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  • Prohibir la economía colaborativa es mala idea

    Autor: Manuel J. Molano

    Manuel J. Molano

    Manuel J. Molano | @MJMolano

    ¿Por qué el coche de alquiler por aplicación le preocupa a las autoridades de muchas ciudades del mundo? Tengo algunas hipótesis. En Bogotá, es conocido que un solo individuo es dueño de la mayoría de los taxis, y este empresario es “muy amigo” de las autoridades. En Berlín, los taxis son una importante fuente de ingresos para la ciudad. En Londres, los choferes de taxi son leyenda por su conocimiento preciso de todos los detalles del laberinto londinense. En Cancún, el sindicato de taxis es un gremio duro, estratificado, que le extrae una renta a la población local y a los turistas y siempre vota de cierta manera. Pero ¿en Mérida? ¿Cuál es la preocupación en ese remanso de tranquilidad peninsular?

    Se le dice economía colaborativa, o economía de activos compartidos, a una nueva tendencia a compartir las cosas o el tiempo de las personas y las familias para fines productivos. Activos como una casa, un coche, o un hobby se convierten en una fuente de ingreso. Carlos Martínez, brillante economista con el que he escrito sobre el tema, me contó que estuvo en la ciudad yucateca platicando del tema. A las autoridades y los notables de Mérida lo que les preocupa es la seguridad en estos autos alquilados mediante una aplicación. No les preocupa el número de bolsas de aire del vehículo, o la especificación de los cinturones de seguridad: les preocupa que se utilicen para cometer fechorías. Ese fue el principal argumento para pasar la Ley de Transporte de Yucatán. Quizás esa fue la excusa, porque la razón real es indefendible: el de los taxis es un monopolio protegido, y a quienes se benefician de él les interesa mantenerlo así. Es muy parecida a la razón de Berlín, Bogotá, Londres o Cancún: los taxis a la antigüita son un muy jugoso mecanismo de extracción de rentas.

    Por ello es interesante que Yucatán promoviera una ley de transporte que prohibía los autos alquilados mediante una aplicación, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara “infundada pero procedente” la acción de inconstitucionalidad que promovieron algunos diputados de ese Estado. La conclusión de la Corte es que una ley de este tipo viola el principio de libre concurrencia a los mercados que protege la Constitución federal. Yucatán tendrá que revisar fragmentos de su ley para que se apegue a la carta magna. La Comisión Federal de Competencia Económica está de acuerdo. Su comisionada presidenta Alejandra Palacios, en diversos foros, ha defendido el alquiler de autos a través de plataformas tecnológicas como un elemento que facilita la libre concurrencia en este mercado, y que puede tener efectos para la economía agregada que son muy importantes.

    En un país como México, la economía de los activos compartidos promete generar disrupciones importantes en muchos mercados con problemas de eficiencia. Uber y Cabify ofrecen coches mediante aplicaciones. Airbnb ofrece hospedaje. Upwork ofrece proyectos y trabajadores freelance. En todos los casos, este tipo de herramientas facilitan que la oferta y la demanda se encuentren, y mantienen un sistema de reputación para quien ofrece el servicio y para quien lo demanda. Este sistema de reputación hace que sea costoso delinquir mediante estas aplicaciones. Estas herramientas también logran que los precios en el mercado sean perfectamente observables y que la gente tome mejores decisiones. No solamente eso: estos esquemas permiten un mejor uso de dichos activos. Un coche que antes estaba estacionado 22 horas y circulaba solamente dos de cada día, hoy puede estar trabajando 24 horas al día. Un trabajador que antes solamente podía prestar servicios a una empresa hoy puede hacerlo para muchas.

    En el caso de los autos de alquiler, en el Instituto Mexicano para la Competitividad hicimos un experimento en un modelo de la economía agregada, llamado modelo de equilibrio general. Pensamos qué pasaría si el 1% de la inversión de todos los sectores se redirigiera al sector transporte de modo que, por ejemplo, el señor que fabrica tazas usara un auto de alquiler en vez de tener un coche.

    En el modelo, el ingreso de cada sector de la economía aumenta. Algunos sectores (la cadena automotriz, el sector energético, algunos sectores de servicios como los seguros) crecen desde un 0.1% adicional hasta un 6% adicional. Algunas industrias rurales (pesca, caña, aceites) y la industria de vivienda decrecen su producción. Los precios en la economía decrecen entre 3.1 y 3.3%. Es decir, el nuevo esquema genera una presión anti-inflacionaria en la economía.

    Además de los mercados de producto, en las economías hay mercados para los factores productivos. El trabajo calificado y no calificado, el capital, la tierra y los recursos naturales son ejemplos de factores productivos. En el análisis referido, el ingreso que reciben los dueños de los factores de la producción decrece. La competencia implica menor salario para ambos tipos de trabajo, menor tasa de interés por el capital, y menor renta por la tierra. Si alguien es comprador de este tipo de servicios, probablemente estaría contento a partir de este cambio en el mercado. Si es vendedor de estos factores, muy probablemente esté enojado. Solamente la renta del sector energía aumenta.

    Lo que el modelo nos está diciendo es que el salario va a comprar en promedio los mismos bienes y servicios, pero el capital no tendrá una renta como antes. Su uso se volvió más eficiente, por ello es menos escaso, y su precio en el mercado se reduce.

    A pesar del cambio que implican, estas innovaciones no tendrían por qué estar prohibidas. El universo de lo que puede prohibir el Estado es limitado, porque los recursos que el Estado tiene a su alcance son igualmente limitados. Es posible entender que no deba existir un mercado de riñones humanos. Ese tráfico tiene que estar prohibido y el esfuerzo del Estado tiene que enfocarse a que nadie tenga incentivos para quitarnos los órganos. ¿Debe el esfuerzo del Estado enfocarse en que no haya competidores para los taxis? La respuesta es no. Esa regulación genera pocos beneficios y muchos costos. Sin ella, el Estado puede concentrarse en que no haya un mercado para los riñones y que la gente decida cuántos coches de alquiler quiere, con qué reglas los va a alquilar y a quién se los va a alquilar.

    La disrupción transformará aún más las relaciones económicas cuando la decisión que tenga que tomar la Suprema Corte sea concerniente a los autos que se manejan sin chofer. Las consideraciones económicas, éticas y sociales serán completamente distintas. Estas disrupciones tienen el potencial de poner nuestro mundo totalmente de cabeza. Mientras tanto, es importante dejar trabajar y consumir a quien quiera hacerlo, en vez de pretender prohibir por mandato de ley una innovación de mercado.

    Publicado por: Letras Libres

    12-06-2017

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