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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    ¿Puede la justicia cambiar un país? El periodista Jorge Fontevecchia se hace esta pregunta sobre el destino de Brasil y su respuesta puede ser una luz auspiciosa para el futuro de México. En un concurso perverso para determinar qué país ha forjado un sistema político más corrupto, si Brasil o nosotros, sería difícil determinar quién sería el legítimo ganador. Sin embargo, es claro que esta nación sudamericana nos lleva una ventaja importante en la solución al problema.

    Fontevecchia sostiene: “Dicen en Brasil que el siglo XIX fue el del Poder Legislativo porque se hicieron los códigos y las constituciones, que el siglo XX fue del Poder Ejecutivo, que los instrumentó, y que el siglo XXI es del Poder Judicial, que juzga su aplicación”. Para México se podría especular que el siglo XIX fue el de las guerras y la inestabilidad, el siglo XX fue la era del presidencialismo y lo que va del siglo XXI han sido los tiempos de la partidocracia pluralista.

    El enigma de Brasil es ¿cómo un sistema político infestado de corrupción logró forjar un Poder Judicial y un Ministerio Público estructuralmente honesto? En una entrevista con el diario Reforma, el juez Sergio Moro, quien encabeza la investigación de Lava Jato sobre casos de corrupción, sostiene que el aspecto fundamental de este cambio fue garantizar “la independencia de los órganos que investigan los abusos del poder”. Aquí yace la primera moraleja para el caso mexicano, tener a un Procurador o un Fiscal General con militancia partidista es la ruta más corta para corromper el ejercicio de la justicia. La persecución de la PGR, encabezada por Raúl Cervantes, en contra de los fiscales que investigan al ex gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, es un ejemplo de cómo los intereses políticos pueden prostituir las acciones del Ministerio Público. En lugar de investigar violaciones a derechos humanos o desapariciones forzadas, la PGR acaba convertida en un alfil útil al servicio de la defensa de Rodrigo Medina. Mientras la investigación sobre el espionaje ilegal empieza a acumular los polvos del olvido, la PGR se toma la molestia de enviar tres citatorios distintos para interrogar a cinco funcionarios de la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción de Nuevo León. De acuerdo a Fontevecchia, desde 1824, cuando se crea el Supremo Tribunal de Brasil, ningún político había sido condenado por corrupción. Para fines de 2016 el juez Moro, sólo con el reciente caso Lava Jato, acumuló 175 condenados que suman 1,317 años de prisión.

    ¿Cómo se logró esto? La independencia del Ministerio Público es importante pero no lo es todo. Brasil creó una ruta de ascenso profesional para los fiscales con salarios muy atractivos. Se permitió la llamada “delación premiada”, que son los incentivos para que inculpados negocien penas más suaves a cambio de presentar testimonios y evidencias que inculpen a otros indiciados. Asimismo, se aplicó prisión preventiva para acusados de casos de corrupción y se transformó la legislación para financiamiento de partidos políticos.

    Si Brasil pudo, México puede. Tenemos la oportunidad enfrente. El Congreso mexicano tiene en su agenda la desaparición del pase automático del Procurador General de la República en su transición a la Fiscalía General en 2018. Sería una omisión histórica del Poder Legislativo reducir esta discusión simplemente a impedir que Raúl Cervantes tenga la vía libre para ser fiscal por nueve años. Aquí el orden de los factores sí altera el producto: primero es necesario tener claro el diseño constitucional de la Fiscalía y después discutir quién será la cabeza de esta nueva institución. Ojalá la Cámara de Diputados y el Senado asuman que la historia los está observando. En el combate a la corrupción y la impunidad no hay otro tema que sea más importante.

    Publicado por Reforma
    17-09-2017

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