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    Autor: Max Kaiser

    Max Kaiser

    Max Kaiser | @MaxKaiser75

    Según el INEGI, sólo el 7% de los delitos que se cometen en el país son denunciados. Es decir, de cada 100 delitos que se cometen, sólo 7 se convertirán en una averiguación previa, que es el proceso de investigación para recabar pruebas. Así, 93 de cada 100 delitos ni siquiera llegan al conocimiento de la autoridad. Eso es lo que conocemos como la cifra negra.

    Una vez que la autoridad investigadora considera que tiene las pruebas suficientes, lleva el expediente ante un juez penal y lo acusa de ser probable responsable de un delito. Esto se llama consignación.

    Según datos de la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos consignó, entre 2010 y 2015, un total de 270 averiguaciones previas por el delito de Cohecho (Artículo 222 de CPF), que también conocemos como soborno o mordida. Esto es, 54 consignaciones al año en promedio del delito más común asociado a la corrupción.

    Se trata de 270 expedientes en los que la Unidad creía tener pruebas suficientes para acusar a una o varias personas del delito de soborno.

    En esos 5 años, de esas 270 consignaciones se obtuvieron 63 órdenes de aprehensión por este delito, que es cuando la autoridad investigadora pide a un juez que le dé permiso para aprehender al señalado.

    Estas se convirtieron en sólo 47 autos de formal prisión en el mismo periodo, que es cuando el juez considera que existen los elementos suficientes para someterlo a juicio, después de aprehenderlo. Todo esto para acabar en sólo 19 sentencias condenatorias en esos mismos 5 años, que es cuando el juez decreta una sanción penal para una persona en concreto.

    No conozco el número de denuncias recibidas en esta Unidad por Cohecho, pero gracias al INEGI sé que la cifra negra es de 93%.

    Por eso podemos calcular que de cada 1000 sobornos que se cometen, alrededor de 930 ni siquiera se denunciaron.

    Supongamos que de los 70 sobornos restantes, todos se convirtieron en una averiguación previa y se consignaron.

    De esos, sólo 16 habrían llegado a una orden de aprehensión, sólo 12 se convertirían en un auto de formal prisión, y sólo 5 acabarían en una sentencia condenatoria.

    Así, de cada 1000 casos de soborno, sólo 5 se convierten en una sanción concreta.

    Esta Unidad es tan ineficaz, entre otras cosas, porque cuenta con una pequeña estructura y muy pocos recursos, además de pobres capacidades humanas y muy pocos instrumentos. Por ejemplo, este año contó con sólo 26 millones de pesos, mientras que la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia ejerció 155 millones. Es decir, comunicar logros del gobierno vale 5 veces más que combatir la corrupción.

    Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque esta es la Unidad que se pretende heredar al nuevo Fiscal Anticorrupción que designará el Senado de la República.

    Esta Unidad, sin presupuesto ni herramientas, que ha probado su casi absoluta ineficacia, será el aparato con el que contará el nuevo Fiscal para satisfacer las enormes expectativas de la sociedad.

    Por eso, además de exigir un perfil adecuado para su titular, y un proceso abierto y legítimo de nombramiento, se requiere un pacto político para reestructurar por completo a esta Unidad. No es sólo dinero, se requiere además invertir en capacidades humanas, herramientas tecnológicas, coordinación con otras autoridades, acceso sencillo y rápido a sistemas de información y sistemas periciales, así como autonomía de nombramientos y de gestión al interior de la Unidad.

    No podemos darnos el lujo de escoger al piloto adecuado, para después exigirle ganar una de las carreras más importantes para el país, en un coche sin llantas ni motor. La credibilidad y la legitimidad del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción están de por medio.

    Publicado por Reforma

    02-12-2016

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