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  • Austeridad, ¿una promesa más?

    Autor: Ramiro Suárez

    Ramiro Suárez

    Ramiro Suárez | @SuárezGalán

    El escenario complicado que vislumbran las finanzas públicas, sumado al descontento social que generó el aumento en el precio de la gasolina, aparentemente permeó en algunos organismos, dependencias y poderes del gobierno, quienes anunciaron pactos y planes para reducir el gasto y generar ahorros presupuestarios. Los órdenes de gobierno federal y estatal prometen apretarse el cinturón.

    La realidad es que estos anuncios pueden ser solo una promesa más y confiar en las promesas de la mayoría de nuestros representantes es ser bastante optimistas. Además, la evidencia y los antecedentes nos demuestran que algunas instituciones que ahora pregonan mayor moderación en el gasto desconocen de estas medidas, por ejemplo, los Poderes Legislativos de las entidades federativas.

    Si se comparan los presupuestos aprobados de 29 congresos locales en 2016 contra los mismos en 2017[1], en su conjunto hubo un aumento de $478.2 millones de pesos[2]. Cabe señalar que el presupuesto aprobado es apenas el inicio del ciclo y es en el ejercicio del gasto donde podemos identificar si hay o no disciplina presupuestaria.

    Lo que nos revelan las cuentas públicas estatales de 2014 y 2015 es que varios congresos durante un mismo ejercicio fiscal tuvieron ampliaciones presupuestales que no son proporcionales a las funciones de un órgano legislativo. Es el caso del Congreso de Oaxaca, que en 2014 ejerció $290 millones de pesos más de lo que tenía autorizado (originalmente eran $330 millones de pesos), o el de Sonora en 2015 que tuvo una ampliación de $179 millones. En promedio, en esos mismos periodos, los legislativos locales ejercieron 12.5 % más de lo programado[3].

    Nuestros órganos legislativos deben ser los primeros en observar lo que las leyes les mandatan, sin embargo, solo se observa un incumplimiento permanente a sus obligaciones de transparencia y contabilidad gubernamental. Esta omisión hace imposible saber cuánto y en qué gastaron los congresos en 2016, que es solo una parte de la información financiera que desde el 31 de enero del año en curso tuvo que estar disponible en sus páginas de internet y que únicamente es cumplido en tiempo y forma por los congresos de Guanajuato, Hidalgo y Sinaloa.

    La falta de estos reportes financieros imposibilita que podamos identificar si los anuncios de reducciones en las remuneraciones, viáticos o vales de gasolina terminarán en reasignaciones a rubros con reglas de operación más opacas. Por ello, más que anuncios de austeridad, deben legislar para que las leyes de presupuesto estatales contemplen reglas de disciplina financiera dirigidas a fijar límites a las ampliaciones presupuestarias e incrementos salariales, a controlar el gasto en servicios generales, a regular las transferencias y ayudas sociales o establecer criterios para la reasignación de recursos derivados de excedentes o economías en los Poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos y no nada más para el Ejecutivo del estado.

    Mientras nuestros congresos sigan limitando el acceso a la información, impidiendo la medición a la eficiencia de su gasto y derrochando recursos públicos, será más difícil que nuestros diputados dejen de ser la institución que menos confianza nos genere[4].

    [1] Al 9 de febrero de 2017, no fue posible encontrar los presupuestos de egresos de los estados de Campeche, Oaxaca y San Luis Potosí en páginas oficiales.

    [2] Fuente: Presupuestos de Egresos de las entidades federativas 2016 y 2017.

    [3] Informe Legislativo 2016, IMCO.

    [4] Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, INE, 2015.

    Publicado por Animal Político
    14-02-2017

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