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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas | @JEPardinas

    En época de campañas y en su esfuerzo por ganar votos, l@s candidat@s hacen visitas a plazas públicas, universidades, foros empresariales y escuelas. Dentro de estas giras sería interesante que l@s aspirantes a gobernador hicieran una travesía al epicentro de la impunidad: las agencias del Ministerio Público.

    Estas instituciones son las encargadas de reconstruir la verdad sobre los crímenes que violentan y aterran a la sociedad mexicana. Con la misma disposición con la que abraza abuelitas, me encantaría que Alfredo del Mazo escuchara a los oficiales que despachan detrás de una ventanilla del Ministerio Público en Ecatepec. Con la misma empatía con que Josefina Vázquez Mota besa bebés, sería bueno que escuchara a los defensores públicos de oficio que tienen que llevar cientos de casos al mismo tiempo, de personas que no tienen dinero para pagarse un abogado. Si Delfina Gómez quiere entender el problema de impunidad en Edomex, debería formularle a un agente del MP dos preguntas muy sencillas: ¿cuánto gana? y ¿cuántas horas trabaja a la semana?

    Los debates de l@s candidat@s que traten sobre seguridad no deberían llevarse a cabo en el salón de un hotel elegante, ni en un aséptico foro de televisión, sino en algún espacio de una agencia de investigación criminal. Para desarrollar empatía con la gente a la que aspiran a gobernar en el Estado de México, sería genial que los colegas de la prensa les preguntaran a l@s candidat@s: ¿alguna vez ha denunciado un delito en una agencia del Ministerio Público mexiquense? En caso afirmativo, ¿cómo fue su experiencia?

    Ricardo Corona, Agustín Díaz, Alejandra Hernández, Luis Hernández y Arturo Piñeiro no son candidatos a cargos de elección popular, son investigadores del IMCO que se pasaron cerca de un año recolectando información en tres agencias del Ministerio Público en el estado de Morelos. Los resultados de su trabajo son la radiografía de una crisis y un abandono. Como el paciente en riesgo de muerte que decide no tomar su medicamento, México abandonó una de las principales trincheras para encarar la crisis nacional de crímenes sin castigo.

    Nueve años de ocurrencias, título del estudio del IMCO, parte de la premisa que la disponibilidad de datos duros es indispensable para la planeación y ejecución de una política pública. Si no hay datos y evidencias, la política pública cede su lugar a las ocurrencias. México atendió la epidemia delincuencial con la misma convicción de quien intenta romper una piñata con los ojos vendados.

    El viernes pasado el Sistema Nacional de Seguridad Pública divulgó que marzo de 2017 fue el mes más violento en lo que va del presente sexenio de Enrique Peña Nieto. Los homicidios por 100 mil habitantes es el dato que concentra la atención de los medios de comunicación y de los hacedores de ocurrencias. Sin embargo, esta dramática cifra no sirve para reducir la incidencia criminal. Aumentar la probabilidad del castigo es uno de los principales incentivos para disminuir los índices delictivos.

    ¿Cuántos casos lleva simultáneamente un agente del Ministerio Público? ¿Pudo visitar la escena del crimen y entrevistar a testigos? ¿En qué porcentaje de los homicidios no se realizó una necropsia? ¿En qué porcentaje de las denuncias de robo se hizo un retrato hablado del delincuente? ¿En cuántos expedientes se preservó la cadena de custodia de la evidencia? Esas son las preguntas que hizo el IMCO en Morelos. Sin embargo, en el resto de las entidades de la República esa información o no existe o no está sistematizada.

    Si algún día queremos encontrarle una salida al espiral de crimen y violencia habrá que atender estas dudas indispensables, que no ganan ni votos, ni aplausos. Llevamos dos sexenios improvisando respuestas frente al fenómeno criminal, ¿cuántos más?

    Publicado por Reforma
    23-04-2017

     

     

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