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    Autor: Roberto Newell

    Roberto Newell

    Roberto Newell | @RobertoNewell

    Los Republicanos por fin lograron el cambio que han estado buscando desde hace años. El 16 de Noviembre, la Cámara baja aprobó una reforma fiscal que reduce la carga fiscal de las empresas y de la mayoría de las personas físicas. Dos semanas después, el Senado aprobó su versión de la misma ley. Las versiones de la dos cámaras todavía tienen que ser reconciliadas, pero las dos buscan el mismo fin: reducir los impuestos que pagan los americanos.

    Las dos iniciativas proponen reducir la tasa nominal que pagan las empresas de 35 a 20%. Con esta reducción, los legisladores americanos pretenden lograr paridad competitiva con la mayoría de los países de la OCDE. Los Republicanos razonan que la nueva tasa creará incentivos para que los inversionistas inviertan en EUA en vez de establecer sus negocios en países con tasas más bajas.

    La reforma tributaria planteada por Trump y los Republicanos tiene efectos redistributivos significativos y creará retos importantes relacionados con el financiamiento del déficit fiscal resultante. Pero, de lo que no hay duda es que corrige la baja competitividad del régimen fiscal americano contundentemente.

    Un estudio del Congressional Office of the Budget (el ente apartidista del Congreso americano que evalúa propuestas legislativas de los dos partidos) muestra que EUA perdió competitividad fiscal porque fue uno de los últimos países del G-20 en reducir los impuestos que cobra a las empresas.

    Esta situación motivó a muchas empresas americanas a domiciliar sus empresas en economías con regímenes fiscales más favorables, México entre ellas.

    Por ello, uno de los efectos previsibles de la reforma fiscal americana será obligar al gobierno mexicano a ajustar el ISR de las empresas para mantener la competitividad del sistema fiscal mexicano y para desincentivar a las empresas americanas domiciliadas en México a que se acojan al mecanismo temporal de repatriación de utilidades que incluye la reforma.

    Aún sin considerar los efectos financieros que derivarán del mayor déficit fiscal, resulta claro que la reforma fiscal americana tendrá efectos significativos en México.

    A saber, si el gobierno compensa la pérdida de competividad fiscal reduciendo la tasa fiscal promedio que cobra en la misma proporción en que se reducirá la tasa nominal americana, el gobierno perderá alrededor de 6% de sus ingresos totales. Esa reducción de ingresos obligará al gobierno a instrumentar una combinación de medidas. El gobierno puede aumentar la carga fiscal de los trabajadores, aumentar la deuda del gobierno, reducir el gasto corriente o aumentar los impuestos indirectos como el IVA, los impuestos a la producción y servicios y los IEP.

    Ninguna de estas medidas será fácil de instrumentar en un año electoral, sobre todo cuando uno de los candidatos insiste que el déficit actual se puede eliminar de un plumazo con solo eliminar la corrupción del gobierno.

    Pero es probable que el efecto de largo plazo más significativo sea el efecto que la reforma fiscal tendrá sobre los precios relativos de los factores de producción.

    Los impuestos más bajos reducirán el costo de capital de las empresas y estimulará la acumulación de capital. La teoría económica prevé que tal acumulación provocará aumentos de la productividad (ingresos) de los demás insumos utilizados en la producción, incluyendo el ingreso de la mano de trabajadores.

    Pero el diablo está en los detalles. Si resulta que los aumentos de productividad son capturados por un puñado pequeño de empresas e inversionistas, el efecto final más significativo de la reforma será redistribuir los ingresos a favor de los propietarios del capital y hacia las personas dotaciones grandes de capital humano. Por ello, en el caso de México, es probable que uno de los más notables efectos de la reestructuración fiscal de EUA sea acentuar la desigual distribución de ingresos y riqueza.

    No hacer nada probablemente sería peor. Si el gobierno mantiene el régimen fiscal sin cambios, el efecto resultante será desincentivar que se invierta en México y propiciar la salida de capitales hacia economías con sistemas fiscales más competitivos, con los consecuentes efectos que eso tendría sobre el crecimiento económico y el empleo.

    En suma, México enfrenta una disyuntiva cruel. Si el País instrumenta medidas para paliar los efectos que tendrá la reforma fiscal americana sobre la economía mexicana, el gobierno tendrá que enfrentar decisiones políticamente impopulares, difíciles de explicar e instrumentar, sobre todo en el contexto político actual. Pero, si no lo hace, los efectos sobre la tasa de crecimiento sostenible serán graves.

    El capital siempre fluye hacia entornos donde es mejor retribuido. La situación actual no será la excepción.

    Publicado por Reforma
    07-12-2017

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