En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hicimos una auditoría a más de 800 expedientes criminales por los delitos de robo y homicidio, y encontramos evidencias para entender la crisis de justicia.

De acuerdo Alejandra Hernández,investigadora del IMCO, en más del 95% de los casos analizados, el Ministerio Público fue incapaz de identificar al responsable del delito y llevarlo a juicio.

“Aunque en México se ha trabajado más de 10 años en consolidar un sistema de justicia penal oral que prometió mejores investigaciones, el trabajo del Ministerio Público sigue siendo lento y poco profesional, los derechos de las víctimas son ignorados y los expedientes terminan en archivo y quedan en la impunidad”, indicó.

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