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  • Las razones del general secretario

    Autor: María Amparo Casar

    María Amparo Casar

    María Amparo Casar | @AmparoCasar

    No es la primera vez que el general secretario habla y habla fuerte. Lo hizo el 2 de mayo de 2015, después de que un grupo de criminales derribó un helicóptero en Jalisco, donde murieron ocho militares y una policía federal. Lo hizo en octubre de este año, cuando llamó “enfermos, insanos, bestias y criminales” a los delincuentes que emboscaron a una patrulla en Culiacán y mataron a cinco soldados.

    Se sabe —lo ha dicho en público y en privado— del descontento del general porque tiene a los integrantes del Ejército mexicano —los que están en activo y los que no— en la doble línea de fuego: la de verdad, o sea, la de la calle y la de los medios. Lo ha hecho ahora, el 8 de diciembre, poniendo a más de uno en su lugar. También hay que reconocer que ese mismo general secretario que hoy habla fuerte, tuvo el gesto de pedir “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada” porque al menos una integrante de las Fuerzas Armadas participó en la detención y tortura de una joven de 22 años en Guerrero. En ese entonces pidió a la ciudadanía denunciar ante la autoridad competente “cualquier acto contrario al cumplimiento de la Ley y al respeto de los derechos fundamentales”. Es cierto que hace unos años —casi diez— hubiese sido inimaginable que un secretario de la Defensa hablara así públicamente. Pero también es cierto que hace unos años —casi diez— hubiera sido inimaginable tener al Ejército de manera sistemática, permanente y sine die en las calles haciendo la chamba que no les corresponde, para la que no fueron preparados y entrenados y para la cual no hay respaldo jurídico más allá de las órdenes emitidas por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que es el Presidente en turno.

    El discurso del general Cienfuegos, el pasado 8 de diciembre, tiene mucho fondo. La discusión se ha querido centrar en el, desde mi punto de vista, legítimo reclamo del Ejército para ver si algún día le obsequian el marco jurídico que se viene pidiendo desde que el expresidente Calderón optó por la salida militar para enfrentar al crimen organizado.

    La ley para regular la participación del Ejército en actividades de seguridad pública y de seguridad interior —concepto que urge definir— es necesaria y conveniente. Si el Ejército está y por lo visto seguirá estando en las calles es mejor que su actuación esté regulada, vigilada y contrapesada. Nadie piensa que un artículo que les prohíba violar los derechos humanos va acabar con esa práctica, pero hay cuestiones que la ley sí puede resolver. Por ejemplo, acotar sus funciones de forma que no puedan ejercer tareas como la interrogación de detenidos, la del acopio de evidencias o la de ejecutar órdenes de aprehensión.

    Dudo mucho que el general secretario piense que una nueva ley vaya a resolver los problemas que hoy enfrentan las Fuerzas Armadas y mucho menos que vaya a solucionar la participación del Ejército en la guerra contra las drogas. Sabe algo muy importante y lo dijo con todas sus letras: esto no se va a resolver a balazos. Sabe también de sobra que en este país las leyes no suelen servir de mucho. Aun así, hace bien en pedir el respaldo jurídico por dos motivos. Primero, porque las leyes sí sirven en las Cortes Internacionales y no es lo mismo haber actuado dentro de la legalidad del país en cuestión que fuera de ella. Segundo, porque el secretario necesita el marco jurídico frente a la tropa. Quiérase o no, no es lo mismo una orden a secas que una orden respaldada por lo que dice la ley. Acusar al secretario de querer militarizar al país y de amenazar con un motín militar es algo fuera de toda proporción. De entrada habría que reconocer que, como él mismo lo ha repetido una y mil veces, están en las calles porque así se les ordenó. De no haber recibido esta instrucción, el general Cienfuegos no estaría pidiendo ningún marco jurídico.

    Pero más allá de la ley y su contenido, es más importante el resto de los mensajes del secretario. Sus palabras apuntan hacia otros derroteros. A señalamientos precisos sobre la evasión de responsabilidades. ¿Cuáles? Las de las autoridades civiles. Lo dijo con toda claridad: estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque los que debieran hacerlas, según marca la Constitución, no las están haciendo; porque “no ha habido los esfuerzos importantes… y los presupuestos para atender estas situaciones”.

    Señala en primer lugar a la Secretaría de Gobernación como responsable de la seguridad interior. Señala al Congreso por la falta de normatividad para que la actuación de las Fuerzas Armadas sea legal. Señala al sistema de justicia penal por la actuación de los jueces. Señala a los gobernadores por omisión.

    Además dijo otra cosa muy importante para quien quiera oirla: “al ciudadano no le importa si se aseguran muchas toneladas de droga o se detiene a determinados personajes, lo que le preocupa es que no lo roben, que no lo extorsionen, que no lo secuestren”.

    Yo no quisiera volver a escuchar a éste ni a ningún otro secretario de la Defensa pronunciar estas palabras y hacer estos señalamientos. No quisiera tener que seguir viendo a éste ni a ningún otro secretario de la Defensa salir a los medios. Pero el general Cienfuegos sale obligado por las circuntancias y a sus palabras no le faltan ni verdad ni razón.

    Publicado por Excélsior

    14-12-2016

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