Artículo

Un amparo al charro blanco

FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Un Estado democrático de derecho, como al que aspira México, debe contar con un sistema de controles efectivos para regular y limitar sus funciones, así como los recursos públicos que dispone.

Estar sujeto a principios constitucionales como la honradez, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, entre otros, los cuales se deben considerar en la toma de decisiones que busquen mejorar el día a día de la ciudadanía.
Durante las primeras décadas de este siglo, México ha sido productivo en diseñar propuestas que buscan materializar esos principios, además de atender las necesidades que la ciudadanía, organizaciones, academia, empresas y servidores públicos han subrayado como prioridad.

Un ejemplo de ello es la reforma al sistema de justicia laboral que entró en vigor el pasado 2 de mayo, la cual ha sido abordada en este espacio como un cambio de paradigma para mejorar las condiciones laborales y la productividad en el país.
Entre los principales retos de cualquier reforma legal, más allá del decreto en papel, está su adecuada implementación. El caso de la reforma laboral no es la excepción y se tendrá que realizar un esfuerzo equiparable o mayor al observado en la implementación del sistema de justicia penal de 2016. Hoy todo esto está en proceso y las autoridades involucradas dan cuenta periódica de ello.

Al margen de ese esfuerzo y de todas las inquietudes vinculadas a cargas de trabajo, presupuestos, recursos humanos o plazos para implementarla, hay quienes creen que es una reforma que más bien les afecta. En cuanto entró en vigor, no se hizo esperar una ola de 400 amparos para combatir las afectaciones que, a decir de los demandantes, afectaban los principios y la vida sindical.
Pero ¿qué es lo que piden esos sindicatos que buscan dejar sin efectos una reforma que, como pocas veces, ha logrado amplio consenso en el Congreso en su búsqueda por modernizar las condiciones laborales del país?
Por ejemplo, se pretende eliminar la cancelación del registro sindical por actos de extorsión de sus dirigentes, es decir, parece que se busca la protección de la ley a los famosos sindicatos charros.

Se busca suprimir la rendición de cuentas en la administración del patrimonio sindical, posiblemente para poder comprar obras de arte sin cuestionamientos. No quieren que haya voto directo para registrar contratos colectivos para que así se pueda decidir a nombre de los sindicalizados, aunque en muchas ocasiones ni siquiera conozcan a sus líderes de sindicatos blancos.
También pretenden que se elimine la posibilidad de que el trabajador tenga el derecho a manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique cuota sindical alguna, en cuyo caso, el patrón no podrá descontarla. Los reclamos descritos son parte de los cientos de amparos presentados.

Sin embargo, parece que el principal mensaje de esa estrategia legal es asegurar que el sindicalismo mexicano no pierda su derecho a acumular patrimonio y a no rendir cuentas ante sus agremiados. A no reconocer derechos que sí se reconocen en otros países, como decidir si aportan o no dinero a una figura sindical que, ante exorbitantes y cínicas riquezas, ha sido por demás cuestionada durante décadas en México.
Esperemos que la justicia mexicana muestre quién es y vele por la modernización de un sindicalismo creado en el siglo XIX, el cual no satisface la demanda de transparencia, rendición de cuentas, democracia y responsabilidades de este siglo XXI.

Publicado por Milenio
29-08-2019