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  • Combate a la corrupción: ¿prioridad de la actual administración?

    Autor: Carlos Grandet

    Carlos Grandet

    Carlos Grandet | @CGrandet

    María José Jaury | @MajoJaury

    ¿De qué tamaño es el interés del gobierno federal en perseguir los delitos de corrupción? Si consideramos el presupuesto destinado a estas funciones como un reflejo de la voluntad política, entonces la cifra sería de 26 millones de pesos. Este es el presupuesto para 2015 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR) “encargada de conocer e investigar los actos de corrupción de servidores públicos ajenos a la Institución.

    La cifra sorprende si pensamos que es casi una cuarta parte de lo presupuestado por esa misma institución en el rubro de “Comunicación Social” (66 millones). El gobierno federal gastó más durante 2015 en comunicar los logros de la PGR que en el órgano responsable de combatir la corrupción. Además, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, la unidad está integrada sólo por 12 personas. Este equipo es el encargado de investigar delitos federales como robo del patrimonio de la administración pública, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, intimidación, tráfico de influencias y cohecho.

    La situación contrasta con la de otros países que han logrado salir de espirales de corrupción. En 1974, Hong Kong era conocida como una de las ciudades más corruptas de Asia. El panorama era desalentador: los camilleros pedían “propinas” para recoger a una persona herida, aquellos que querían acceder a los servicios de vivienda o educación debían pagar una “cuota” para que las autoridades les brindaran asistencia. La situación más preocupante se encontraba en la fuerza policiaca: en lugar de proteger a todos los ciudadanos por igual, se vendían al mejor postor, es decir, a los grupos criminales que se dedicaban a organizar apuestas clandestinas o a la venta de drogas. En general, las prácticas corruptas se encontraban arraigadas en la población.

    Más de 40 años después, Hong Kong se encuentra en los primeros 20 países menos corruptos a nivel mundial de acuerdo con Transparencia Internacional. Esto se debió en gran medida a la implementación y fortalecimiento de las capacidades de la Independent Commission Against Corruption (ICAC por sus siglas en inglés). Esta institución dedicada a la persecución y prevención de la corrupción se ha convertido en un ejemplo reconocido por la ONU como buena práctica en la construcción de capacidades y facultades.

    La ICAC está integrada por 1,415 personas y tiene asignado un presupuesto anual de 1,890 millones de pesos (70 veces mayor al de la unidad mexicana). Como porcentaje del presupuesto total del gobierno, Hong Kong destina el 1.2% al ICAC. Por su parte, el gobierno de México destina apenas el 0.0005% de su presupuesto total a la unidad responsable de perseguir los delitos federales contra la corrupción.

    Lo que nos enseña este ejemplo es que el combate a la corrupción requiere, entre otras cosas, dar capacidades efectivas a los órganos anticorrupción. Este es el primer paso para poder hacer investigaciones exhaustivas a funcionarios públicos, armar expedientes sólidos y litigar los casos en que hay funcionarios corruptos. En ese sentido, en Hong Kong y en otros países exitosos en el combate a la corrupción como Singapur, existen algunas condiciones que permiten tener este tipo de instituciones efectivas:

    1) Las autoridades responsables están fuertemente respaldadas por el gobierno y la población. Es decir, existe un interés conjunto por el combate a la corrupción. Esto se refleja en el presupuesto asignado, pero también en la confianza que tienen los ciudadanos. Esta última es particularmente importante porque son precisamente los ciudadanos quienes deben contribuir al sistena a través de las denuncias. El ICAC ha hecho un esfuerzo grande por comunicar sus logros y generar contenidos que muestran a la ciudadanía la importancia de su denuncia. Aquí algunos videos que han generado.

    2) Las autoridades responsables cuentan con los recursos (tanto económicos como humanos) para realizar su labor y sus acciones se encuentran sustentadas en la profesionalización. Existe un interés por capacitar a los fiscales en investigación sobre lavado de dinero, peritaje, protección de testigos, entre otros. Esto permite que haya investigaciones rigurosas y expedientes bien armados.

    3) Existe un marco normativo que permite a las instituciones iniciar procedimientos contra funcionarios públicos corruptos y mantener su autonomía operativa y política. Por ejemplo, el Director del ICAC tiene amplias facultades para investigar a todos los funcionarios públicos (existe un procedimiento especial para investigar al Jefe Ejecutivo de Hong Kong). Además, todos los servidores públicos tienen la obligación de entregar la evidencia que el ICAC solicita, bajo el riesgo de ser arrestados como cómplices si se niegan a hacerlo.

    Todos estos elementos siguen sin estar plenamente consolidados en México. Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción plantea la oportunidad de revertir esta situación. La reforma aprobada el año pasado contempló la creación de la Fiscalía General Especializada en materia de Delitos contra la Corrupción. Este organismo reemplazará a la Unidad contra Delitos de Servidores Públicos de la PGR. No obstante, si el cambio de nombre no viene acompañado de un mayor presupuesto y mayor personal para la Fiscalía, entonces la reforma será una más en la lista de buenas ideas, pero pocos cambios efectivos. Para ello será importante vigilar que el Presupuesto de Egresos de la Federación y el reglamento interno de la Fiscalía lo contemplen. El tema no puede esperar más. Hay que dejar el discurso del combate a la corrupción y pasar a acciones concretas.

    Publicado por Animal Político 

    16-06-2015

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