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  • La “Casa Blanca”: punta del iceberg de la opacidad

    Autor: Carlos Grandet

    Carlos Grandet

    Carlos Grandet | @CGrandet

    César Reséndiz | @ResendizCsar

    El municipio de Playas de Rosarito en Baja California se encuentra más comprometido con la rendición de cuentas que el Gobierno Federal. Al menos en el modo en que transparenta el patrimonio de sus funcionarios. Mientras que en este municipio la declaración patrimonial de los altos mandos debe ser obligatoriamente pública, los mexicanos sólo podemos saber la evolución del patrimonio del Presidente y su gabinete cuando éstos desean darla a conocer. No es un asunto trivial. Esta información es vital para prevenir, detectar o castigar actos de corrupción (o posibles vínculos con el crimen organizado).

    Los escándalos como el de la “Casa Blanca” hacen evidente lo poco que sabemos sobre el enriquecimiento de nuestros funcionarios, y esta opacidad nos genera dudas sobre su legitimidad. Ser funcionario público no está peleado con tener una vida acomodada (existen empresarios exitosos que se han convertido en funcionarios públicos), sin embargo, hay que garantizar mecanismos para que ni un peso de nuestros impuestos se vaya al enriquecimiento ilícito. Desafortunadamente, estos mecanismos no se encuentran bien establecidos. Hoy en día, un ciudadano no tiene derecho a conocer la declaración patrimonial de su diputado, alcalde, gobernador o presidente. ¿Por qué es importante hacerlo pública? Porque es información que sirve para que los ciudadanos monitoreemos la gestión de nuestros funcionarios públicos y ejerzamos presión ante eventuales conflictos de interés.

    Esta falta de publicidad de la información es sólo la punta del iceberg. En muchos gobiernos locales ni siquiera existe la obligación de presentar una declaración patrimonial ante un órgano de control. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013, sólo 31.3% de los municipios (771) contemplan un programa de registro y seguimiento de la evolución patrimonial de sus servidores públicos. Esto quiere decir que, en siete de cada 10 municipios del país, los alcaldes toman posesión del cargo y lo dejan tres años después sin estar obligados a hacer una sola declaración patrimonial, tampoco existe un mecanismo de monitoreo para determinar quién se enriqueció ilícitamente. En Oaxaca y Guerrero, por ejemplo, sólo 10% y 19% de los municipios cuentan con un mecanismo de control de este tipo.

    Porcentaje de municipios con mecanismo de monitoreo de patrimonio público

    Porcentaje municipios mecanismo monitoreo patrimonio público

    Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. INEGI.


    ¿Qué necesitamos exigir?
    En primer lugar, que exista un monitoreo del patrimonio de funcionarios públicos por parte de órganos de control interno en todos los niveles de gobierno. El segundo paso es poner esta información a disposición de la ciudadanía. De acuerdo con el Banco Mundial, actualmente 76 países proporcionan acceso abierto a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos federales. En México, también existen ejemplos. El municipio de Rosarito y el estado de Sonora, por mencionar algunos casos, contemplan la creación de informes públicos de situación patrimonial. Estos informes públicos omiten información que puede poner en peligro la integridad de un funcionario público. Si bien el acceso a estos documentos es restringido (sólo está disponible en las oficinas de gobierno y no a través del portal de internet por motivos de seguridad), sigue siendo una mejora con respecto a la normatividad del gobierno federal.

    Este tipo de medidas ya no son una innovación, sino una necesidad para construir un gobierno que rinde cuentas. En próximas fechas se discutirá en el Congreso la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Una iniciativa fundamental para nutrir el combate a la corrupción sería promover una Ley General (una ley que aplica a todos los niveles de gobierno) que emplee la declaración patrimonial como un mecanismo de control y obligue a los altos mandos de los tres niveles de gobierno a hacer informes públicos de su patrimonio. De cualquier modo, no es una cuestión meramente federal, los gobiernos estatales y municipales también pueden modificar sus leyes y reglamentos para cumplir con un derecho ciudadano fundamental: vigilar que autoridades primen el bien público por encima de intereses privados.

    Publicado por Animal Político

    15-01-2015

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