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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    Los cleptócratas no llegaron de Marte. Los Duartes, Borge y una larga lista de ex gobernadores no aterrizaron en un platillo volador con el fin de saquear el erario público. Ninguno es un extraterrestre. Todos nacieron en nuestro planeta y en nuestro país. Cada uno de ellos se formó dentro de los usos y costumbres de su partido político. Ellos sólo aprovecharon los incentivos que brindan la discrecionalidad y la opacidad de sus cargos. Este no será un texto para exculparlos, sino un esfuerzo de cinco párrafos para entender en qué contexto institucional florecieron estas malas hierbas. Reparamos sobre la sonrisa psicópata de Javier Duarte, pero olvidamos el contexto institucional donde se gestó su delirio y desvergüenza.

    Esta semana el IMCO presentó el Informe Legislativo 2017 que consiste en una radiografía multidimensional de los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la CDMX. En nuestro país hay 1,124 diputados locales que, en teoría, funcionan como contrapeso frente a las facultades feudales de los señores gobernadores. El trabajo de estos legisladores estatales es uno de los aspectos menos estudiados dentro del andamiaje institucional mexicano. Las peores fechorías cometidas por los gobernadores mexicanos del siglo XXI tuvieron la validación de la mayoría de sus congresos. Si creemos que la investigación sobre Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, o la extradición de Javier Duarte van a resolver la corrupción en México, somos más ingenuos y optimistas que un comprador de boletos del Melate. Mientras tengamos congresos locales podridos por los privilegios y la falta de transparencia, México tendrá gobernadores corruptos.

    Apenas hace unas semanas se destapó una red de extorsión dentro del Congreso de San Luis Potosí. El diputado panista Enrique Flores apareció en un video donde ofrecía limpiar las cuentas públicas de un municipio a cambio del 10% de los montos observados. Esta nueva modalidad de crimen organizado utiliza las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado para diezmar los menguados presupuestos de los ayuntamientos. ¿Qué contexto de impunidad pudo transformar a miembros del Poder Legislativo de San Luis Potosí en una versión autóctona de Los Sopranos? ¿En cuántos congresos estatales se repite este modus operandi?

    El equipo del IMCO realizó 800 solicitudes de información, 25 por Congreso, para recopilar los datos necesarios para el estudio. ¿Cuál fue la solicitud con peor porcentaje de respuesta? Sólo 13 de 32 congresos estatales pudieron entregar su respectivo proyecto de presupuesto de egresos para 2017. Apenas 15 de 32 poderes legislativos pudieron documentar la distribución del gasto en 2016. Otro de los aspectos relevantes del estudio del IMCO fue la existencia de partidas presupuestales para gasto social ejercidas desde los congresos estatales, una especie de sedesoles legislativas.

    En el año electoral de 2015, la Asamblea Legislativa de la CDMX gastó más de 600 millones de pesos en “ayudas sociales”. Si se mide el dinero invertido por legislador, el Parlamento de la CDMX es el Congreso más costoso del país y uno de los más caros del mundo. En 2016, año no electoral, “sólo” gastó 311 millones de pesos en ayudas sociales. En la gran mayoría de los congresos estatales ya se permite la reelección. ¿El presupuesto social de los congresos se va a considerar dentro de los gastos de precampaña de los diputados que buscan reelegirse en sus puestos? Con opacidad y débil rendición de cuentas en los congresos estatales, los comicios con reelección se pueden convertir en competencias muy disparejas. La recomendación más importante del estudio del IMCO es obvia y muy preocupante: que los congresos cumplan con los criterios de contabilidad y transparencia que exigen las normas. En esencia pedimos que los diputados locales cumplan las leyes del Estado mexicano.

    Publicado por Reforma
    02-07-2017

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