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Contra las castas

Juan E. Pardinas @JEPardinas 

El próximo miércoles 9 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte aceptará o rechazará la noción de que el sistema tributario mexicano es una sociedad de castas. El máximo tribunal determinará la suerte de un amparo, que presentamos 19 contribuyentes, en contra de que los gobiernos estatales y municipales se apropien de hasta el 60% del ISR retenido a sus empleados.

En el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se establece que: “Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:.. Omita enterar a las autoridades fiscales… las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado… (o) Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal”. Si eres un empresario en la economía formal, todavía quedan algunos, el castigo por este delito puede alcanzar los 9 años de prisión (artículo 108). Sin embargo, si eres un gobernador o un presidente municipal, tú poder está por encima de esa chusma de contribuyentes que estamos sujetos a las obligaciones del Código Fiscal.

Por ejemplo, por impuestos federales adeudados en el año 2008 un gobierno estatal recibió una condonación por 304 millones de pesos. ¿Qué estado fue el beneficiario de este regalo? Eso sólo lo sabe Hacienda. Es información confidencial. Si eres un contribuyente de casta inferior, tu nombre puede aparecer en alguna de las listas que difunde el SAT. Sin embargo, esos riesgos reputacionales no aplican si eres parte de ese club selecto de evasores o elusores fiscales que cuentan con la bendición de la autoridad. A pesar de dos resoluciones del IFAI a favor de la transparencia de los beneficiarios de las cancelaciones de créditos fiscales, la Secretaría de Hacienda se niega a difundir ese listado. En el contexto del debate sobre este amparo, la Suprema Corte también tiene la facultad de imponer criterios de transparencia sobre la identificación de gobiernos que se beneficiaron de estos perdones fiscales.

El problema no es sólo un régimen que aplica privilegios tributarios para unos y obligaciones para otros. La falta de transparencia y desorganización de estas condonaciones no han ayudado en nada al saneamiento de las finanzas públicas locales. Esta semana la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que hay 14 estados con graves presiones financieras por sus pasivos pensionarios. Dichas entidades tienen obligaciones laborales con trabajadores jubilados o en proceso de jubilación, pero no tienen recursos disponibles para fondearlas. Baja California, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Tlaxcala han tenido que realizar contribuciones adicionales para garantizar sus sistemas de retiro. Esto significa que en el futuro dichos estados tendrán que recortar recursos de educación, salud y seguridad u otros programas presupuestales para pagar el ingreso de trabajadores jubilados. ¿El dinero de los perdones fiscales se hubiera podido utilizar para sanear los sistemas de pensiones estatales y municipales? Seguramente, pero existe muy poca información sobre el destino de esos recursos, ya que ni si quiera recibieron vigilancia de los congresos estatales vía la aprobación presupuestal.

Si la Suprema Corte falla en contra de las castas fiscales, los estados y municipios verán incrementadas sus deudas y compromisos de pago. Afortunadamente esto ocurre en 2014, un año de vacas muy gordas para los tres niveles de gobierno. Entre enero y mayo, las transferencias (participaciones) a las entidades han tenido un crecimiento superior a los 30 mil millones de pesos. Con estas cifras se puede inferir que muchas de las autoridades y organismos beneficiados por los indultos fiscales están en condiciones financieras de asumir sus plenas responsabilidades tributarias, sin tener que incurrir en recortes o penurias presupuestales. El veredicto de la Suprema Corte tiene la posibilidad de construir un país más parejo, donde autoridades y ciudadanos tengan la misma obligación de cumplir la ley.

Publicado por Reforma 

06-07-2014

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