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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas | @JEPardinas

    El objetivo más ambicioso que puede tener una política pública es modificar las conductas individuales y los hábitos colectivos. Los seres humanos somos animales de costumbres. A veces, de tanto repetirse, acabamos por confundir esos hábitos y rutinas con nuestros derechos ciudadanos. Si por años estacioné mi coche en la calle sin que existieran los parquímetros, puedo asumir que el intento de cobrarme 8 pesos la hora por dejar mi vehículo estacionado en el pavimento es una forma de expropiación o abuso de autoridad.

    Con frecuencia escucho un psicoanálisis de banqueta sobre la conducta de los mexicanos: un compatriota en Tijuana tira la basura en la calle, pero si cruza la frontera a San Diego, la deposita en el bote. Medio malinchista y medio cierto, este retrato sociológico sobre nuestras costumbres parte de la tesis de que el riesgo de una multa por ensuciar la calle nos induce a cambiar nuestros hábitos más arraigados. No es necesario cruzar la frontera para cambiar el comportamiento, basta con subirse al segundo piso del Periférico en la Ciudad de México y así comprobar que el riesgo de sanción es un gran incentivo a hacer las cosas de manera distinta. En la azotea de esta autopista, los coches con placas de la CDMX mantienen mágicamente los límites de velocidad. Súbitamente, tod@s l@s chilang@s somos como suizos y respetamos rigurosamente los límites de velocidad. Desde hace años, un radar conectado a una cámara y asociado a una base de datos con las placas de los carros detona esta transmutación conductual.

    A lo largo de varios sexenios, sucesivos gobiernos federales han fracasado en el objetivo de construir una base de datos con un registro nacional de vehículos. Por esta omisión, propia de un país bananero, los coches con placas de otras entidades pueden circular a altas velocidades por el Periférico sin ser candidatos a una multa. Los chilangos infractores de los límites de velocidad en el segundo piso reciben en su casa una carta donde la autoridad demuestra que tiene todos los pelos de la mula en la mano: la hora, el día, la velocidad y la foto del vehículo infraccionado.

    Esta semana el juez federal Fernando Silva García determinó que el sistema de fotomultas en la CDMX viola la garantía de audiencia y defensa señaladas en el artículo 14 de la Constitución. La política de las fotomultas no es de esas propuestas de gobierno que sirvan para ganar porras y aplausos. Sin duda es una monserga que la autoridad use alta tecnología para vigilar el cumplimiento del reglamento de tránsito. Sin embargo, como sociedad y como individuos vivimos en una ciudad más segura y civilizada gracias a las fotomultas. Después de ver cómo manejan los peseros, algunas señoras con camioneta y los mirreyes de ocho cilindros, la sentencia del juez Silva García va en contra del bienestar colectivo e incluso pone en riesgo el derecho a la vida y la integridad física. El amparo sólo beneficiará individualmente a la persona que lo presentó, pero sienta un peligroso precedente para quienes vivimos aquí. De acuerdo al INEGI, en 2015, 210 personas murieron en accidentes de tránsito en la Ciudad México.

    La política de fotomultas podría funcionar mejor. El gobierno no invirtió un solo peso para instalar la infraestructura necesaria, pero la empresa recibe un 46% de los ingresos por las multas. Una vez que se recuperen los costos de la inversión, la proporción se debería reducir gradualmente. No se deben imponer infracciones sin la evidencia correspondiente, ni como mecanismo para obtener rentas excedentes por parte de esta asociación público-privada. Ojalá los ingresos del gobierno derivados de las fotomultas se pudieran etiquetar para aumentar la inversión en el transporte público. En el difícil empeño de cambiar malos hábitos colectivos, como pasarse el reglamento de tránsito por el arco del triunfo, la tecnología puede ser una gran aliada.

    Publicado por Reforma
    12-03-2017

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