facilidad de búsqueda, recuperación y transmisión así como la creación de copias de seguridad). La implementación del expediente electrónico también permitirá una mejor rendición de cuentas y monitoreo del desempeño en las juntas. A partir de la información generada por los casos se puede conocer:

  • Tasa de resolución de conflictos
  • Tasa de cumplimiento
  • Tasa de demora
  • Tasa de retraso

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9. Replicar esquemas de eficiencia

El Art. 611 de la LFT establece que en las juntas habrá el número de auxiliares a fin de que la administración de justicia sea expedita. Sin embargo, dotar de incertidumbre en los tiempos y costos sería un mejor esquema de justicia laboral que reproducir juntas con esquemas de justicia lentos y corruptos. Si no se cambia el sistema de desahogo del procedimiento de litigio, el crecimiento en el número de auxiliares no necesariamente resultará en procedimientos más expeditos. Por ello, IMCO recomienda que se haga un mapa de los procesos en la junta, como se ilustra en el website que acompaña a este conjunto de herramientas.

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10. Seguro de desempleo

El seguro de desempleo es una herramienta que ayuda al desempleado durante periodos en los que el ingreso disminuye significativamente o bien es nulo. Un seguro de desempleo bien pensado podría ser un buen sustituto, pero no un buen complemento, de los esquemas de liquidación laboral actuales o del fondo para separaciones laborales.

El diseño del seguro de desempleo debe:
a) Buscar reincorporar a los trabajadores a la fuerza laboral tan pronto como sea posible, es decir una duración corta de los beneficios condicionada a esquemas de capacitación y entrenamiento.
b) Considerar las fuentes de financiamiento, usualmente esquema tripartito en muchos países (empresas, empleados, gobierno)
c) Ponderar las características en las que se definirá el monto. Con base en el último salario percibido, en las contribuciones históricas, en los ingresos actuales o bien beneficios fijos para los cotizantes.

El estudio de Mazza (2000) presenta un completo análisis de los esquemas existentes de desempleo aplicados para países de América Latina. De manera general, el alto nivel de informalidad en el mercado laboral mexicano, su interacción con el sector formal y la interacción con las indemnizaciones por despido ya existentes deben alinearse con los incentivos del seguro de desempleo. Para alcanzar dicho fin se debe evitar que durante o al finalizar los pagos los trabajadores se unan al mercado informal, penalizar el tiempo que se ha contribuido al sistema si un trabajador se une a la informalidad y proveer incentivos de largo plazo a los trabajadores que permanezcan en el sector formal.

Otra pregunta relevante respecto a los seguros de desempleo es si deben convivir con los esquemas de liquidación laboral. El seguro de desempleo le quita presión al trabajador y a la para llegar a un arreglo rápido respecto al monto de la liquidación, y permite a ambas partes tener una fuente de financiamiento para el conflicto laboral. Por ello, el seguro de desempleo es recomendable cuando sustituye al esquema de liquidación. En este contexto, es pertinente señalar que el artículo 22 del Convenio Sobre el Fomento del Empleo y la Protección Contra el Desempleo, 1988 (núm. 168) permite reducciones en las indemnizaciones por despido cuando el trabajador está cubierto por un seguro de desempleo y viceversa.

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11. Registro y asesoría a empresas

Un registro de empresas que regularmente tienen conflictos ante las JCA permitiría alertar a las autoridades por malas prácticas administrativas al interior de las mismas. Una incorrecta dirección del personal puede limitar las capacidades de operación de empresas. Por otro lado, también serviría como indicador de empresas que generalmente no terminan armónicamente relaciones laborales con sus empleados, ya sea por mala administración o por malas prácticas.
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