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Tú y la Corte

Juan E. Pardinas | @JEPardinas

Si un funcionario hace mal uso del dinero público, ¿te afecta a ti de forma directa? Si el Congreso federal promueve privilegios fiscales para disminuir los impuestos de un determinado contribuyente, ¿esto te perjudica a ti y a tu familia? Cuando se desperdicia el presupuesto del gobierno, ¿esto significa una afectación sobre el bienestar de tu comunidad? Los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte tendrán que responder preguntas de naturaleza semejante al analizar el amparo en contra de la condonación de adeudos fiscales a favor de gobiernos estatales y municipales.

En la Ley de Ingresos de 2013, el Congreso federal permitió que las entidades y los ayuntamientos se embolsaran el 60% de la recaudación de ISR de sus empleados para ese año y el 30% durante 2014. En su artículo 31, la Constitución establece que es obligación de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Al aprobar un generoso descuento a las responsabilidades fiscales de estados y municipios, el Congreso reconoció que, en los hechos, los mexicanos tenemos obligaciones tributarias distintas a nuestras autoridades.

Una de las versiones más perversas de la impunidad, aquella que desgarra con más profundidad el tejido social, es cuando el propio gobierno y las personas que lo encabezan desprecian el cumplimiento de la ley. La mayor reforma estructural a la que puede aspirar nuestro país es simplemente que las autoridades acaten las leyes, que nos obligan a cumplir al resto de los mexicanos. Si el artículo 31 de la Constitución establece los atributos que deben tener los impuestos (proporcionales y equitativos), en el 134 se determina los adjetivos virtuosos que debe tener el ejercicio del gasto público: “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. Al conceder los privilegios fiscales a gobiernos estatales y municipales, el Congreso se mofó de dos preceptos constitucionales con una misma carcajada.

Reforma reporta que hay al menos 14 amparos promovidos para impugnar el artículo 9 de la Ley de Ingresos de 2013. Sin embargo, en el caso del amparo que llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte el tema más trascendente no son sólo los perdones tributarios, sino la definición del papel de los ciudadanos en la vida pública de México. Al discutir el fondo de este asunto, los ministros de la Corte tendrán que establecer los alcances de la figura de “interés legítimo”, que se introdujo en nuestra Carta Magna en la reforma constitucional de junio de 2011.

El interés legítimo implica que el amparo debe proteger no sólo a los individuos perjudicados directamente por una acción del Estado, sino también a los miembros de una comunidad que sufren una afectación en carambola. A mi cartera y mi patrimonio no necesariamente les pega directamente que los gobernadores y alcaldes no entreguen completo el ISR al SAT, pero como contribuyente sí tengo que sufragar una parte de la factura del costo de sus privilegios fiscales.

En un país donde el gobernador del estado más pobre de la República, Manuel Velasco de Chiapas, usa dinero del erario para anunciarse en la revista Vanidades, los contribuyentes necesitamos mejores herramientas jurídicas para defender el buen uso del gasto público. Una interpretación de avanzada de la Suprema Corte permitiría que el interés legítimo se convirtiera en una herramienta de los ciudadanos para defenderse de casos de dispendio y opacidad del presupuesto. Más que un superfiscal anticorrupción, los ciudadanos necesitamos cauces jurídicos e institucionales para canalizar la frustración que genera el uso frívolo e ilícito del erario de esa comunidad que llamamos México.

Publicado por Periódico Reforma
09-03-2014