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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    Hace poco más de un año, Luis de la Calle escribió una serie de cuatro artículos con el mismo título que lleva este texto. Desde aquella primera lectura, con frecuencia me tropiezo con ejemplos y noticias que confirman la hipótesis de De la Calle: la extorsión se ha convertido en el principal freno a la inversión, el crecimiento y la productividad en México.

    La economía de la extorsión tiene tres dimensiones. La primera es una actividad criminal químicamente pura, ejecutada por delincuentes organizados que cobran “derecho de piso” y venden protección a negocios formales e informales. La segunda categoría de la extorsión tiene muchas versiones y variantes, desde un franelero que cobra una renta por estacionar un coche en el espacio público hasta una organización magisterial que usa los bloqueos carreteros como medio de presión en sus negociaciones contractuales. En esta segunda versión de la economía de la extorsión es un individuo o grupo de personas, no necesariamente vinculados al crimen organizado, los que ejecutan amenazas para extraer rentas de particulares o directamente del presupuesto gubernamental. La tercera variante del negocio de la extorsión es el abuso del poder público para ordeñar a un particular inerme frente a un acto de autoridad.

    Si la extorsión se convirtiera en una materia de estudio en las escuelas de economía o negocios, nuestro país sería un lugar perfecto para hacer estudios de caso sobre todas sus variantes y modalidades. Al caminar por la Ciudad de México y cruzar frente a un edificio o casa en construcción, con un ojo medianamente observador se pueden encontrar letreros de lámina que dicen: “Esta obra está totalmente controlada por el sindicato” fulano o mengano. Se puede suponer que ese “control total” sobre la obra implica costos adicionales sobre el proyecto arquitectónico. Ese sobreprecio es el impuesto sindical que disfraza a una extorsión.

    La economía de la extorsión es uno de los grandes promotores de la economía informal. Para la empresa informal la extorsión es una especie de “ventanilla única” que resuelve muchos o todos sus problemas de sobrevivencia al amparo de la ilegalidad. En contraste, las empresas formales, sobre todo las medianas y pequeñas, tienen que padecer la extracción de rentas de inspectores de distintos niveles de gobierno. En cierto sentido, el empresario informal tiene mayor certidumbre en su relación con la autoridad. Con un buen coyote, gestor o líder de ambulantes que “aceite” la maquinaria, un tianguista resuelve sus “trámites y permisos”.

    La extorsión criminal florece a la sombra de un Estado fracasado. Los ciudadanos tienen certeza de que la autoridad no les ofrece garantías de proteger su integridad física y patrimonial, por lo que prefieren la “seguridad” de la protección criminal. La extorsión del franelero y los manifestantes que bloquean una carretera son consecuencia de una autoridad incapaz de imponer la ley.

    La economía de la extorsión también envenena la vida democrática del país. El gasto en publicidad por parte de distintos niveles de gobierno, partidos políticos y candidatos es una forma de comprar protección reputacional.

    ¿Qué sería de la industria del periodismo impreso y electrónico, si los medios sólo pudieran recibir ingresos financieros de la venta de publicidad comercial y/o el pago de sus audiencias?

    Lo más preocupante de este problema es cómo los mexicanos nos vamos acostumbrando a que la extorsión es ya una parte inevitable de vivir y hacer negocios en México. Nos acostumbramos las personas y se acostumbran las instituciones a estas reglas no escritas, pero funcionales, que nos han impuesto la delincuencia y la corrupción.

    Publicado por Reforma
    20-08-2017

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