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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas | @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    El derecho a la privacidad es una premisa de la civilización. Esa pared que divide los territorios públicos de los espacios privados es un muro que sostiene la dignidad de las personas. Como lo señaló José Woldenberg en México: La difícil democracia, si las rutinas más íntimas y cotidianas se exponen a la mirada colectiva, la imagen puede resultar una distorsión grotesca. Si una broma desafortunada o un desliz de incorrección política se magnifica con el megáfono de las redes sociales o los medios de comunicación, la persona más prudente y recatada puede quedar retratada como un absoluto barbaján. El espionaje busca perforar esos muros civilizatorios que marcan la distancia entre lo privado y lo público.

    Para proteger esas fronteras, la Constitución mexicana, en su Artículo 16, establece que: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas… Exclusivamente la autoridad judicial federal… podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada…”. El respeto a la privacidad no sólo es un derecho humano, sino una premisa para el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho.

    Esta semana el New York Times divulgó el espionaje sobre periodistas, defensores de derechos humanos, especialistas en temas anticorrupción, entre los que se encuentra quien esto escribe. En el caso de Carmen Aristegui y el mío, los espías que usaron un software comprado por el gobierno también atacaron la privacidad de miembros de nuestras respectivas familias.

    Las instituciones importan mucho pero las personas importan más. El matrimonio es una institución muy bonita, pero dicen que si te casas con la persona equivocada el “desempeño institucional” se puede convertir en una pesadilla. Esta regla se aplica para la vida conyugal, pero también para un Poder del Estado o un órgano constitucional autónomo. Si se normaliza la impunidad sobre las denuncias de espionaje, mañana la víctima puede ser un ministro de la Suprema Corte antes de sancionar una multa multimillonaria contra Pemex o un miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México antes de un cambio sorpresivo en las tasas de interés.

    Una persona espiada es una persona vulnerable. En mayo de 2015, Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, fue víctima pública de un acto de espionaje. Tres meses después, en agosto de 2015, Córdova votó a favor de mantener el registro legal del Partido Verde, a pesar de las violaciones flagrantes, reiteradas y sistemáticas a la ley electoral. No tengo ninguna evidencia de que ambos hechos estén vinculados, pero este caso hipotético es un ejemplo de lo que podría estar en juego.

    Una economía de mercado moderna tampoco puede funcionar con violaciones flagrantes e impunes a la privacidad. Supongamos que dos empresas están negociando una fusión entre ambas. Si esas conversaciones se filtran, se puede afectar los precios de las acciones y descarrilar todo el acuerdo. La normalización del espionaje puede afectar el clima de inversión de la economía mexicana.

    El espionaje viola los derechos de las personas y debilita la entereza de las instituciones. Por este motivo resulta preocupante el desdén que manifestó el presidente Peña Nieto sobre la evidencia presentada por el New York Times y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. La semana pasada se detuvo en Miami al ex presidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli, por espiar a opositores, periodistas, jueces y empresarios. En Colombia, en 2015, se sentenció por 14 años de prisión a la ex jefa de Inteligencia María del Pilar Hurtado, por escuchas ilegales en tiempos de Álvaro Uribe. En nuestro país, el presidente Peña minimiza el asunto con la confidencia de que él también puede ser víctima de espionaje. Como la corrupción, el espionaje en México es un problema cultural.

    Publicado por Reforma
    25-06-2017

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