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    Autor: Juan E. Pardinas | Medio: Reforma

    Para un nativo del Distrito Federal el miedo a la naturaleza se mide en grados de Richter. Cuando la madre Tierra se ensaña contra los chilangos, lo hace con movimientos trepidatorios y oscilatorios. En mi patria chica, le tenemos más susto a los terremotos que a las tormentas. Graves inundaciones han asolado a Iztapalapa y municipios conurbados como Chalco. Sin embargo, la furia de los elementos no es la misma en el altiplano que en las orillas del océano. El fin de semana pasado, en el estado de Guerrero, conocí las aguas que provocan miedo. Como si el mar se hubiera parado de cabeza, más que gotas eran chorros lo que caía del cielo.”Manuel” empezó a arrasar con las cosas que da uno por hecho. Los servicios básicos se convirtieron en privilegios intermitentes. La falta de electricidad y teléfono hizo imposible la comunicación con el exterior. La destrucción de las carreteras canceló la libertad de tránsito. Ante las docenas de personas que perdieron la vida o su patrimonio, estas apenas son las anécdotas insignificantes de un náufrago en tierra firme.Cuando bajen las aguas, la recons- trucción de la normalidad dependerá de la capacidad financiera del gobierno. El jurista norteamericano, Oliver Wendell Holmes afirmó que los impuestos son el precio que tenemos que pagar por vivir en una sociedad civilizada. Después del paso de los huracanes, esta factura civilizatoria se elevará a 50 mil millones de pesos sólo para reponer la infraestructura que el agua se llevó. Sin embargo, los impuestos se pueden invertir en reabrir una carretera o gastar en publicidad en el ring de una pelea del Canelo Álvarez. El sábado antepasado, en las cuerdas que formaban el perímetro del cuadrilátero, se podía leer la palabra México. Deduzco que un porcentaje de nuestros impuestos fue utilizado para patrocinar la pelea. ¿Para qué queremos el dinero público? ¿Para reconstruir una autopista o para financiar el box profesional?La propuesta de reforma hacendaria incluye una serie de impuestos que implican cerrar las puertas de acceso a la clase media. En teoría, la función de la autoridad es garantizar el ejercicio de los derechos no elevar su costo. Al cobrar tributos a las colegiaturas e hipotecas el gobierno federal pretende gravar dos derechos que se encuentran enunciados dentro de la Constitución.

    En su artículo 3, la Carta Magna establece el derecho individual a recibir educación. Las colegiaturas de las escuelas privadas son, en los hechos, un impuesto tácito sobre la falta de calidad en muchas de las escuelas administradas por el Estado. En los países donde hay un buen nivel educativo en los planteles oficiales, los colegios privados son marginales o inexistentes. Las familias que más sufrirán con este impuesto son aquellas que hacen un mayor sacrificio para ofrecer a sus hijos una mejor educación. En estos casos, el aumento impositivo se puede transformar en un costo prohibitivo. El hecho de pagar una colegiatura no garantiza tener una mejor educación pero, en promedio, los centros escolares privados tienen mejores resultados en pruebas estandarizadas. En lugar de ponerle impuestos a las escuelas privadas, el gobierno debería subsidiar las colegiaturas a nivel de preparatoria. En este nivel educativo, las ofertas de los planteles públicos no alcanzan a cubrir la demanda de adolescentes egresados de secundaria.

    En su artículo 4, la Constitución establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Ahora el gobierno le impondrá un impuesto a la aspiración a tener una casa propia. En un año donde varias empresas de vivienda se fueron a la bancarrota, parece ominoso imponer un gravamen a las hipotecas. Al Estado le corresponde ayudar a proteger a la sociedad de los huracanes y otras fuerzas de la naturaleza. Ahora falta proteger a la clase media de los apetitos naturales del Estado.

     

    Twitter: @jepardinas

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