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    Autor: Roberto Newell

    Roberto Newell

    Roberto Newell | @RobertoNewell

    Formalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entró en funciones el mes pasado. Pero su puesta en marcha ha sido más tema de polémica que de júbilo porque sigue faltando instrumentar varias piezas que son clave para que el Sistema opere como fue diseñado.

    El paso más importante que falta dar tiene que ver con la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de Nación. Este cambio deriva de la reforma constitucional que se hizo al Artículo 102. La reforma dotó a la Fiscalía General de autonomía jurídica al darle personalidad jurídica a la Fiscalía y al establecer que también operará con independencia operativa y económica del resto de los poderes de la federación.

    Lo que se buscaba con ese cambio era despolitizar el funcionamiento de esta pieza clave del sistema de procuración de justicia nacional. En los artículos transitorios de la reforma constitucional de 2014 se estableció que cuando fueran aprobadas las leyes secundarias asociadas a la reforma constitucional, el Procurador General automáticamente se convertiría en Fiscal General. El nuevo Fiscal General servirá durante nueve años, esto así se dispuso con el fin de asegurar que su nombramiento no fuera afectado por el ciclo político sexenal.

    Muchos de los legisladores que votaron a favor de la autonomía de la Fiscalía y del establecimiento del SNA, hoy están arrepentidos de haber aceptado que la designación del Fiscal General fuera vía “pase automático” de la PGR a la Fiscalía.

    El “pase automático” de Raúl Cervantes a la nueva Fiscalía se ha convertido en una batalla política de primer orden. Los golpes han sido tremendos y están retrasando la puesta en marcha de la Fiscalía. Pero aun cuando se lograra resolver esta situación hay otros problemas relacionados con la puesta en marcha del SNA.

    Conviene reconocer que el SNA es un sistema jurídico complejo. Su operación exitosa a nivel de Estados y Municipios dependerá de que todos los Estados homologuen sus leyes con las del sistema nacional. Mientras esto no suceda, habrá confusión sobre el marco jurídico a aplicar en casos de corrupción, con los consecuentes efectos que esto tendrá para el combate a la corrupción.

    Hasta la fecha, sólo la cuarta parte de los Estados ha cumplido la tarea de homologación. La mayoría de los gobiernos y congresos estatales ha optado por la estrategia de “obedezco pero no cumplo”. Como no existe ningún mecanismo legal que obligue a los Estados a cumplir su parte, esto probablemente no se resolverá sin la intervención de la Suprema Corte.

    Y ahí no acaban los retos de instrumentación. El gobierno institucional del SNA está compuesto por los representantes de siete instituciones. Cada una estas instituciones debe actuar en forma coordinada con las demás para asegurar una instrumentación eficaz de las leyes contra la corrupción. El problema es que no existen mecanismos que obliguen a las siete instituciones a trabajar con las demás en forma coordinada. Para definir las prioridades de acción del SNA, las siete instituciones tendrán que participar en negociaciones complejas con las demás. En este contexto, será indispensable que el Fiscal asuma un rol de liderazgo el cual indiscutiblemente será indispensable para coordinar los esfuerzos de las siete instituciones.

    Por todo lo anterior, sería ingenuo suponer que lo único que falta para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción es la designación del Fiscal General. Dar este paso es necesario pero no es suficiente.

    Siendo realistas, aún cuando cada uno de los pasos requeridos para instrumentar el SNA se hubiera dado en tiempo y forma, los encargados de operación probablemente se hubieran topado con innumerables obstáculos difíciles de resolver. Por ello, es probable que la puesta en marcha del SNA resulte más lenta y más difícil de lo previsto y deseable.

    Esto significa que los mexicanos seguiremos sufriendo por el flagelo de la corrupción durante varios años más. Para abreviar este periodo es indispensable hacer a un lado las mezquindades políticas. Las demoras de instrumentación del SNA a quien más conviene es a los funcionarios y personas privadas culpables de haber cometido actos graves de corrupción.

    Cabe recordar a todas las personas involucradas en la instrumentación del SNA que conviene evitar la politización excesiva de su puesta en marcha para evitar ser juzgados como cómplices culpables de que la corrupción no ceda. ¿O será que no se han dado cuenta que tanto debate y polémica para lo que sirve es para servir los intereses de corruptos que abundan en el País?

    Publicado por Reforma
    07-09-2017

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