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  • El derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción

    Autor: María Amparo Casar

    María Amparo Casar

    María Amparo Casar | @AmparoCasar

    Hace algunos años comenzó a utilizarse en México la práctica del litigio estratégico como forma de propiciar cambios por la vía legal. Los litigios —sin adjetivos— se refieren al proceso judicial en el que dos o más personas van a un juicio para resolver un diferendo por la vía legal. Los litigios estratégicos —también llamados de impacto social— tienen funciones adicionales.

    A través de ellos se presentan demandas ante los tribunales con el objetivo no sólo de ganar casos particulares, sino de alcanzar transformaciones de mayor envergadura y alcance.

    Es un método que tiene el potencial de provocar cambios significativos en la conciencia social, la política pública y la propia ley. Los clientes involucrados en un litigio estratégico han sido víctimas de injusticias que afectan a muchas otras personas y que no han tenido recursos para litigar o han perdido su causa en tribunales. Ante esta situación, se selecciona un caso concreto y se lleva a tribunales con el propósito de lograr una interpretación en un determinado sentido que a la postre derive en un criterio jurisprudencial obligatorio, aplicable no sólo a la persona o grupo de personas involucradas en el litigio, sino también a todas aquellas que pudieran encontrarse en la misma situación. De hecho, los litigios estratégicos tienen, al menos, cuatro objetivos: hacer valer la ley, lograr una nueva interpretación de la misma, desafiar una ley o crear una nueva (Public Law Project, Guide to Strategic Litigation).

    Recientemente, y con diversos resultados y alcances, varias organizaciones sociales y grupos de personas han recurrido a este método. Ejemplos de ello han sido el del derecho a cultivar y consumir mariguana o el de los matrimonios igualitarios. En este último caso, después de que algunas personas fueron al registro civil y les negaron el derecho a contraer matrimonio, las parejas se ampararon. La Corte acabó pronunciándose en el sentido de que la Constitución da el derecho a las parejas homosexuales a casarse.

    Quizá el más trascendente ha sido el que ganó Aprender Primero cuando logró que la Corte admitiera el único precedente hasta ahora que reconoce interés legítimo a asociaciones que defienden derechos humanos específicos como el derecho a la educación. No sólo eso. Logró que se ordenara a la Auditoría Superior de la Federación agotar todas las acciones legales a su alcance respecto de las irregularidades en el gasto educativo que había detectado y que no se quedaran en la mera denuncia o visibilización públicas.

    Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a través de su despacho de litigio estratégico (DILE), ha comenzado a utilizar con éxito este método para abatir la corrupción. Basado en diversos artículos de la Constitución y de algunos tratados internacionales, DILE ha planteado ante tribunales que existe un derecho fundamental o humano a “un ambiente libre de corrupción”.

    El 16 de noviembre, un Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de Puebla reconoció que DILE puede defender judicialmente ese derecho porque su objeto social es la prevención y el combate a la corrupción. Esto implica, en opinión de los magistrados del Tribunal, que la asociación está legitimada para interponer amparos contra cualquier poder público que incurra en presuntos actos de corrupción: desde la negativa a transparentar sus actividades, incluido el gasto público, hasta pedir que se anule una deuda estatal considerada anticonstitucional (caso Chihuahua), pasando por la creación de un fideicomiso en el que se depositan los recursos provenientes de un impuesto. A través de esta maniobra, los recursos quedan sujetos a la legislación mercantil y por tanto pueden ejercerse sin transparencia, sin fiscalización, rendición de cuentas y sin contrapesos del Poder Legislativo. Este último es el caso de Puebla, en el que el gobierno constituyó un fideicomiso privado que recibe los recursos del 3% del impuesto sobre nómina. Más allá de no haber alcanzado el objetivo de suspender el fideicomiso, lo relevante es haber puesto en la agenda del debate público el derecho a un ambiente libre de corrupción y, sobre todo, haber logrado que un tribunal federal reconociera su existencia. Éste es el primer precedente en México y, quizá en el mundo. En el caso de Chihuahua no se logró anular la deuda, pero esto no implica que todo está perdido. La importancia del litigio estratégico no se reduce a obtener sentencias firmes y favorables en el fondo del asunto, sino a sentar precedentes para abrir brecha y alcanzar la meta última: impedir que los gobernadores sigan endeudando a sus estados a placer y para propósitos distintos a los que marca la ley. Por ejemplo, el intercambio entre apoyo a campañas y entrega de contratos de obra pública.

    La vía del litigio estratégico, ya reconocida en otros casos por la SCJN, constituye una vía promisoria porque es una muestra de cómo el derecho y no sólo la protesta en las calles, puede ser un instrumento de cambio al alcance de los ciudadanos de a pie y la mejor arma para dar vigencia a los derechos ciudadanos.

    Publicado por Excélsior

    21-12-2016

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