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¡Aguanta, México!

Durante 70 años del PRI, la docena del PAN y cinco meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, la impunidad ha sido una constante del sistema político mexicano. Hemos tenido gobiernos nacionalistas, revolucionarios, liberales y sexenios con una profunda confusión doctrinaria. En este popurrí ideológico, la administración de la impunidad ha sido un hilo conductor entre el paso de los siglos y los sexenios. Pasamos del sistema de partido único al pluralismo político. Vivimos el ocaso de la presidencia imperial, la transición democrática y la alternancia en el poder. Como el dinosaurio a la mañana siguiente, la impunidad seguía ahí en el centro de la República.

En febrero pasado, el gobierno del presidente Peña Nieto dio un golpe genial en contra de Elba Esther Gordillo. ¿Cómo recordaremos los mexicanos este hito en la procuración de justicia? ¿Será un evento excepcional en una constante de impunidad o un punto de inflexión en la historia de la justicia mexicana? En las últimas semanas el diario Reforma ha dado una serie de campanazos periodísticos revelando los patrones de consumo de dos conspicuos personajes de nuestra plaza pública: Humberto Moreira y Carlos Romero Deschamps. Las notas sobre ambos personajes aparecieron en los últimos días de abril y los primeros días de mayo. Justo el periodo de tiempo en que los contribuyentes cautivos padecemos el acto de llenar y pagar nuestra declaración anual de impuestos.

Me encantaría ver los resultados de una encuesta con la siguiente pregunta: ¿Estaría usted más dispuesto a pagar sus obligaciones fiscales si Humberto Moreira y Carlos Romero Deschamps estuvieran en la misma situación legal que Elba Esther Gordillo? La justicia no se aplica por encuesta y el pago de impuestos no es materia de opinión popular. Sin embargo, el nivel de coerción necesario para garantizar la recaudación tributaria se eleva cuando el contribuyente tiene la percepción de que el dinero público no será bien usado. Un tweet del escritor Guillermo Sheridan lo resume en menos de 140 caracteres: “Al pagar mis escrupulosos impuestos pensé en qué porcentaje sería para echarle gasolina al poderoso Ferrari del #PrinciPemex”.

El diccionario de la Real Academia comprime la definición de impunidad como la “falta de castigo”. Este significado establece que la ausencia de sanción no sólo ocurre en un terreno estrictamente jurídico. Un funcionario que cometió una negligencia mayúscula sin recibir un escarmiento es un hombre impune más allá de que haya o no violado la ley.

La permanencia de Humberto Benítez Treviño como titular de la Profeco es un ejemplo adicional de impunidad política. El ejercicio de un cargo de autoridad implica cierto nivel de responsabilidad. La corrupción es el uso de bienes públicos para fines privados. Si la hija de Benítez puso a Profeco al servicio de un berrinche personal, lo sensato y natural hubiera sido la inmediata renuncia de su padre.

El año pasado, durante los meses del interregno, Enrique Peña Nieto declaró que “el presidente no tiene amigos”. La continuidad de Humberto Benítez en su cargo actual es evidencia que el jefe del Estado mexicano está dispuesto a quemar fichas de su capital político, para proteger la chamba de sus amistades.

México necesita un Pacto Contra la Impunidad. De nada sirve aprobar un alud de reformas constitucionales si ni siquiera se cumplen las leyes vigentes. De un presidente a otro, de un partido azul a un partido tricolor, cada gobierno actúa para preservar encendido el fuego de la impunidad. La mejor herencia que podría dejar el gobierno de Enrique Peña Nieto es un país donde las transgresiones a la ley y las torpezas políticas sí tengan consecuencias. Durante demasiadas décadas los mexicanos hemos aguantado un régimen de impunidad. Ojalá y el Presidente no nos pida que los sigamos haciendo.

Twitter: @jepardinas