Foto: Paola Hidalgo / Cuartoscuro.com

Arturo Piñeiro | @ArturoPineiro

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir“.

Francisco de Quevedo y Villegas

El 22 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial, en el que se abordó uno de los temas que más nos importan a los mexicanos: la seguridad física y patrimonial.

La desconfianza ciudadana, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han aumentado en México por diferentes razones: la falta de una visión sistémica e integral de seguridad y justicia que abarque desde la prevención del delito, hasta la reinserción del sentenciado. La falta de mecanismos eficientes de conexión e interrelación entre instituciones. El uso irracional del derecho penal como bastión para terminar con el fenómeno, así como la inadecuada e ineficaz implementación de políticas públicas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (Envipe), en la actualidad 9 de cada 10 delitos que se cometen en México no son denunciados. La percepción ciudadana de inseguridad alcanza al 74% de la población y el costo de la inseguridad y el delito en hogares representó 229 mil millones de pesos. Ocupamos el lugar 105 de 113 países en justicia penal y tenemos el peor índicede impunidad de Latinoamérica, incluso por encima de Nicaragua, Honduras o El Salvador. Además, el 43% de la población recluida espera por sentencia más de dos años.

A pesar de esta situación, los candidatos a la Presidencia de la República no han enviado un mensaje contundente sobre cómo atenderán estos desafíos en materia de seguridad, procuración y administración de justicia.

Algunas de las propuestas que organizaciones de la sociedad civil han discutido para resolver los retos en seguridad son[i]:

Seguridad y procuración de justicia:

· Impulsar la reforma al Artículo 102 constitucional para contar con un organismo investigador de delitos autónomo y ajeno a intereses partidistas o políticos.

· Reformar el Artículo 123 apartado B, fracción XIII constitucional, para que los policías, peritos y ministerios públicos cuenten con las garantías necesarias de reingreso en su función si fueron injustamente separados del cargo.

· Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deberán fortalecer sus esquemas de rendición de cuentas y transparencia, con el objetivo de que la ciudadanía se vuelva observador y evaluador.

· Contar con un Servicio Civil de Carrera integral y funcional que contribuya al desarrollo personal y profesional.

· Fortalecer las capacidades teóricas y técnicas de estas instituciones para disminuir los errores o actos negligentes en pongan en riesgo  la ejecución del trabajo.

· Implementar consejos o auditorias ciudadanos que puedan vigilar y medir la calidad en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y procuración de justicia.

· Mejorar los mecanismos de conexión interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno que ayuden en la búsqueda, investigación y combate a la delincuencia.

· Continuar impulsando la disminución en la operación de las fuerzas armadas, la reintegración a sus cuarteles con sustanciales políticas de mejoramiento en el sistema de seguridad pública estatal y municipal.

· Usar la inteligencia policial para prevenir y combatir el fenómeno delincuencial.

· Contar con una política criminal con ejes de entendimiento sobre los factores de origen, riesgo y solución de la criminalidad.

· Entrelazar el vínculo entre ciudadanos y autoridades que ayude a entender las causas del fenómeno criminógeno de una forma regionalizada o focalizada (prevención del delito-proximidad social).

Procuración y administración de justicia:

· Reforzar y medir el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, y las formas de terminación anticipada al proceso.

· Contar con un sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social eficaz, eficiente y medible.

A pesar de contar con evidencia documentada[ii] que explican muchas de las razones por las que no se han podido avanzar en materia en seguridad y procuración de justicia, las propuestas de los candidatos presidenciales en este primer debate se limitaron a lo siguiente:

Jaime Rodríguez Calderon

• Implementar a nivel nacional el COMPSTAT herramienta de análisis de información y perspectiva de políticas públicas encaminadas a mejorar la prevención y seguridad.
• Contar con una Policía Cibernética.
• Militarizar la educación media superior.

Margarita Zavala Gómez del Campo 

• Crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.
• Fortalecer a la Policía.
• Aumentar las capacidades institucionales mediante el uso de la tecnología.
• Permitir la intervención de los tres órdenes de Gobierno en lugares en conflicto, como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua.
• Combatir el feminicidio y la trata de personas.
• Reparar el daño a las víctimas.
• Eliminar la violencia a los menores.
• Manejar valores familiares.

Ricardo Anaya Cortés

• Duplicar el número de agentes federales.
• Implementar la certificación policial.
• La continua acción de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
• Desmantelar al crimen organizado en su totalidad.
• A favor de la reforma al Artículo 102 Constitucional con respecto a la autonomía de la Fiscalía General de la República.
• Aumentar las capacidades institucionales mediante el uso de la tecnología.
• Prevención del delito y su disuasión.
• Atender las causas de la inseguridad y del delito.

Andrés Manuel López Obrador

• Mejorar las condiciones económicas del país.
• Atender las causas de la inseguridad y del delito.
• Elaborar un plan para definir la Amnistía.
• Generar empleo a los jóvenes.

José Antonio Meade Kuribreña

• Plan de 100 días para disminuir la impunidad.
• Prevención del delito y su disuasión.
• Controlar el tráfico de armas.
• Establecer un Código Penal Único.
• Cuadruplicar la capacidad de investigación.
• Instaurar agencias de investigación especializada en robos y homicidios.
• La no despenalización de las drogas en su totalidad.
• Fortalecer a la Policía.

[1] Aunque algunas propuestas coinciden[2]  de manera genérica con las ya discutidas y necesarias desde hace tiempo, todavía son pobres, austeras, poco sensibles, añejas y viciadas. Además de adolecer de la famosa pregunta: ¿Cómo las materializamos? Por lo tanto, observamos que la maquinaria gubernamental que se renovará por seis años continúa demostrado que el aceite a utilizar será el mismo. Eso condena nuevamente al fracaso un problema de seguridad, procuración y administración de justicia que sufre todavía de adecuados diagnósticos, componentes viables, objetivos y un sustento claro.

Publicado por La Silla Rota
07-05-2018