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    Autor: Alejandro Hope

    Alejandro Hope

    Alejandro Hope | @AHope71

    Usted ha seguido el caso de Iguala. Usted sabe del drama de los familiares, se ha enterado por las noticias de las fosas masivas, ha sentido indignación, tal vez ha participado en alguna protesta. Usted supondría por tanto que el número de víctimas de secuestro en Guerrero el mes pasado se cuenta en decenas. Usted se equivocaría: según las cifras entregadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las autoridades guerrerenses sólo se enteraron en septiembre de ocho secuestros y nueve víctimas.

    ¿Y los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Desaparecidos física y estadísticamente. Tal vez se encuentren en una averiguación previa federal, tal vez no. Tal vez se contabilicen en otro tipo penal, tal vez no. El caso es que el secuestro más notorio del año, el más escandaloso, el que tiene al país en vilo, no cuenta como secuestro para la procuraduría de Guerrero.

    Esto no es un caso aislado. El masajeo de cifras de incidencia delictiva es deporte nacional. Al cierre de 2013, Veracruz reportó algo más de 48 mil averiguaciones previas, de las cuales 600 eran por el delito de homicidio doloso. En abril de 2014, cuando ya nadie ponía atención a los datos, el gobierno veracruzano aclaró que había revisado los números y que se habían registrado en realidad 72 mil averiguaciones previas y 899 homicidios dolosos. ¿Cómo es posible extraviar durante cuatro meses 24 mil expedientes?

    Otro ejemplo: según la Procuraduría del Estado de México, el número de averiguaciones previas por homicidio doloso disminuyó casi 10% en esa entidad federativa en 2013. Pero resulta que, de acuerdo con INEGI, el número de víctimas de homicidio en el Estado de México creció 13% el año pasado. No hay, por tanto, más que dos alternativas: 1) aumentaron a gran ritmo las masacres en territorio mexiquense, o 2) las autoridades estatales escondieron varios centenares de averiguaciones previas ¿Qué explicación les gusta en Toluca?

    Las discrepancias tienen en parte un origen técnico. En muchos casos, no están homologadas las normas de clasificación de delitos, o bien no existen suficientes recursos humanos, tecnológicos y financieros en las unidades de estadística de las procuradurías, o no están bien delineados los mecanismos de validación de las cifras. Sobre esos temas, diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron pública esta semana una valiosa propuesta (http://ow.ly/Db7X6)  y un llamado a establecer una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes. Ojalá la respuesta oficial sea positiva.

    Pero la dificultad de fondo no es técnica, sino política. Los gobernantes ajustan a la baja el número de denuncias, porque suponen que eso es lo que queremos ver los ciudadanos, que eso es lo que les van a celebrar en los medios, que van recibir aplausos si un mes reportan 20 averiguaciones previas por secuestro y al mes siguiente sólo reportan 15.

    No es un supuesto descabellado: a veces, los medios, los analistas, los ciudadanos les aplaudimos semejantes cosas. Tenemos que dejar de hacerlo: lo que queremos ver son menos delitos (medidos por encuestas de victimización) y más denuncias. Sólo así se puede cerrar la cifra negra y abatir la impunidad.

    Sobre todo, es indispensable que se diga la verdad. Los silencios y los cuchareos no benefician más que a los criminales: acrecientan la (ya enorme) desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades e inhiben la denuncia. Peor aún, cuando la manipulación se vuelve sistemática, cuando ya no hay fuente en quien confiar, las autoridades se quedan ciegas al tomar decisiones.

    La tragedia de Ayotzinapa se engendró en un lecho de manipulación y mentiras. Ya basta.

    Publicado por El Universal

    23-10-2014

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