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    Autor: María Amparo Casar

    María Amparo Casar

    María Amparo Casar | @AmparoCasar

    Este 2017 habría que enderezar o más bien echar a la basura la estrategia en contra del crimen organizado que a todas luces no ha servido para mucho más que para regresar a los niveles de violencia de 2009, cuando la tasa de homicidios dolosos era de 17.5 por cada 100 mil habitantes. El total de homicidios relacionados con la delincuencia organizada en lo que va del mandato del presidente Peña Nieto alcanza un total de 38 mil ejecuciones o 27 por día, casi cinco mil 200 secuestros o cuatro diarios y más de 23 mil 800 casos de extorsión o 17 al día (Leo Zuckermann, Excélsior 15/12/16).

    Habría también que cuidar las llamadas variables macro, en particular la deuda y la inflación. Preservar la tasa de inflación que amenaza con dispararse y que es el mayor impuesto para los que menos tienen. Primero porque la inflación de la canasta básica suele ser más alta y segundo porque los hogares más pobres ya no tienen para dónde hacerse. Vigilar también la deuda para que sea como ofreció el titular de Hacienda “prudente y precautoria” o sea, con bajos costos, horizonte de largo plazo y bajo nivel de riesgo. Esto sin olvidar el crecimiento que, aunque en épocas de emergencia financiera global se ve difícil, algo puede hacerse gastando menos, pero gastando mejor.

    Cuidar a Pemex es una obligación y puede ser una gran fuente de ingresos y palanca de desarrollo, en lugar de una cueva de ladrones y la “caja grande” del gobierno. Como dijo su director recientemente, no sólo tienen que acabar de sanear sus finanzas, sino hacer de ella una empresa moderna y altamente productiva. La asociación de Pemex con la australiana BHP puede ser el primer paso. Fue un gusto escuchar a representantes de grandes compañías extranjeras (incluidas las perdedoras) expresar que la licitación de los campos petroleros fue ejemplar por su seriedad y transparencia. Cuando se quiere, se puede.

    Crucial será la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El reto es enorme. Casi siete de cada diez mexicanos cree que no servirá de nada. Es comprensible. Desde 1982 se han creado instituciones anticorrupción y ésta no hace más que extenderse. Además de ganarse la confianza, los desafíos son blindar al SNA del burocratismo y la elefantiasis, de la politización en la lucha contra la corrupción y de la captura de los sistemas estatales por los gobernadores.

    Construir la nueva Fiscalía General de la Nación será uno de los grandes retos de 2017. La impunidad no se va a terminar sin investigadores y peritos profesionales capaces de construir casos sólidos y sin un sistema de inteligencia eficaz. No pueden dejarse en el limbo los Ayotzinapas o los Nochixtlanes, como tampoco a los Duartes o los Borges.

    Enderezar los mecanismos de los nombramientos que vienen es capital. La comisión encargada de designar a los ciudadanos que se integrarán al SNA hará su trabajo con profesionalismo y sin tintes políticos. Pero ¿y los demás? No empezamos bien. El nombramiento de un eminente priista al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pieza clave del SNA, se dio sin ningún tipo de publicidad y transparencia y es un primer indicio de que desgraciadamente los nombramientos siguen siendo partidistas. Esperemos que la tónica no sea la misma en las designaciones que faltan: fiscal anticorrupción, los integrantes de la sección del TFJA encargada para sancionar faltas administrativas graves de los funcionarios públicos y tres nuevos consejeros del INE. La sombra que dejaron los nombramientos del Tribunal Electoral no es un buen augurio. De todos, quizá el más importante sea el del gobernador del Banco de México. Si en esta designación juega la política partidaria, a México le puede ir muy mal.

    La política electoral tiene que reformarse de raíz. Vienen las elecciones de Edomex, Coahuila y Nayarit y no hay nada esperanzador respecto de cómo se conducirán los partidos y candidatos. Quedan seis meses para recomponer dos de las grandes simulaciones: el financiamiento de las campañas y la relación medios-elecciones. El modelo actual hace agua por todos lados contribuyendo al desprestigio de la democracia. Prohibir el uso de dinero en efectivo, reducir y concentrar sensiblemente el tiempo otorgado a los partidos para promocionarse y liberalizar el debate público puede ser un comienzo.

    El gobierno de Peña Nieto sí tiene salvación. Su aceptación como gobernante puede despuntar. No ocurrirá por generación espontánea, pero sí con un gran acuerdo sobre qué hacer con los tres binomios más problemáticos de la política mexicana: la pobreza y desigualdad, la corrupción e impunidad y la inseguridad y la violencia. Y desde luego, urge una estrategia frente a la mayor amenaza del exterior: Donald Trump. Pienso que la sociedad civil que mostró gran músculo y logró incidir en temas de gran relevancia en 2016 está dispuesta a entrarle.

    Publicado por Excélsior
    04-01-2017

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