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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    Los legisladores del PRI, el Verde y un puñado de senadores del PAN están a punto de hacerle un enorme daño a México. El tricolor y sus macehuales quieren convertir al abogado Raúl Cervantes en Fiscal General de la República por nueve años. Esta nueva figura tendrá el mayor poder al que puede aspirar una autoridad: perseguir penalmente a sus ciudadanos. La duración en el cargo llegaría hasta el mandato presidencial que iniciará en el lejano año de 2024. El fiscal podría solicitar el desafuero del presidente de la República, de un gobernador o miembro del Congreso. El Fiscal General tendrá capacidad de espiar a ciudadanos, políticos y delincuentes. Esas facultades, en teoría, deben estar sancionadas por un juez, pero el caso Pegasus nos demuestra que en México, el espionaje es un “problema cultural” sin sanción, ni castigo penal. En la conciencia y el fuero interno del Fiscal General estará la única rienda para frenar la tentación de perseguir a sus enemigos y perdonar a sus amigos. A partir de noviembre de 2018, el Fiscal General podrá designar como su subordinado al fiscal especializado en delitos de corrupción. De ese tamaño es el poder que está en juego.

    Raúl Cervantes es un jurista agudo con una inteligencia privilegiada. Sin embargo, este no es un concurso de IQ o de aptitudes de conversación, sino la designación más importante en la historia de la democracia mexicana. Por demasiados años, Raúl Cervantes ha puesto sus talentos al servicio del PRI. El primer Fiscal General debe ser un hombre de Estado, no un militante de partido. Mientras en Panamá se persigue y castiga el espionaje sin autorización judicial, en México el caso se mueve a paso de tortuga. Mientras varios países de América Latina avanzan en las consecuencias penales del caso Odebrecht, aquí en México se le dan facilidades indebidas al principal sospechoso. Todo esto ha ocurrido en la PGR en los tiempos de Raúl Cervantes. Nombrar a un militante del PRI en la Fiscalía es la mejor manera de politizar el debate, restarle legitimidad al cargo y debilitar a una institución que todavía no ha nacido.

    La designación de Cervantes será un generoso regalo para Andrés Manuel López Obrador. El Peje tendrá evidencia fresca para reciclar su rollo del PRIAN y un incentivo adicional para hacer campaña a favor de que Morena gane el Congreso en el 2018. Un fiscal cuestionado será un fiscal débil en el contexto de una elección presidencial. Me puedo imaginar un lema para el 2018: “Si quieres quitar al Fiscal Carnal vota por fulano de tal”.

    ¿Qué pasaría si en lugar de un personaje que genera controversias y debates por su filiación política se buscara a una figura que despierte admiración y respeto? Ya en estas páginas se adelantó el nombre de don Juan Silva Meza, ex presidente de la Suprema Corte, una persona con experiencia y reputación intachables. También se ha mencionado al ministro José Ramón Cossío y al catedrático Sergio López Ayllón, ambos son nombres que también sumarían su capital de prestigio al complejo proceso de construcción institucional.

    En diciembre de 2013, el PAN en pleno se sumó al PRI para facilitarle el nombramiento del fiscal al Ejecutivo federal. En ese México de principios de sexenio, la Casa Blanca estaba en Washington, Ayotzinapa era un pueblo del estado de Guerrero y Odebrecht era una constructora brasileña. Hoy la mayoría del PAN, salvo un grupo de senadores que operan como priistas de clóset, está en contra del pase automático. Las grillas y rencores internos han dejado de lado el interés de México. El tema no son las ambiciones de Ricardo Anaya o la obstinación de Margarita Zavala, sino la designación más importante que ha hecho el Congreso en la historia moderna del país. Para tener una Fiscalía que sirva, México necesita una oposición que funcione.

    Publicado por Reforma
    03-09-2017

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