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Anónimos

A principios de febrero, el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, participó en una reunión donde estaba presente un individuo con presuntos vínculos con el crimen organizado. En su "autodefensa", el comisionado Castillo argumentó que desconocía las investigaciones judiciales entorno al "Abuelo". A la misma reunión también asistieron autoridades de la Policía Federal y la Zona Militar. Parece que el gobierno federal ignora quiénes son sus aliados en la lucha por reconstruir la autoridad sobre el territorio michoacano. Si se ignora la identidad de los compañeros de batalla, mucho menos sabe quiénes son los enemigos.

Una condición obligatoria para iniciar una guerra es tener una imagen clara de la victoria. ¿Cuál es la fotografía del éxito de la estrategia federal en Michoacán? ¿Un estado donde los limoneros y aguacateros puedan vender su producto sin pagar extorsión, donde las niñas y adolescentes de Tepalcatepec puedan ir a la escuela sin temor a ser violadas? En esa imagen de la victoria, ¿cuál es el papel que tendrán las fuerzas de autodefensa? Esos batallones de civiles armados, ¿qué papel tendrán en el Michoacán del futuro?

Alejandro Hope narra el caso del desarme de los paramilitares en Colombia. Cuando el presidente Álvaro Uribe pactó la desmovilización de las autodefensas colombianas, en 2003, se esperaba que el número de efectivos llegara a unos cuantos miles. Sin embargo, para 2006, las cifras alcanzaron los 32 mil ex paramilitares. Las autodefensas de Michoacán son una salida de emergencia a un estado de barbarie, donde bandas criminales asumieron las facultades que son monopolio exclusivo de la autoridad. Para evitar confusiones como la que vivió Alfredo Castillo y tener una imagen clara del futuro es necesario llevar un registro del número y la identidad de las personas que conforman estas tropas de civiles. El anonimato de las autodefensas es el germen de una nueva barbarie.

El Pacto por México estableció en su compromiso número 33 "la necesidad de establecer los cambios jurídicos e institucionales para crear la Cédula de Identidad Ciudadana". Resulta curioso que nuestros principales partidos llegaron a un acuerdo político simplemente para cumplir con lo que establece la letra de la ley. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, la Ley General de Población establece que "la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana" es un servicio de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación. Han pasado más de 10 secretarios por el despacho de Bucareli y los mexicanos todavía no tenemos una identificación de esta naturaleza.

La credencial del IFE es un buen documento de identidad para el siglo pasado, pero no aporta ningún valor agregado ni al portador ni a la autoridad. Una cédula de identidad moderna puede ser un instrumento reformador con un mayor alcance que simplemente identificar a los "buenos" y los "malos" en las autodefensas de Michoacán. Mediante un documento de identidad con datos biométricos se puede transportar el historial médico o escolar de un niño que muda su residencia de una entidad a otra. También es posible mejorar los resultados de las políticas antipobreza al identificar con mayor exactitud a los beneficiarios de programas federales y estatales. La credencial puede ser un mecanismo para transferir directamente el dinero de cualquier tipo de subsidio, puede servir como tarjeta de débito, boleto de transporte público y un largo y modernizador etcétera. La Cédula de Identidad es probablemente la iniciativa más importante para la vida nacional, que no tiene que pasar por un voto del Congreso. Sin duda es un proyecto caro, pero resulta mucho más caro no ejecutarlo. La India tiene una iniciativa similar y cerca de un millón de personas al día reciben su cédula. Una nación con 10 veces más población que nosotros va en camino de lograr una credencial con datos biométricos para cada uno de sus habitantes. ¿Y los mexicanos cuándo?

Publicado por Periódico Reforma.

16-02-2014