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    Autor: Manuel J. Molano

    Manuel J. Molano

    Manuel J. Molano | @MJMolano

    El IMCO, con el patrocinio de la agencia de desarrollo internacional de Estados Unidos (USAID) está concluyendo la primera etapa de un estudio en el cual proponemos mejores políticas públicas para la impartición de justicia laboral en México.

    En México, tenemos un sistema de protección al empleo que fue pionero en su tiempo. Bajo este esquema, el patrón que despide tiene que indemnizar al trabajador que es despedido. La lógica de este tipo de esquemas va más allá de la protección social. En realidad, si el trabajador no tiene este colchón, no puede financiar los costos de buscar un nuevo empleo. Ello implicará que probablemente tendrá que trabajar en lo primero que se pueda, que no necesariamente es aquella actividad en donde el trabajador tiene estudios, experiencia y que maximizaría su potencial productivo. Un esquema alterno sería un seguro de desempleo, al que contribuyeran tanto el patrón como el trabajador, y que administrara el Estado. Sin embargo, no hay tal mecanismo actualmente en México, al menos no a nivel nacional.

    Sin embargo, el sistema se ha pervertido. Dado que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo distinguen entre el despido justificado y el no justificado, existe un órgano público que determina cuál fue el caso. Se llama Junta de Conciliación y Arbitraje, y es un ente con una naturaleza un poco extraña. Si bien hay jurisprudencia que muestra que los laudos de la junta tienen el valor de cosa juzgada, lo cual lo convertiría en un tribunal especializado en materia de trabajo, la Junta está inserta en el Poder Ejecutivo estatal o federal, dependiendo de la industria en la que esté el trabajador.

    Las juntas son tripartitas; tienen representación obrera (sindical), patronal (principalmente a través de las cámaras) y del Estado. Los incentivos no funcionan muy bien, especialmente en las juntas locales, ya que los trabajadores de las industrias que no están bajo la jurisdicción de la junta federal normalmente no están sindicalizados, ni las empresas en donde trabajan forman típicamente parte de las cámaras empresariales.

    Cabe preguntarse si aquello no debería convertirse en un tribunal especializado en materia de trabajo que dependa del poder judicial, sin intervención de terceros. Los trabajadores informales están sub-representados en el volumen de los litigios. Esto no está demostrado por falta de data, pero puede ser un incentivo adicional para el trabajo informal: si no puedes demostrar la relación de trabajo, tu caso en la junta de conciliación y arbitraje no tiene muchas bases.

    Las juntas de conciliación y arbitraje se convirtieron en un espacio donde se vierten muchas mentiras con el fin de probar un despido injustificado y maximizar la indemnización. Esta no ocurre de manera oportuna; normalmente el trabajador transita su período de desempleo sin recursos y cobra mucho después, cuando seguramente tiene ya otro trabajo.

    El estudio de IMCO analiza la experiencia de Chihuahua en establecer castigos mucho más fuertes para las malas conductas en las juntas locales. De dos años a la fecha, se vincularon sanciones penales a las malas conductas en la junta. Ello, sumado a una reforma de oralidad en los procesos, está resultando muy interesante para mejorar la calidad en la impartición de justicia. Los montos pretendidos han bajado, se ha reducido la incidencia de indemnizaciones millonarias, y ha aumentado de manera importante la conciliación.

    El resultado realizado por el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, y su excelente secretario del trabajo, el Lic. Fidel Pérez Romero, es digna de estudio y análisis. Una parte de lo que presentaremos es la documentación inicial de la reforma de Chihuahua. En una etapa subsiguiente, estaremos trabajando en algunas juntas de conciliación y arbitraje a nivel nacional para medir la distancia que guardan sus procesos con respecto a la ley.

    No puedo decir mucho más porque quemo el estudio. Lo presentaremos a fin de mes; esté usted pendiente.

    Publicado por Capital de México

    11-03-2014

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