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  • Una década de avances en transparencia presupuestal estatal

    Autor: Diego Díaz

    Ramiro Suárez

    Ramiro Suárez | @SuárezGalán

    Diego Díaz

    Diego Díaz | @Diego_DiazP

    ¿Cuántos recursos estiman recibir los gobiernos estatales? ¿Cuáles son los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos? ¿Cuántos recursos destinarán los estados a la inversión pública? Las preguntas anteriores representan algunas de las interrogantes que en el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO) nos planteamos hace una década, cuando buscamos información sobre las finanzas públicas estatales con el fin de realizar diversos análisis. Sin embargo, a pesar de la legitimidad e importancia de estos cuestionamientos en torno a la integración y destino de los recursos públicos de los estados, la disponibilidad de información oportuna, accesible, detallada y homogénea era deficiente.

    Muestra de ello es que los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2008 de estados como Tamaulipas, Michoacán y Baja California Sur consistían en apenas cuatro, siete y ocho páginas, a pesar de que en estos documentos se desglosaban asignaciones presupuestales de más de 26.4, 33.8 y 6.6 miles de millones de pesos, respectivamente.

    Bajo dicho contexto se decidió trabajar en una agenda de corto y mediano plazo para incidir en la calidad y el desglose de información básica que permitieran a la ciudadanía conocer cuánto, cómo y en qué planean gastar las entidades federativas el dinero público del que disponen en determinado ejercicio fiscal. Por ello, en 2008 (y desde entonces de forma anual) elaboramos el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), un instrumento orientado a fomentar una mayor transparencia presupuestal: condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la correcta asignación de los recursos al permitir a la ciudadanía el escrutinio de las prioridades a las que los gobiernos estatales destinan el dinero público.

    Índice de Información Presupuestal Estatal

    El IIPE evalúa la disponibilidad y calidad de la información contenida en los presupuestos de egresos y leyes de ingresos estatales a partir de elementos mínimos o criterios que deberían observar estos documentos normativos. Dichos criterios, que tradicionalmente se han agrupado en diez secciones que reflejan distintas dimensiones de las finanzas públicas (desde las condiciones de contratación de la deuda pública, hasta el desglose de las prestaciones sindicales de funcionarios públicos), se definieron (y ajustaron desde entonces) a partir de dos factores:

    1. La regulación presupuestaria general. Los criterios se definieron con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la legislación general en materia de transparencia presupuestal y contabilidad gubernamental aplicable a los gobiernos de las entidades federativas.[1]
    2. Las mejores prácticas en materia de transparencia presupuestal. Este factor obedece al principio de transparencia proactiva, a partir del cual se busca fomentar una serie de buenas prácticas contables que se ha implementado en el ámbito local y que va más allá de las obligaciones legales a las que están sujetas las entidades federativas.

    De esta forma, se buscó evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transparencia presupuestal, así como dar impulso a las acciones que tienden a la proactividad de la información y a la elevación de la calidad de la información disponible en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos estatales.

    Primera edición del IIPE, ¿qué información conocíamos en 2008? 

    En 2008, el IIPE contemplaba 42 criterios que evaluaban información básica en términos de acceso inicial y de desglose de información presupuestal, limitándose a un nivel mínimo de desagregación de partidas presupuestales como resultado de la falta de regulación presupuestal general vigente hasta entonces. A pesar de la laxitud de los criterios evaluados, el cumplimiento promedio de las 32 entidades federativas ese año fue de 53.3% (24 estados tuvieron una calificación inferior al 60%). Además, en 19 de los 42 criterios evaluados (45%) se obtuvo un nivel de cumplimiento promedio menor al 50%.

    A los ciudadanos nos era prácticamente imposible conocer, en la mayoría de las entidades federativas, información como el presupuesto asignado a comunicación social, viáticos, salarios y prestaciones de mandos medios y superiores de las administraciones estatales, el número de servidores públicos, el monto destinado al pago de intereses y amortización de la deuda pública, entre muchos otros; todos ellos de interés para la ciudadanía. Además, la falta de homogeneidad en el uso de dichos conceptos impedía su comparabilidad tanto en el tiempo como entre entidades.

    ¿Qué información conocemos en 2017? Avances en transparencia presupuestal

    Para dar seguimiento a las crecientes exigencias en materia de transparencia presupuestal, particularmente aquellas derivadas de cambios normativos (aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, de 2008 y 2016, respectivamente), así como a las buenas prácticas implementadas por parte de las entidades federativas, el número de criterios evaluados en el IIPE se ha casi triplicado en el transcurso de una década (de 42 en 2008 a 116 en 2017). En 2017 se evaluaron 116 criterios, los cuales, a diferencia de los que planteaba el índice en su primera edición, buscan que las entidades federativas desglosen su información presupuestal a un nivel de detalle significativamente mayor al exigido hace diez años.

    Aunque los criterios evaluados se incrementaron en número y en complejidad, a lo largo de los últimos años podemos notar un incremento importante en el promedio de cumplimiento en el índice; particularmente, a partir del ejercicio fiscal 2014, año en el cual el cumplimiento promedio de las entidades federativas superó por primera vez el 60% (ver Gráfica 1).

    En 2017, el cumplimiento promedio de las 32 entidades federativas fue de 83% (30 puntos porcentuales superior a la calificación observada en 2008). En este año, seis estados cumplieron la totalidad de los criterios evaluados (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco y Puebla) y diez entidades tuvieron cumplimientos de entre 85% y 99%, es decir, la mitad de las entidades federativas cumplieron al menos 99 de los 116 criterios evaluados (ver Gráfica 2).

    Una forma de ilustrar cuantitativamente la mejora de la información que se evalúa en el IIPE es a partir del número de páginas que integran las leyes de ingresos y presupuestos de egresos estatales. Mientras que en 2008 el número total de páginas de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos estatales era de mil 84 y mil 959, respectivamente; en 2017 el número de páginas es de mil 442 en el caso de las leyes de ingresos (crecimiento del 33%) y 20 mil 415 en el caso de los presupuestos de egresos (crecimiento de 942%).

    El IIPE se ha vuelto un punto de referencia para los gobiernos estatales en materia de transparencia presupuestal, lo cual ha incidido no sólo en el cumplimiento de las obligaciones legales a las que están sujetas las entidades federativas, sino también en la adopción de buenas prácticas que han implementado las entidades federativas en los últimos años. Sin duda alguna, a pesar de que aún persisten entidades con notas reprobatorias (Ciudad de México y Michoacán), la incidencia del IMCO en el cumplimiento y desglose de información presupuestal es palpable.

    El siguiente paso: institucionalizar la transparencia presupuestal

    En reconocimiento al esfuerzo realizado por la mayoría de los gobiernos estatales en materia de transparencia presupuestaria a lo largo de los últimos años, consideramos que existen las condiciones necesarias para que, como ya lo ha hecho Jalisco, las entidades federativas avancen en la ruta de la institucionalización de los criterios y las mejores prácticas contables que evaluamos en este índice, a través de su incorporación en las leyes de presupuestos estatales, y evitar así que los cimientos de la transparencia presupuestaria a nivel estatal se desmoronen ante los cambios de gobierno.

    Solamente a través de esta medida se garantizará el cumplimiento de las mejores prácticas en materia de transparencia presupuestal, condición indispensable para la lucha contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos de los gobiernos estatales.

    1. i.e. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otras.

    Publicado por Este País
    01-01-2018

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