Pedro Gerson

¿Cuántos somos 630,000 mexicanos? Somos más de cinco partidos de la selección en el Azteca. Somos más que los habitantes de las delegaciones Cuauhtémoc o Coyoacán. Somos más de cinco veces el tamaño del equipo de Apple, tres veces Walmex (Walmart México) y más que el total de empleados de Volkswagen en el mundo. Somos más de cinco veces el número de firmas requeridas para promover una iniciativa ciudadana.

Hoy en el Senado se presentan 324,667 firmas en apoyo a la #Ley3de3. Estas se suman a las 309,476 entregadas el 17 de marzo. En total suman 634,143 firmas presentadas. En un país donde sólo 4% de la población cree que se cumplen las leyes y menos de la mitad cree en la democracia, es notable (por lo menos) que un proceso de construcción institucional a través del cambio normativo haya generado un número mayor al de marchantes por una de las tragedias de Derechos Humanos más grandes de nuestra historia reciente.

No es que sea una competencia. Es simplemente una contextualización para entender el tamaño de un movimiento. De hecho, es probable que una movilización esté directamente relacionada con la otra. El hecho de que en Ayotzinapa el grito más sonoro fue el de “Fue el Estado”, nos habla de un hartazgo con la gestión pública, con los partidos políticos, con la corrupción.

Esto es lo que en realidad simbolizan las 634,143 firmas. No representan sólo un respaldo de la ley misma, sino la desesperación que hay en el país por tener un combate a la corrupción eficaz. La #Ley3de3 es una condición necesaria para esto, pero no es suficiente. Para eso necesitamos asegurarnos que todos los ingredientes del sistema sean los adecuados. Si queremos hacer un buen pastel, no podemos comprar la mejor azúcar o crema chantilly, pero pretender que fruta desabrida o chocolate rancio nos van a servir.

Como nos recordó Juan Pardinas, para darle vuelo al Sistema Nacional Anticorrupción es necesario un catálogo de siete leyes: 1) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 2) Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3), 3) Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 4) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5) Ley de Fiscalización Superior, 6) Código Penal y 7) la normatividad específica de la fiscalía especializada en delitos de corrupción.

En teoría, un sistema democrático se rige por el principio de que los miembros parlamentarios y el ejecutivo representan los intereses de la población. A veces es difícil hacer esto porque no hay información sobre qué quiere la gente, o por qué distintos intereses compiten entre sí. Sin embargo, ahora los legisladores no tienen excusa. Hay 634,143 personas y más de 70 organizaciones de todas las ideologías habidas y por haber respaldando no sólo una ley, sino un sistema (recordando a Cruyff) “total” que promueva la integridad, la honestidad, y el servicio verdaderamente público.

Publicado por Animal Político
06-04-2016