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Piratas, corsarios y notarios

En el siglo XVI, Isabel I, la Reina de Inglaterra, le otorgó a Francis Drake una patente de corso. Este documento era un permiso que le daba a su portador la autoridad legal para saquear navíos y puertos de naciones enemigas. En esencia, la patente de corso era una licencia para el oficio de piratería. Con este salvoconducto, los propietarios de navíos privados se convertían en parte de la armada de los imperios. Así las monarquías de Francia e Inglaterra lograron incrementar el tamaño de sus marinas de guerra, sin agotar las finanzas de la corona.

En el México de hoy, la patente de notario permite que un abogado tenga licencia para dar autenticidad a los actos jurídicos de ciudadanos particulares. A la hora en que un notario expide su recibo de honorarios, muchos de sus clientes nos preguntamos ¿por qué cobran tan caro? Los notarios cumplen una función fundamental al brindar certidumbre jurídica, ya que sus documentos gozan de presunción de legalidad y fuerza probatoria. Este poder certificador queda manifiesto cuando un candidato a un cargo de elección popular acarrea a un notario a sus mítines para certificar sus promesas de campaña.

Los altísimos costos de los servicios notariales son consecuencia de que las leyes de la ciencia económica aplican por igual a las manzanas que a los abogados. Si hay escasez de la fruta redonda y colorada, su precio va a subir. Si hay pocos notarios, sus servicios tendrán un valor equivalente a las perlas de la virgen. En Argentina hay 21 notarios por 100 mil habitantes, en España hay siete y en México sólo tres. El segundo problema es que este promedio nacional esconde la realidad que viven algunos estados. Mientras en Campeche hay 10 notarios por 100 mil habitantes, en Guerrero apenas hay uno.

Esta carencia demográfica de notarios implica una sustantiva factura económica que pagamos todos los mexicanos. De acuerdo con un estudio del IMCO, más del 60% de los costos asociados con abrir una nueva empresa están asociados con tarifas notariales. En Oaxaca, al comprar una casa, el 2% del precio de la propiedad termina en las arcas de una notaría. La débil competencia en los servicios notariales es un impuesto directo sobre la economía formal. Este tributo notarial se refleja en menos casas con escritura, menos familias con testamento y menos negocios registrados ante la autoridad. Una persona que no tiene la escritura de su casa tendrá un enorme obstáculo para acceder al crédito bancario. Un jefe de familia sin testamento implica una potencial incertidumbre jurídica para sus descendientes. Una empresa no registrada ante la autoridad jamás podrá generar un empleo formal.

La Comisión Federal de Competencia sostiene que al eliminar las barreras a la entrada de nuevos notarios se ampliaría el acceso de los mexicanos a los servicios notariales. Esto no requiere de un complejo consenso político, ni de un engorroso proceso legislativo. Para democratizar el acceso a la certeza jurídica sólo bastaría con una cosa: voluntad política de los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Cuenta la leyenda urbana y la evidencia empírica que al terminar su mandato los gobernadores reparten patentes de notario a sus parientes, cuates y colaboradores. Paradójicamente sería muy positivo para México que los gobernadores tuvieran muchos compadres con las credenciales y cualificaciones mínimas para abrir nuevas notarías. Si se evita la colusión de proveedores de servicios, la presencia de más notarios reducirá los precios de sus servicios y aumentará la certidumbre jurídica de millones de familias y empresas. Notario rima con corsario, pero este privilegiado grupo abogados no usa parche en el ojo, arete de argolla o pata de palo. Sin embargo, mientras no cambie la situación actual sus tarifas parecen un atraco, no en alta mar, pero sí en tierra firme.