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    Autor: Max Kaiser

    Max Kaiser

    Max Kaiser | @MaxKaiser75

    Néstor Félix Moreno Díaz, ex Director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito. Esto, 7 años después de haber sido acusado.

    El juez federal que resolvió el caso tomó una decisión histórica: existe una diferencia sustantiva e inexplicable entre los ingresos legales declarados por el sentenciado, y los recursos y bienes de los que gozaba éste, en el mismo periodo.

    En el expediente quedó comprobado que en el periodo de 2001 al 2010, el sentenciado tuvo como única fuente de ingresos su sueldo, derivado de los cargos que desempeñó en la Comisión Federal, por los que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos.

    Pero también quedó comprobado que el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio por un total de 36 millones 013 mil 379 pesos, con bienes que tienen un origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público. Entre estos bienes se encuentra un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y un Ferrari Spider, por un monto de 3 millones 258 mil 279 pesos.

    En 2011, el ex gerente de CFE estuvo preso en el Reclusorio Oriente bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y soborno, sin embargo salió a los ocho meses tras pagar una fianza.

    De acuerdo con una investigación realizada por el gobierno de Estados Unidos en 2010, Moreno recibió millones de dólares en sobornos por parte de la empresa suiza ABB Ltd para obtener contratos por más de 100 millones de dólares en México, para crear el sistema de monitoreo de la red eléctrica del país.

    Entre 1999 y 2004, la subsidiaria ABB Network Management sobornó a funcionarios mexicanos de CFE y de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), de acuerdo con la investigación de las autoridades norteamericanas. Por esto, la empresa fue duramente sancionada en aquel país.

    El esquema de sobornos era muy sofisticado. Los recursos no entraban de manera directa al patrimonio del ex funcionario. La empresa sobornante, a través de terceros, le ponía a disposición bienes, tarjetas de crédito, inmuebles y servicios, que le generaban beneficios ilegales.

    Es decir, para sus conocidos era un magnate gastalón, pero para el registro patrimonial de servidores públicos, era un austero y común servidor público.

    El reto para las autoridades investigadoras era enorme. Con la legislación vigente en aquel tiempo, tanto administrativa como penal, no era suficiente demostrar la discrepancia entre el ingreso legal y el patrimonio a su disposición para probar enriquecimiento ilícito. Se tenía que probar además el origen ilícito de los bienes, y que éstos formaban parte del patrimonio directo del servidor público.

    El juez que resuelve este caso parece tener un mejor criterio que aquellos que resolvieron casos anteriores. Lo importante es la discrepancia, no el origen. La diferencia sustantiva, e inexplicable, entre el ingreso legal y los bienes de los que goza un servidor público, es el enriquecimiento ilícito. Así de sencillo. ¿Por qué esto es un gran triunfo? Porque simplifica jurídicamente aquello que nos frustra ver a diario: la obscena diferencia entre la vida de millonarios que se dan muchos servidores públicos, y la vida que reconocen en sus declaraciones patrimoniales.

    Lo que se debe sancionar es la mentira, el ocultamiento y la simulación de los servidores públicos corruptos. Así quedó ya en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3 de 3, que entra en vigor en julio de este año. Por eso, más les vale empezar a poner sus vidas en orden.

    Publicado por Reforma
    17-03-2017

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