La corrupción en nuestro país afecta de forma severa el funcionamiento de la democracia, en detrimento del bienestar de sus ciudadanos, mediante el uso ilegal de recursos públicos en beneficio de particulares. Lamentablemente este fenómeno está acompañado de una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado mexicano, que se acrecienta con la evidente impunidad que permite y prolonga la corrupción.Esta situación ha creado las condiciones para la discusión y aprobación hace unos meses de una reforma constitucional para crear un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Para que dicha reforma constitucional se concretice, es imprescindible avanzar en la aprobación de nuevas leyes que precisen las facultades de las distintas instituciones que integran este Sistema, así como en la adecuación de diversas normas vigentes, con el fin de crear el marco jurídico sobre el que se sienten las bases de su funcionamiento.Destacan la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como ejes torales del marco que regirá las acciones del Estado mexicano para combatir este costoso problema nacional.
En el caso de la nueva Ley General de Responsabilidades, consideramos que ésta deberá definir con toda claridad los supuestos jurídicos que permitan prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia, entendiendo:
- Que la corrupción sucede (salvo en muy contadas excepciones) a través de redes integradas por servidores públicos y particulares, los cuales no sólo pueden ser empresas y empresarios deshonestos, sino sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos, entre otros
- Que esas redes se organizan para obtener un provecho personal –individual o colectivo, directo o indirecto, tangible o intangible—derivado del ejercicio de las atribuciones y/o de los recursos manejados por los servidores públicos, causando siempre un daño al patrimonio del país;
- Que las reformas deben crear mecanismos mucho más sólidos para incentivar y proteger a los individuos dispuestos a denunciar los actos de corrupción, de forma que se establezcan los canales adecuados para que la sociedad ejerza una vigilancia social activa sobre la actuación de servidores públicos y particulares deshonestos.
En el caso de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, estimamos que ésta debe contemplar tres elementos:
1.- El fortalecimiento de las facultades de investigación de los auditores internos y externos –tanto en la Secretaría responsable de la materia, como en la Auditoría Superior de la Federación—para identificar redes de corrupción a partir de la evidencia disponible;
2.- La construcción eficaz de pesos y contrapesos entre las instituciones y las personas que formarán parte de la mesa rectora del Sistema, incluyendo de manera destacada la participación de los ciudadanos;
3.- El diseño y la implementación de un Secretariado Técnico capaz de obtener y producir información sobre la materia, que tenga la obligación de emitir informes periódicos que den cuenta de los avances del sistema y de formular las recomendaciones de corrección de procesos e inteligencia institucional para mejorar los medios que el Estado mexicano utiliza para combatir la corrupción. Para ello consideramos imprescindible que las instituciones a las que hagan referencia dichos informes tengan la obligación de responder puntualmente las observaciones del secretario técnico.
Reconocemos que el Constituyente Permanente estableció que dentro de este comité debe garantizarse un espacio para la participación ciudadana. Dicho representante deberá trabajar en la elaboración y coordinación de la política pública de combate a la corrupción impulsada por los órganos que conformarán el Sistema, en conjunto con los otros miembros del comité – los representantes respectivos de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial—. Sin embargo, consideramos que para que esta participación ciudadana honre el espíritu de la vigilancia social sobre las acciones de combate a la corrupción, es fundamental que el representante ciudadano presida las sesiones de este Sistema.
Finalmente, es necesario subrayar que estos esfuerzos jurídicos no podrán ser eficaces si no se transforma radicalmente el funcionamiento de las instituciones que engloban al Sistema Nacional Anticorrupción. Esta transformación requiere acotar al máximo la politización de su integración para dar paso a un verdadero servicio civil de carrera que permita garantizar la capacidad técnica e integridad de los funcionarios encargados de ejercer las facultades del nuevo marco jurídico para el combate a la corrupción. En esta transformación tanto el poder Ejecutivo como el Judicial están llamados a ejercer un liderazgo que esté a la altura del reto que enfrenta el país en esta materia.
Por ello, exhortamos al Presidente de la República, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes de la Judicatura para que ejerzan a la brevedad acciones para depurar el funcionamiento de las instituciones bajo su resguardo, de forma que contribuyan con eficacia a prevenir y castigar la corrupción.
El marco institucional encargado de la aplicación del Estado de derecho, indispensable en toda democracia para combatir la corrupción, no podrá lograrse en su plenitud sólo mediante un cambio de leyes. Avances reales en esta materia demandan una transformación en la integración y el funcionamiento de las instituciones que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que su coordinación no sólo sea posible, sino que sea eficaz y propicie el cumplimiento de la ley en nuestro país. Si queremos terminar con la impunidad que ha permitido la expansión de la corrupción como cáncer dañino de la gobernabilidad democrática en México, una tarea de esta naturaleza no puede postergarse más.
En el caso de la nueva Ley General de Responsabilidades, consideramos que ésta deberá definir con toda claridad los supuestos jurídicos que permitan prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia, entendiendo:
- Que la corrupción sucede (salvo en muy contadas excepciones) a través de redes integradas por servidores públicos y particulares, los cuales no sólo pueden ser empresas y empresarios deshonestos, sino sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos, entre otros
- Que esas redes se organizan para obtener un provecho personal –individual o colectivo, directo o indirecto, tangible o intangible—derivado del ejercicio de las atribuciones y/o de los recursos manejados por los servidores públicos, causando siempre un daño al patrimonio del país;
- Que las reformas deben crear mecanismos mucho más sólidos para incentivar y proteger a los individuos dispuestos a denunciar los actos de corrupción, de forma que se establezcan los canales adecuados para que la sociedad ejerza una vigilancia social activa sobre la actuación de servidores públicos y particulares deshonestos.
En el caso de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, estimamos que ésta debe contemplar tres elementos:
1.- El fortalecimiento de las facultades de investigación de los auditores internos y externos –tanto en la Secretaría responsable de la materia, como en la Auditoría Superior de la Federación—para identificar redes de corrupción a partir de la evidencia disponible;
2.- La construcción eficaz de pesos y contrapesos entre las instituciones y las personas que formarán parte de la mesa rectora del Sistema, incluyendo de manera destacada la participación de los ciudadanos;
3.- El diseño y la implementación de un Secretariado Técnico capaz de obtener y producir información sobre la materia, que tenga la obligación de emitir informes periódicos que den cuenta de los avances del sistema y de formular las recomendaciones de corrección de procesos e inteligencia institucional para mejorar los medios que el Estado mexicano utiliza para combatir la corrupción. Para ello consideramos imprescindible que las instituciones a las que hagan referencia dichos informes tengan la obligación de responder puntualmente las observaciones del secretario técnico.
Reconocemos que el Constituyente Permanente estableció que dentro de este comité debe garantizarse un espacio para la participación ciudadana. Dicho representante deberá trabajar en la elaboración y coordinación de la política pública de combate a la corrupción impulsada por los órganos que conformarán el Sistema, en conjunto con los otros miembros del comité – los representantes respectivos de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial—. Sin embargo, consideramos que para que esta participación ciudadana honre el espíritu de la vigilancia social sobre las acciones de combate a la corrupción, es fundamental que el representante ciudadano presida las sesiones de este Sistema.
Finalmente, es necesario subrayar que estos esfuerzos jurídicos no podrán ser eficaces si no se transforma radicalmente el funcionamiento de las instituciones que engloban al Sistema Nacional Anticorrupción. Esta transformación requiere acotar al máximo la politización de su integración para dar paso a un verdadero servicio civil de carrera que permita garantizar la capacidad técnica e integridad de los funcionarios encargados de ejercer las facultades del nuevo marco jurídico para el combate a la corrupción. En esta transformación tanto el poder Ejecutivo como el Judicial están llamados a ejercer un liderazgo que esté a la altura del reto que enfrenta el país en esta materia.
Por ello, exhortamos al Presidente de la República, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes de la Judicatura para que ejerzan a la brevedad acciones para depurar el funcionamiento de las instituciones bajo su resguardo, de forma que contribuyan con eficacia a prevenir y castigar la corrupción.
El marco institucional encargado de la aplicación del Estado de derecho, indispensable en toda democracia para combatir la corrupción, no podrá lograrse en su plenitud sólo mediante un cambio de leyes. Avances reales en esta materia demandan una transformación en la integración y el funcionamiento de las instituciones que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que su coordinación no sólo sea posible, sino que sea eficaz y propicie el cumplimiento de la ley en nuestro país. Si queremos terminar con la impunidad que ha permitido la expansión de la corrupción como cáncer dañino de la gobernabilidad democrática en México, una tarea de esta naturaleza no puede postergarse más.
Suscriben el presente comunicado:
Adriana Plasencia Díaz, Alberto J. Olvera, Alejandra Ríos Cázares, Alejandro González Arreola, Alejandro Ramírez Rojo, Almudena Ocejo, Antonio Pérez Victoria, Armando Orduña, Booggar González Gómez, Carlos Francisco Arce Macías, Cecilia Cadena Inostroza, Claudio Cirio Romero, David Casarrubias Dávila, Diego Díaz Iturbe, Edna Jaime, Eduardo Bohórquez, Eduardo Hernández Rodríguez, Eileen Matus, Elisa Gómez Sánchez, Enrique Cárdenas, Enrique Espinoza Cruz, Eréndira Sarahí Pérez Ponce, Esmeralda Ramos, Esteban Ángeles Cerón, Felipe Mendoza Vallarta, Fernanda Diez, Fernando Montoya Vargas, Francisco Cuamea Lizárraga, Francisco Javier García Silva, Francisco Palomares, Gabriela Morales Martínez, Guillermo Cejudo, Harald Gabriel Appelt, Héctor Rubio, Hugo Concha, Iván Muñoz, Jaime Islas, Janeth Herrera, Jesús Cantú Escalante, Jesús Pozas Soto, Jorge Chaires Zaragoza, Jorge Javier Romero Vadillo, José Antonio Sánchez Chibrás, José de Jesús Jiménez Hernández, José Octavio López Presa, José Roldán Xopa, Juan Pardinas, Layda Cárdenas Canto, Lilia Vélez Iglesias, Lourdes Morales Canales, Manuel Silva Coache, Marco Fernández, Mauricio Merino Huerta, Mercurio Cadena, Miguel Fernández, Omar Manríquez, Pedro Carta Terrón, Ricardo Becerra, Ricardo Corona, Roberto Alonso Muñoz, Rogelio Gómez Hermosillo, Rubén Álvarez, Sergio López Ayllón, Susana Zavala Orozco, Víctor Leonel Juan Martínez, Zulema Oviedo Hernández.ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES:
1. ALIANZA CÍVICA
2. ARTÍCULO 19
3. ASOCIACIÓN MEXICANA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN (AMEDI)
4. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP)
5. BORDE POLÍTICO
6. CAUSA COMÚN
7. CENTRO CIUDADANO A LA CONTRALORÍA SOCIAL
8. CENTRO DE ESTUDIOS ESPINOSA YGLESIAS
9. CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS (CEMCA)
10. CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES HERIBERTO JARA (CESEM)
11. CENTRO NACIONAL DEL COMUNICACIÓN SOCIAL AC. (CENCOS)
12. CIUDADANOS POR MUNICIPIOS TRANSPARENTES (CIMTRA)
13. COLECTIVO POR LA TRANSPARENCIA
14. COLEGIO NACIONAL DE LA COMUNICACIÓN A.C.
15. CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE HIDALGO
16. CULTURA ECOLÓGICA AC
17. DECA, EQUIPO PUEBLO AC
18. ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C
19. ETHOS LABORATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
20. FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN
21. GESTIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN A.C. (GESOC)
22. IMPACTO LEGISLATIVO
23. INFORMACIÓN ACCESIBLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS (IARAC)
24. INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO
25. INICIATIVA SINALOA
26. INICIATIVAS HUMANAS Y SOCIALES (INHUS)
27. INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL (INFODF)
28. INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (IETD)
29. INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO)
30. INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IVAI)
31. MEXICANOS PRIMERO
32. MÉXICO EVALÚA
33. MÉXICO INFÓRMATE
34. OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN
35. OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO
36. SONORA CIUDADANA AC.
37. TRANSPARENCIA MEXICANA
38. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, DISTRITO FEDERAL
39. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, PUEBLA
40. VISIÓN LEGISLATIVA
Adriana Plasencia Díaz, Alberto J. Olvera, Alejandra Ríos Cázares, Alejandro González Arreola, Alejandro Ramírez Rojo, Almudena Ocejo, Antonio Pérez Victoria, Armando Orduña, Booggar González Gómez, Carlos Francisco Arce Macías, Cecilia Cadena Inostroza, Claudio Cirio Romero, David Casarrubias Dávila, Diego Díaz Iturbe, Edna Jaime, Eduardo Bohórquez, Eduardo Hernández Rodríguez, Eileen Matus, Elisa Gómez Sánchez, Enrique Cárdenas, Enrique Espinoza Cruz, Eréndira Sarahí Pérez Ponce, Esmeralda Ramos, Esteban Ángeles Cerón, Felipe Mendoza Vallarta, Fernanda Diez, Fernando Montoya Vargas, Francisco Cuamea Lizárraga, Francisco Javier García Silva, Francisco Palomares, Gabriela Morales Martínez, Guillermo Cejudo, Harald Gabriel Appelt, Héctor Rubio, Hugo Concha, Iván Muñoz, Jaime Islas, Janeth Herrera, Jesús Cantú Escalante, Jesús Pozas Soto, Jorge Chaires Zaragoza, Jorge Javier Romero Vadillo, José Antonio Sánchez Chibrás, José de Jesús Jiménez Hernández, José Octavio López Presa, José Roldán Xopa, Juan Pardinas, Layda Cárdenas Canto, Lilia Vélez Iglesias, Lourdes Morales Canales, Manuel Silva Coache, Marco Fernández, Mauricio Merino Huerta, Mercurio Cadena, Miguel Fernández, Omar Manríquez, Pedro Carta Terrón, Ricardo Becerra, Ricardo Corona, Roberto Alonso Muñoz, Rogelio Gómez Hermosillo, Rubén Álvarez, Sergio López Ayllón, Susana Zavala Orozco, Víctor Leonel Juan Martínez, Zulema Oviedo Hernández.ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES:
1. ALIANZA CÍVICA
2. ARTÍCULO 19
3. ASOCIACIÓN MEXICANA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN (AMEDI)
4. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP)
5. BORDE POLÍTICO
6. CAUSA COMÚN
7. CENTRO CIUDADANO A LA CONTRALORÍA SOCIAL
8. CENTRO DE ESTUDIOS ESPINOSA YGLESIAS
9. CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS (CEMCA)
10. CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES HERIBERTO JARA (CESEM)
11. CENTRO NACIONAL DEL COMUNICACIÓN SOCIAL AC. (CENCOS)
12. CIUDADANOS POR MUNICIPIOS TRANSPARENTES (CIMTRA)
13. COLECTIVO POR LA TRANSPARENCIA
14. COLEGIO NACIONAL DE LA COMUNICACIÓN A.C.
15. CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE HIDALGO
16. CULTURA ECOLÓGICA AC
17. DECA, EQUIPO PUEBLO AC
18. ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C
19. ETHOS LABORATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
20. FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN
21. GESTIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN A.C. (GESOC)
22. IMPACTO LEGISLATIVO
23. INFORMACIÓN ACCESIBLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS (IARAC)
24. INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO
25. INICIATIVA SINALOA
26. INICIATIVAS HUMANAS Y SOCIALES (INHUS)
27. INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL (INFODF)
28. INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (IETD)
29. INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO)
30. INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IVAI)
31. MEXICANOS PRIMERO
32. MÉXICO EVALÚA
33. MÉXICO INFÓRMATE
34. OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN
35. OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO
36. SONORA CIUDADANA AC.
37. TRANSPARENCIA MEXICANA
38. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, DISTRITO FEDERAL
39. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, PUEBLA
40. VISIÓN LEGISLATIVA
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