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    Autor: Agustín Díaz

    Agustín Díaz Agustín Díaz  | @Agustin_DiazP

    ¿Cuál es la importancia del uso de la tecnología en la justicia?

    Por fin ha llegado el día en que podemos decir que la tecnología y el ser humano son inseparables. Por ejemplo, el teléfono celular y la computadora proporcionan grandes beneficios para llevar a cabo actividades cotidianas. Sin embargo, eso no se puede observar en el quehacer gubernamental. En el caso de los poderes judiciales ayudaría a mejorar el acceso a la justicia, comunicar de mejor forma sus procesos judiciales y, a su vez, generar condiciones adecuadas de organización y productividad en la impartición de justicia.

    En la República de Panamá, por ejemplo, opera un Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ)[1]. Esto ayuda a generar menos papel y reducir el tiempo y costos operativos para los servidores públicos y usuarios. En México, por su parte, las instituciones impartidoras de justicia están rezagadas en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). No hay uniformidad en la implementación de mecanismos tecnológicos, lo que provoca que su servicio sea ineficiente.

    ¿Hay información oficial disponible en México?

    La información oficial disponible en nuestro país (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI) no contiene datos de la implementación de las TIC en la justicia. Solamente hay una encuesta TIC 2013 (ENTIC 2013) y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y Federal 2016. La primera versa sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en las empresas (sector privado) y la segunda tiene por objeto generar información sobre la gestión y desempeño de las instituciones del poder judicial.

    ¿Cómo se encuentra la justicia laboral en el uso de las TIC?

    Una de las áreas en donde existe desaprovechamiento de las TIC en la impartición de justicia en México es en la materia laboral. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje del país, encargadas aún de resolver los conflictos entre los factores de la producción (capital y el trabajo), carecen de instrumentos tecnológicos que optimicen su operación y funcionamiento. Esto no es privativo de los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, a nivel federal no hay salas orales, aunque había planes de instrumentar juicios en línea y digitalizar expedientes (Informe Anual de Labores de la JFCA, 2016). Estados como Chihuahua[2] y la Ciudad de México[3] sí cuentan con salas orales y procesos digitalizados de algunas juntas especiales, mientras que en Jalisco se encuentra implementando la digitalización de expedientes y una plataforma virtual para la consulta remota del proceso[4].

    A finales del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales (incluyendo a Tribunales Superiores de Justicia, Fiscales y Administrativos y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) firmaron un convenio de Interconexión Tecnológica con el fin de realizar los juicios de forma electrónica[5], pero se les olvidó incorporar las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, permitiendo la continuidad del rezago tecnológico en la impartición de justicia laboral.

    ¿Qué se necesita?

    Más allá de un convenio o decreto de ley que ordene llevar a cabo la implementación de la tecnología en la impartición de justicia laboral mexicana, sin importar el sistema que aún prevalece o el nuevo modelo que funcionará con base en la reforma constitucional laboral de 2016, el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas (siendo época de implementación de la justicia laboral) necesitarán lo siguiente de un diagnóstico con evidencia de la situación que guarda el aprovechamiento de las TIC para:

    1. Tomar decisiones presupuestales que, en condiciones de transparencia, atiendan las áreas de oportunidad.
    2. Capacitar a los operadores del sistema de impartición de justicia laboral para conseguir la eficacia en la implementación de las TIC.

    Ya se ha mencionado que habrá nuevos tribunales laborales que formarán parte del Poder Judicial (en proceso de implementación a nivel federal y local a partir de febrero de 2016), sin embargo, no será suficiente con una reforma perfectamente delineada en papel, cuando las condiciones de operación no son adecuadas. De ser así persistirán muchos de los problemas operativos que hoy vemos cómo colapsan la justicia laboral.

    Buenas prácticas en otras materias

    En otras materias existen buenas prácticas. En el caso de Nuevo León y Puebla cuentan con poderes judiciales virtuales (páginas del Poder Judicial de Nuevo León y Puebla). Por su parte, Querétaro cuenta con la figura de expediente electrónico del Poder Judicial (página del Poder Judicial Estatal). A nivel federal, el juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que opera desde 2011[6], así como el Poder Judicial de la Federación en donde se pueden presentar demandas, promociones, consultar notificaciones electrónicas y acuerdos judiciales, e impresión de acuses para cada expediente. ¿Por qué no hacer eso en la justicia laboral?

    Es urgente optimizar, modernizar y transformar el rendimiento de trabajo de los operadores de la justicia mexicana. Estandarizar el aprovechamiento de las TIC como un eje transversal que no puede faltar en la impartición de justicia. De no hacerlo, el futuro de una mejor prestación de servicios en la justicia será más lejano para el ciudadano.

    Publicado por La Silla Rota 

    02-04-2017

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