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    Autor: María Amparo Casar

    María Amparo Casar

    María Amparo Casar | @AmparoCasar

    Sin contar el financiamiento para el conjunto de las autoridades electorales ni el que le otorgan a los partidos los institutos locales, el conjunto de 10 partidos nacionales existentes en 2015 recibieron cinco mil 199 millones de pesos para sus actividades ordinarias permanentes, sus actividades específicas y sus gastos de campaña. Pocas empresas cuentan con tal cantidad de recursos para diseñar, producir y vender sus productos.

    Como toda empresa, los partidos políticos deben pagar impuestos pero, a diferencia de la mayoría, los partidos tienen beneficios fiscales que ya quisieran muchas de ellas.

    Pues ahora resulta que los partidos nacionales y locales tienen saldos pendientes de pago por contribuciones, de acuerdo con la propia contabilidad que ellos mismos entregaron a la autoridad en su informe ordinario de cierre de 2015. Los partidos deben al fisco o al Estado ni más ni menos que 626.2 millones de pesos por los más distintos conceptos: predial, nómina, IVA y contribuciones retenidas a los trabajadores, pero no entregadas al IMSS y al Infonavit. O sea, sus adeudos son, como bien lo expresó el consejero Ciro Murayama, como contribuyentes y como patrones.

    Además de dañar a las instituciones de seguridad social porque les causan un déficit y también a la hacienda pública porque no recibe lo que le corresponde, la evasión y la elusión fiscales son delitos tipificados en la ley y son parte de la corrupción que dicen querer erradicar. A cualquiera que incurra en ellos se le debe aplicar la sanción correspondiente.

    Está claro que todos —ciudadanos, empresas, entidades de interés público o empresas productivas del Estado— deben pagar los impuestos que les corresponden pero, si cabe, los primeros que deben dar el ejemplo son los entes públicos. No lo han hecho ahora ni tampoco en el pasado. En realidad, no sabemos cuánto acabaron debiendo los partidos de ejercicios anteriores ni si se llegó a acuerdos con la Secretaría de Hacienda para otorgarles condonaciones.

    Lo que sorprende es que todos los partidos y en particular sus dirigentes traen para arriba y para abajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad pero, como siempre, para que se haga justicia en los bueyes de sus compadres, no en los propios. Ochoa, Anaya, Barrales, López Obrador y el resto de los presidentes llevan meses hablando de que la corrupción es el peor de todos los males que aquejan a la nación y han creado discursos, leyes, comisiones, spots, seminarios y conversatorios para pregonar su combate, el fin de la impunidad y la tolerancia cero. Siento mucho decirlo pero, a la hora de mostrar en la práctica su compromiso, no encontramos evidencias que lo sostengan.

    Digámoslo claro. A los gobernadores y exgobernadores que traemos todos en la mira se les acusa, entre otros delitos, de evasión fiscal y de peculado. Algo similar ocurre con los partidos, pues por una parte no están pagando los impuestos que les corresponden (el IVA, el predial o el impuesto sobre la nómina) y, por el otro, se están apropiando indebidamente de dinero que no les pertenece a ellos, sino al Estado (las cuotas retenidas a los trabajadores, pero no enteradas a las instituciones de salud y vivienda). Adicionalmente, de no pagar estos adeudos estarían incurriendo en el delito de “financiamiento indebido” que también debiera acarrear sanciones.

    Ya en 2013, un conjunto de ciudadanos presentamos un amparo conocido como #YoContribuyente para impedir que los legisladores condonaran, cancelaran o perdonaran a estados y municipios adeudos fiscales de 2012, 2013 y 2014, precisamente por no haber enterado a la Tesorería el ISR retenido a los trabajadores del Estado. Desgraciadamente, el amparo promovido bajo la modalidad de “interés legítimo” no prosperó hasta sus últimas consecuencias.  Pero se puede volver a intentar. Luis Pérez de Acha y José Roldán Xopa diseñaron entonces una nueva aproximación procesal construida a partir de que somos ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que constituye una variable determinante en el financiamiento público de los partidos y que ese financiamiento se integra con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Hacienda no tiene por qué hacer una nueva condonación de adeudos fiscales a los partidos. Eso equivaldría a un “rescate financiero” de los partidos políticos en la medida que cancela pasivos a cargos de estos y, ya lo dijo el secretario de Hacienda, no estamos para rescates.

    Los amparos siempre se pueden volver a perder pero, al menos, hay que intentarlo porque la escandalosa exhibición que se ha hecho en los medios no parece merecer la menor preocupación por parte de los partidos que en esta época de austeridad presupuestal se dieron el lujo de autoaprobarse cuatro mil millones de pesos, sin contar los gastos de campaña.

    Publicado por Excélsior

    23-11-2016

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