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  • Captura de la renta petrolera

    Autor: Roberto Newell | Medio: Reforma

    El tema más polémico de la reforma energética es de quién es el petróleo. Este tema es más polémico en México porque a fuerza de tanto repetirlo en las escuelas, en las celebraciones públicas y en los discursos políticos, el recurso se convirtió en un ícono nacional.

    Si no se hubiera creado una mitología en torno a la expropiación del petróleo, las reglas para el funcionamiento de este mercado se podrían manejar sobre bases económicas y técnicas objetivas, y las decisiones de producción se podrían tomar en función de las condiciones de mercado y los intereses económicos de los accionistas, tal como sucede en el caso de los negocios mineros. Pero la realidad es que el Estado mexicano y, en particular, el partido gobernante están atrapados en una tradición histórica que establece precedentes y expectativas políticas imposibles de ignorar. Por ello, es implausible imaginar que en México se establezca un régimen liberal de propiedad privada, competencia y participación de empresas privadas a lo largo de la cadena de valor, para regular el funcionamiento de este mercado. Estamos atrapados en una circunstancia política que obliga que la reforma energética sea subóptima.

    Para acabar de complicar las cosas, resulta que el petróleo, y particularmente el “petróleo fácil”, tiene atributos microeconómicos inusuales: producir un barril de petróleo cuesta sólo una fracción de lo que vale en el mercado. Cada barril que se vende genera una jugosa renta económica. Si el petróleo fuera de particulares, como sucede en EU y en otros países, la decisión de cómo repartir esta bonanza estaría en manos de los accionistas de las empresas petroleras. Lo que hagan o dejen de hacer los accionistas con sus rentas es un asunto que sólo a ellos incumbe. Las consecuencias, buenas y malas, las pagan los propietarios individuales. Pero estamos en México, y esta opción no está sobre la mesa. En nuestro caso, el recurso que está en el subsuelo es de la nación; ninguna de las propuestas que se han planteado cuestiona esta premisa.

    En estas circunstancias, la propiedad del recurso y la decisión de cómo repartir las rentas son cuestiones independientes. Cuando el recurso es propiedad de la nación, la decisión de reparto de las rentas se delega a agentes políticos que actúan en “representación de los intereses colectivos”. Bajo estas circunstancias se corre el riesgo de que los que toman las decisiones de reparto lo hagan sin considerar los efectos que estas decisiones tienen sobre el valor de largo plazo del negocio en cuestión, perjudicando el bienestar de los “dueños del recurso”. Estamos ante un problema de “agentes económicos”, que es común en entes como Pemex o CFE, pero que también se ve en empresas privadas cuando la propiedad está muy atomizada y no hay un actor de peso que cumpla el papel de “dueño”. En estas circunstancias, lo más común es que las decisiones se tomen para favorecer a ciertos grupos de interés, y que los costos de estas decisiones los absorban los “dueños”.

    Estos antecedentes sirven para evaluar las dos propuestas de reforma constitucional recientemente planteadas:

     

    La del PAN propone un esquema de concesiones que, sin privatizar el recurso del subsuelo, crea circunstancias que alinean mejor las decisiones de reparto de la bonanza petrolera con las decisiones de inversión que maximizan el valor económico de la concesión. El esquema de concesiones se acerca más al óptimo económico liberal, puesto que no se separan las decisiones de reparto de las rentas residuales (utilidades), de las decisiones de inversión y manejo de riesgos que maximizan el valor de la concesión. En este esquema, el Estado recibe la remuneración que corresponde a los “dueños” del recurso en la forma de regalías por cada barril de petróleo extraído. El uso posterior de estas regalías no está libre del problema de agencia, pero la concesionaria está más aislada de sus peores efectos.

    La propuesta del PRI busca un objetivo similar, pero sigue una lógica más tortuosa. En esta propuesta para que las decisiones de reparto de utilidades sean coincidentes con la maximización del valor del negocio para los dueños, tienen que coincidir las preferencias intertemporales de los inversionistas privados con las del agente económico que representa a los dueños. Si existe tal coincidencia, también habrá coincidencia en cuanto a los planes de inversión requeridos para maximizar el valor del contrato de utilidades compartidas, pero si el agente que representa al Estado quiere repartir utilidades hoy, mientras que el otro quiere invertirlas, será imposible conciliar intereses en torno a un nivel que maximice el valor económico para los “dueños”. Los problemas que esta fórmula crean se pueden anticipar y resolver en acuerdos contractuales y fórmulas de gobierno compartido, pero el alineamiento de intereses no es tan fácil de lograr como en el caso de las concesiones. El efecto de lo anterior es desincentivar la inversión privada en el sector.

     

    Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

    Las opiniones en esta columna son personales.

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