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  • Gastar a ciegas

    Autor: Juan E. Pardinas | Medio: Reforma

    Durante muchos años, la organización Mexicanos Primero ha dado una batalla cívica por conocer un dato y una lista: el número de maestros en las escuelas públicas y la relación de los nombres e identidades de estos profesores. Gobiernos fueron y vinieron. Una secretaria y varios secretarios de Educación pasaron por la oficina que ocupó Vasconcelos con las mejores intenciones, pero el dato y la lista permanecían como información confidencial. Peor aún. Ni si quiera las máximas autoridades de la nación tenían acceso al inventario de plazas magisteriales. Más que un secreto de Estado, la ausencia de un padrón nacional de maestros era un síntoma de falta de autoridad.El Estado mexicano perdió la rectoría sobre la educación pública ante la versión perversa de dos causas nobles: el federalismo y el sindicalismo. En teoría, el federalismo busca la dispersión geográfica del poder, pero en la práctica sólo fue una licencia para el uso opaco y discrecional del gasto público. Los sindicatos magisteriales tienen el mandato de defender los derechos laborales de los trabajadores. En la realidad estas organizaciones se transformaron en grupos dedicados a temas ajenos a la negociación de condiciones salariales y profesionales. La confabulación de gobernadores y líderes sindicales permitió obscurecer el listado de maestros. Algunos gobernadores eran rehenes de la fuerza política de los maestros, otros eran sus socios de buena gana. El ridículo de no conocer la cifra de maestros corría a cargo del gobierno federal.En un análisis reciente de las bases de datos de la SEP, el equipo del IMCO encontró que no sólo se carece de información sobre la cantidad de maestros en el país, también hay graves inconsistencias en el número de planteles públicos. Por fortuna, esto cambiará pronto gracias al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos que actualmente lleva a cabo el INEGI y cuyos resultados preliminares se conocerán en diciembre próximo. Este esfuerzo del INEGI permitirá disponer de información elemental para la gobernabilidad del sistema educativo. Sin conocer el número de maestros y de escuelas es evidente que el presupuesto en educación se ejercía a ciegas.Mexicanos Primero acaba de publicar el informe (Mal)Gasto sobre el enorme reto de reorientar el dinero público con el fin de promover la calidad educativa. El reporte presenta algunas cifras que convocan a la preocupación: si se consideran las prestaciones y el salario, los maestros reciben en promedio 513 días de sueldo, por 200 días efectivos laborales. El desafío de gastar mejor implica “desmontar la captura” del presupuesto educativo. Los impuestos encausados a este fin deben reconocer el mérito de las maestras y escuelas que transforman positivamente la vida de los niños mexicanos.La profesión magisterial debe estar muy bien pagada. Sin embargo, ese ingreso tiene que estar determinado por el esfuerzo pedagógico y la meritocracia y no por la capacidad de disrupción y violencia de los sectores radicales del gremio. Esto conlleva un cambio en la inercia presupuestal, una transformación en la política educativa y una revolución en los usos y costumbres del magisterio. El verano del desasosiego, que nos tocó vivir en el Distrito Federal, es el efecto colateral de esta secuencia de movimientos telúricos en el antiguo orden de cosas. No podemos esperar que cambios tan profundos ocurran sin algún grado de estremecimiento y zozobra.Esta semana el WEF publicó una medición de la calidad del sistema educativo global, donde México ocupa el lugar 102 entre 122 países. Ese es el precio que pagamos por demasiados años de inmovilidad. Varios sexenios se dedicaron a postergar cambios profundos en aras de la estabilidad política y la convivencia pacífica con los rentistas del malgasto. Falta mucho tiempo para saber si la reforma educativa podrá cosechar el potencial de sus promesas. Sin embargo, gracias a la presión de la sociedad civil y la cohesión del Pacto por México se pueden entrever las primeras señales de un orden distinto.

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