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  • Gasolina, hartazgo y gobernabilidad

    Autor: María Amparo Casar

    María Amparo Casar

    María Amparo Casar | @AmparoCasar

    En un artículo sobre el retorno de la desobediencia civil del New Yorker (07/01/17), Jelani Cobb reflexiona que los movimientos nacen en momentos en los que principios abstractos se convierten en preocupaciones concretas para la población. Cita varios ejemplos, como el #OccupyWallStreet, la reacción a la crisis financiera de 2008 o el Black Lives Matter, inspirado en el asesinato de Trayvon Martin en Ferguson.

    Es el caso del llamado gasolinazo que provocó bloqueos en las carreteras, robo de combustible, toma de gasolinerías, cierre de vialidades y nutridas manifestaciones en distintos puntos del país.

    Las protestas tenían un objetivo concreto: que el gobierno se retractara de la medida o al menos que la modificara. Los autotransportistas —que movilizan el 80% de lo que el país produce y consume— han abandonado los bloqueos, pero la amenaza sigue latente: amagan con paralizar el transporte de mercancías y provocar el desabasto. Puede argumentarse si el alza debió haberse escalonado, si era el momento, si estuvo mal operada o si la comunicación falló. Lo cierto es que medidas como un aumento del 20% en la gasolina y diesel sólo pueden imponerse y a un alto costo político. No hay razonamiento ni explicación que valga.

    Es verdad que mantener el subsidio a las gasolinas costaría 200 mil millones de pesos, que beneficia al 20% de la población de mayores ingresos, que el aumento tiene su origen en el alza de los precios del combustible, el porcentaje de gasolina que importamos, el tipo de cambio y los costos de transporte. También es verdad que es muestra de las fallidas políticas energética y fiscal del pasado. En esto no ha mentido el gobierno. Pero estos argumentos no tienen el potencial para convencer o desmovilizar. Seamos honestos, no hay explicación capaz de dejar a los grupos afectados sin protestar o a la sociedad sin enojar. Mucho menos en un contexto de malestar social justificado y generalizado. Mucho menos cuando el alza fue anunciada sin arropamiento alguno para amortiguar a los más perjudicados. Mucho menos cuando tarde y mal se anuncia un acuerdo, cuyos cuatro pilares son las tareas a las que está obligado cualquier gobierno en todo momento: proteger la economía familiar, fomentar la inversión y el empleo, preservar la estabilidad económica y preservar el Estado de derecho. Mucho menos cuando no hay compromisos concretos ni medibles. Por último, mucho menos cuando si algo escasea es la legitimidad del gobierno.

    Lo que siguió, el vandalismo, robo y pillaje en los comercios a lo largo del país, nada tiene que ver con el gasolinazo. Nada lo justifica. No es una protesta social, es delincuencia pura y dura. No corresponde al principio de acción-reacción. Los saqueadores simplemente aprovecharon momentos de descontrol para llevar a cabo actos delictivos.

    El análisis llevado a cabo por la inteligencia de la policía capitalina arroja indicios de que fueron orquestados, pero se ignora el origen de los llamados en las redes sociales a instigar el vandalismo. Conocemos el qué, pero no el quién. El PRD responsabiliza al gobierno y al PRI de orquestar los saqueos y actos de violencia, argumentando que lo que se busca es generar miedo. Morena culpa a la mafia en el poder, a la derecha y a los conservadores. El PRI revira, en un comunicado, que es de todos conocido el comportamiento de Morena y AMLO, quienes quieren capitalizar a su favor la coyuntura del gasolinazo, a través de “la mentira, el desorden social y la convocatoria a la protesta que deriva en actos violentos”. Cualquier interpretación cabe.

    A decir verdad, los saqueos ni siquiera tienen que ver con el legítimo malestar de la población que percibe con razón el otro saqueo: el de los gobernadores que endeudan a sus estados y se enriquecen sin pudor, el de los partidos políticos que reciben dinero a manos llenas, el de los mandos medios y superiores del gobierno federal, los legisladores, los magistrados e integrantes de los muchos órganos de autonomía estatal que, lejos de sufrir parte de los recortes, siguen con sus privilegios o, incluso, los aumentan.

    Aun así, aun cuando las acciones espontáneas o inducidas de la semana pasada no correspondan ni al gasolinazo ni al hartazgo por la inseguridad y la corrupción, sí abonan a un clima de creciente ingobernabilidad provocado por la violencia que no cede, por la corrupción que aumenta sin ser atajada y por la correcta percepción de los múltiples abusos de la clase política.

    Se dice que este clima de ingobernabilidad beneficia a López Obrador. Es indudable que la ingobernabilidad le pega más que a nadie al gobierno en turno y a su partido. Al PRI le puede pasar lo mismo que con el aumento del 10 al 15% del IVA en 1995, al que se le facturó la pérdida de las elecciones en 1997. Poner un alto a las manifestaciones y a los saqueos son operaciones necesarias, pero de alto riesgo, y también van por cuenta del gobierno. Pero la violencia y la ingobernabilidad no benefician a nadie. Lo que está ocurriendo daña a todos los partidos y a toda la clase política. Daña a las instituciones que ya de suyo están débiles y desprestigiadas.

    Publicado por Excélsior
    11-01-2017

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