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A veces sí y a veces no

Basta reseñar algunas de las resoluciones del pleno o de las salas para aquilatar la centralidad de la Corte en el ámbito de los derechos humanos, en donde ha dejado su impronta en la relación entre gobernantes y gobernados.
En junio de 2011, ante el caso de Rosendo Radilla (víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército mexicano en 1974) y ante el dilema de si las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran obligatorias para el Poder Judicial de la Federación, el pleno señaló que “la sentencia condenatoria al Estado mexicano le resulta obligatoria y consecuentemente lo es para todos los órganos y Poderes de dicho Estado. Por ello, son obligatorias las sentencias emitidas por la CIDH en todos aquellos casos en los que el Estado mexicano sea parte”. En esa misma fecha, se restringió el fuero militar de forma que siempre que esté vinculado un civil al que se le han violado sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, “la jurisdicción será la del fuero común y no la jurisdicción militar”.

Más recientemente, en agosto de 2015, el pleno resolvió que es discriminatorio que las sociedades de convivencia no tengan la posibilidad de adoptar, dado que con esa prohibición se vulneran los principios de interés superior del menor y la organización y desarrollo de la familia. Más aún, declaró que “la protección constitucional a la familia cubre todas sus formas y manifestaciones en la realidad social, lo cual incluye a las familias constituidas por el matrimonio, concubinato, con un padre o una madre e hijos, o bien, por cualquier forma que denote un vínculo similar… sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo de los niños…”.

Aunque obligatorias, estas resoluciones quedan reforzadas cuando otro poder se une a las resoluciones a través de la emisión de normas o la adopción de políticas públicas. Tal es el caso de la iniciativa de vanguardia enviada por la Presidencia para incorporar a la normativa constitucional el fallo de la Corte y reconocer como derecho humano el matrimonio sin discriminación alguna, con motivos de origen étnico, discapacidad, religión, género o preferencias sexuales. En ambos casos —el fallo y la iniciativa— se dio un paso de la mayor importancia a favor de la no discriminación.

Sorprende que la misma filosofía liberal y de vanguardia no haya operado en el caso de la interrupción del embarazo —aun cuando los ministros no hayan entrado al fondo y no se hayan pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma— dejando vigente en el Código Penal la pena “de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar si concurren tres circunstancias: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo o que éste sea fruto de una unión ilegítima”. Sí. Así dice el Código Penal para luego agregar que si falta alguna de estas condiciones la pena sube hasta cinco años de prisión. Un verdadero despropósito castigar penalmente la interrupción del embarazo. Una discriminación patente y un desacierto mayúsculo que las penas sean mayores cuando alguien decida que una mujer tiene mala fama, que el embarazo es producto de una relación ilegítima o que pudo ocultar su embarazo. Penalizando el aborto como reza la propuesta del ministro Zaldívar, se “vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva, y el derecho a la igualdad y la no discriminación”. Existe una manera de enderezar esta barbaridad. Que el Presidente muestre la misma valentía que mostró al mandar la iniciativa del matrimonio igualitario aunque algunos crean, sin mostrar la evidencia, que ello le afectó electoralmente a su partido.

Nota bene. ¿TRANSPARENCIA? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a Capufe copias de la documentación presentada por los participantes en la licitación pública mixta internacional bajo la cobertura de tratados LA-009J0U001-T5-2014, en la que se designó al proveedor del sistema de telepeaje.

En respuesta a la solicitud, el titular de la Unidad de Transparencia informó que el costo de obtener copias simples de los documentos solicitados sería de 29 mil pesos, mientras que obtener copias certificadas costaría un millón 44 mil pesos. La información tenía que ser recogida en Cuernavaca, Morelos. Pagamos el costo y fuimos por ellas. Para nuestra sorpresa y a pesar de haber hecho el pago, al llegar a recoger la documentación se nos informó que la información había sido finalmente reservada.

Publicado por Excélsior
20-07-2016