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1, 2, 3 por mi y por todos mis compañeros

A pesar del lodazal en el que se encuentra el país, siempre hay buenos motivos para la lucha de ideas desde esta trinchera ciudadana, como promover las acciones colectivas.

Aunque los partidos negocian reformas estructurales a diestra y siniestra, afectando nuestro porvenir sin que tengamos mucho que decir. Es hora de que los mexicanos entendamos y defendamos mejor nuestros derechos y de esta manera trabajemos para gozar más de estos.

Por ejemplo, hoy los diputados federales además de decidir la reelección y las candidaturas independientes, tienen en su cancha otra gran decisión, la de ratificar la reforma al artículo 17 constitucional para permitir las acciones colectivas y promover una ley secundaria para regular las mismas.

¿Qué es una acción colectiva? Esta es una figura jurídica que permite a individuos y asociaciones civiles representar a un grupo de ciudadanos para defender sus derechos colectivos a través de un solo juicio.

Las acciones colectivas están garantizadas por las leyes e instituciones en muchos países como Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Chile, Argentina y Colombia entre muchos otros.

Un caso emblemático de dichas acciones es el de Erin Brockovich, personificado por Julia Roberts en la película del mismo nombre. Erin inició un juicio colectivo representando a la población de Hinkley, California, en contra de Pacific Gas and Electric Company por contaminar el agua durante décadas con un químico cancerígeno. Una vez que se demostró que las acciones de la empresa condujeron a la muerte de decenas de habitantes, la empresa se vio obligada a pagar $333 millones de dólares a los 77 demandantes.

Actualmente los mexicanos tenemos el derecho a ser representados de forma colectiva a través de tres dependencias públicas (la más importante Profeco). Sin embargo, en 17 años la Profeco sólo ha iniciado dos juicios colectivos en contra de compañías chicas como Air Madrid y Líneas Áreas Azteca a pesar de contar con miles de quejas al año por abusos de compañías como la extinta Luz y Fuerza del Centro y un sinfín de empresas privadas.

Las acciones colectivas son uno de los pocos mecanismos que permiten resarcir el daño a los ciudadanos que han sido víctimas de abusos de empresas tanto públicas como privadas. Su inexistencia en México es uno de los grandes huecos de nuestro derecho administrativo. Este es un paso clave para darle poder directo al ciudadano y generar un contrapeso real en nuestro sistema político y económico.

Debemos exigir la aprobación de esta enmienda al artículo 17 constitucional y la creación de la ley secundaria en esta legislatura. Sin duda dicha ley tendrá que prevenir (como lo hacen las leyes de España y Chile) la cultura de litigación que ha surgido en Estados Unidos, pero esta es una de las formas más directas y cercanas para contribuir a mejorar las instituciones y la competitividad de México.

Rodrigo Gallegos es director de proyectos de IMCO. Las opiniones aquí vertidas son a título personal.

rodrigo.gallegos@imco.org.mx